Presidenta del INS y Bomberos ahora se desmarca: alega desconocer detalles de la compra de 40 ambulancias a consorcio brasileño sin experiencia en Costa Rica
La jerarca del INS contradijo su declaración del 7 de octubre, cuando anunció la adjudicación y detalló cuándo entrarían en funcionamiento los vehículos
La presidenta ejecutiva del INS dijo no recordar si la adjudicación ya se había concretado, pese a que semanas antes anunció que la compra estaba resuelta. El procedimiento dejó fuera a compañías con experiencia y ofertas más bajas. Jose Cordero
La presidenta ejecutiva del INS y del Cuerpo de Bomberos, Gabriela Chacón, afirmó este lunes 2 de noviembre que desconoce los detalles de la contratación que realizó el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica para adquirir 40 ambulancias básicas, por un monto de $13,8 millones (casi ¢6.500 millones), a un consorcio brasileño que nunca antes había vendido este tipo de equipos a instituciones en Costa Rica. La declaración contrasta con lo dicho por Chacón el 7 de octubre anterior durante una conferencia en Casa Presidencial, donde anunció que la compra ya había sido adjudicada y que las unidades entrarían en funcionamiento en febrero del 2027.
Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del INS, se refiere a la adjudicación de 40 ambulancias por parte de Bomberos
La adquisición respondió a una instrucción de la presidenta de la República, Laura Fernández, quien pidió al Cuerpo de Bomberos fortalecer la atención prehospitalaria en al menos 25 estaciones del país.
Bomberos recurrió a un procedimiento especial de contratación que excluyó a empresas costarricenses con experiencia en el mercado de ambulancias y cuyas ofertas eran hasta $2,3 millones (¢1.058 millones) más bajas.
La adjudicación se concretó el 28 de setiembre a un consorcio integrado por Servicios de Gestión en Seguridad Vial S. A. (SGSV) y Bem Estar , según consta en el expediente 2026XE-000002-0012800001 del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Una semana después, el 7 de octubre, Chacón se refirió al proceso durante la conferencia de prensa.
“Estamos comprando ya 40 ambulancias, las mismas ya fueron adjudicadas y espero, Dios mediante, en febrero ponerlas al servicio de todos los costarricenses. (...) Bomberos es un órgano de desconcentración máxima del INS, pero tiene que rendirle cuentas al Instituto Nacional de Seguros, entonces por ahí nosotros los controlamos”, señaló la jerarca durante la rueda de prensa el 7 de octubre.
No obstante, este 2 de noviembre, la jerarca afirmó: “No tengo detalles de la licitación, porque esa licitación fue por un decreto de emergencia, entonces quien la aprobó fue directamente don Héctor Chaves (director de Bomberos) o la Administración. Entonces, ahora por la tarde, quedé de conversar un poco más con él”.
Cuando se le señaló la contradicción con lo anunciado a inicios de octubre, Chacón dijo no recordar si para entonces la adjudicación ya se había concretado, pese a que en aquella ocasión afirmó expresamente que el proceso estaba resuelto.
“En ese momento, no recuerdo si para esa época ya se había adjudicado la licitación”, agregó la jerarca.
Bomberos adjudicó la compra de 40 ambulancias por casi ¢6.500 millones a un consorcio que no registra experiencia en la venta de estos vehículos a instituciones costarricenses. Dos empresas con trayectoria en el mercado quedaron fuera. (alonso tenorio)
Contratación a dedo dejó por fuera a empresas con experiencia
El expediente 2026XE-000002-0012800001 documenta la contratación urgente de 40 ambulancias básicas, para la cual Bomberos invitó únicamente al consorcio brasileño.
Las empresas AutoStar y Cotisa S. A. no recibieron invitación para presentar ofertas. Aunque ambas figuraban en un estudio de mercado y tenían experiencia en la venta de estos vehículos en Costa Rica, la Benemérita las descartó porque ofrecían entregar las unidades en 240 días, plazo que calificó de “excesivo” frente a los 100 días propuestos por SGSV.
El representante legal de esta última compañía es Igor Oliveira Roquim, quien también representó a un consorcio que reclamó al Ministerio de Justicia y Paz más de $1,3 millones adicionales durante la ejecución de un contrato para vender tobilleras electrónicas destinadas a monitorear a personas sentenciadas.
Para agilizar el proceso, la institución aplicó el artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública, que permite realizar contrataciones ante riesgos para el interés público, la salud o la seguridad. La norma establece un plazo máximo de un mes y contempla la consideración de al menos tres proveedores seleccionados por la Administración.
La empresa brasileña Bem Estar figura en Sicop como proveedora de vehículos médicos, servicios de bomberos y administración de la salud pública. Sin embargo, no registra contratos públicos en Costa Rica para la venta de ambulancias ni participaciones en otros procedimientos de contratación.
Además, el pliego de condiciones exigía demostrar la construcción de al menos 200 ambulancias con características y componentes similares para un mínimo de cinco clientes durante los dos años anteriores. No obstante, según un incidente de nulidad presentado por AutoStar, la certificación de experiencia aportada por el consorcio adjudicatario solo menciona a dos clientes.
Pese a este señalamiento y la solicitud de anulación de la contratación por parte de la empresa excluida, Bomberos no dio trámite al incidente por haberse interpuesto de forma “extemporánea”.
Por su parte, SGSV tiene registrados 124 bienes y servicios en Sicop, principalmente relacionados con el mantenimiento de software para la gestión de sistemas. Ninguno incluye la venta de vehículos de emergencia.
