EscucharLa Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) solicitó al Banco Central de Costa Rica (BCCR) detener las solicitudes de información de datos crediticios, de ahorrantes y depositantes sin anonimizar, hasta que la Sala IV resuelva las acciones bajo estudio.
Adicionalmente, la organización instó retirar las acusaciones penales presentadas en el Ministerio Público contra Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), y Bernardo Alfaro, gerente general del Banco Nacional, por negarse a entregar la información de clientes bancarios.
La peticion fue formalizada en una carta enviada el jueves 14 de septiembre por el presidente de Uccaep, Álvaro Jenkins, al presidente del BCCR, Róger Madrigal.
Además, Jenkins sugirió que el Banco Central establezca una comisión técnica en colaboración con Uccaep y la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) para diseñar un mecanismo que permita la entrega de información de manera anonimizada, al tiempo que garantice la capacidad del ente emisor para generar estadísticas.
“El interés de UCCAEP es que se garantice el respeto a los principios democráticos y el uso correcto de la información que le pertenece a las personas y a las empresas”, se indica en el documento.
También señaló que las propuestas se hacen para garantizar la confianza del sector empresarial en el sistema de generación estadística y “enviar un mensaje de transparencia hacia la población”.
El pasado jueves 14 de setiembre, Hazel Valverde, gerenta del BCCR, remitió un oficio a los jerarcas de los bancos comerciales en la cual les explicó que están “obligados” a entregar la información sin anonimizar de sus clientes.
Además, la funcionaria enfatizó que cuenta con respaldo jurídico para continuar requiriendo información con la identificación de las personas y empresas, y no de forma global, es decir, anónima.
Acciones legales
La ABC presentó una acción de inconstitucionalidad y un recurso de amparo ante la Sala IV, el 29 de agosto, argumentando que la solicitud del BCCR vulnera la privacidad de los costarricenses con respecto a sus operaciones bancarias y su situación financiera. La acción de inconstitucionalidad fue admitida para su estudio por parte de los magistrados.
La Oficina del Consumidor Financiero (OCF) siguió el mismo camino al presentar su solicitud ante el Tribunal Constitucional el 5 de septiembre.
Esta es la tercera ocasión en la que Uccaep expresa su preocupación y realiza una solicitud con respecto a las solicitudes de información por parte de la autoridad monetaria.
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El Banco Central denunció penalmente a Bernardo Alfaro, gerente del Banco Nacional, y a Rocío Aguilar, de la Sugef, por no entregar información sin anonimizar de las operaciones crediticias, de ahorro y depositantes de los clientes. (Rafael Pacheco Granados)
En agosto, UCCAEP respaldó la negativa de la Sugef de proporcionar datos de deudores sin anonimizar. Además, a principios de setiembre, la organización expresó su preocupación por la solicitud de información “sensible” de individuos, incluyendo nombres y apellidos, por parte del BCCR a bancos e instituciones.
“No es de recibo justificar la solicitud de información sensible de los costarricenses para fines estadísticos sin anonimizarla y no observa la existencia de criterios técnicos para contar con esta información de forma detallada, centralizada y sin anonimizar”, advirtió la unión empresarial en un comunicado en ese entonces.
Este 17 de setiembre se cumple un mes desde que trascendieron detalles de la denuncia penal interpuesta en contra de Rocío Aguilar por negarse a entregar información detallada y sin anonimizar de las operaciones crediticias en el sistema financiero nacional que solicitó el BCCR a Sugef.
Después de la solicitud a la Sugef, el Banco Central exigió a los cuatro bancos más grandes del país que entregaran la información de ahorrantes, depositantes y deudores sin anonimizar. BAC Credomatic, el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular proporcionaron la información de manera completa.
En total, el BCCR exigió 373 datos sobre deudoras a las cuatro principales entidades financieras supervisadas del país, como publicó La Nación la semana anterior.
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