La Superintendencia de Pensiones (Supén) considera viable enmendar el proyecto de pensión básica universal (PBU) que se encuentra en la Asamblea Legislativa para atender varios cuestionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo financiero recomendó al Gobierno una serie de ajustes a la iniciativa porque considera que esta versión empeorará la sostenibilidad financiera del régimen de pensiones de la seguridad social y creará necesidades de financiación adicionales.
Además, el FMI propone impulsar la ampliación de la cobertura del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) como opción para fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, según un informe de evaluación elaborado por una misión técnica del organismo multilateral, publicado el pasado 17 de mayo.
“La Supén ha valorado los ajustes y recomendaciones al proyecto de ley en estudio de la Asamblea Legislativa y es del criterio que el proyecto se puede enmendar y cumplir con el objetivo pretendido de crear una PBU en Costa Rica”, respondió la entidad, por medio de la oficina de prensa, la tarde del 31 de mayo, luego de que La Nación remitiera las consultas sobre el informe del FMI.
La PBU se concibe en el documento del FMI como una prestación pagada a todos los ciudadanos que superen la edad de jubilación con al menos 40 años de residencia en Costa Rica. El beneficio se define en 63%, excluyendo el aguinaldo, del umbral de pobreza y funcionaría como un plan de prestaciones definido con una pensión fija (uniforme). La línea de pobreza, según la Encuesta Nacional de Hogares 2023, es de ¢129.038 en los hogares urbanos.
La entidad financiera internacional realizó, en mayo del 2023, la evaluación del proyecto de pensión básica universal con base en una iniciativa de ley presentada por el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, en abril del 2023. Este proyecto se encuentra en el Expediente N.º 23.625, el cual aún no ha sido asignado en comisión legislativa, según el sistema de consulta de este poder del Estado y confirmado por la oficina de prensa de Arias.
En el documento, el FMI considera que es poco probable que el planteamiento de la PBU cumpla plenamente los objetivos declarados y se traducirá en un agotamiento acelerado de las reservas del régimen IVM y, una vez agotadas, requerirá ajustes significativos en los parámetros o mayores transferencias gubernamentales.
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“Esto último implicará recortes del gasto público en ámbitos distintos de las pensiones, impuestos más altos o deuda pública adicional”, indica el organismo. Bajo supuestos optimistas, el FMI estima que la pensión básica universal lograría la cobertura total de todos los ancianos pobres que no tienen derecho a una pensión contributiva en aproximadamente 10 años.
En cuanto al financiamiento del nuevo régimen de pensiones, el FMI señala que dependería de múltiples fuentes, incluida una reducción del primer pilar, contribuciones estatales redirigidas, antiguos ingresos del régimen no contributivo y otros impuestos. Sin embargo, menciona que este aspecto aún no está definido en el proyecto.
La Supén sostuvo en su respuesta que el informe del FMI, elaborado en octubre del 2023, no es contrario a la propuesta de PBU, sino que propone algunas alternativas o ajustes para mejorarla. Añadió que el organismo financiero reconoce la posibilidad de continuar con la propuesta de PBU y, en ese caso, sugiere que se aumente la edad para quienes puedan optar por una pensión de este tipo (cinco años más que quienes pueden tener una pensión del régimen contributivo) y financiar la PBU con impuestos. “Por tanto, se trata de un informe que también hace varias recomendaciones para mejorar la propuesta de PBU”.
El FMI indica que la PBU sustituirá gradualmente la pensión social no contributiva, destinada a quienes no tienen pensiones, y la pensión mínima contributiva, dirigida a quienes tienen al menos 15 años de cotización.
Para el organismo, sustituir estos dos instrumentos por uno solo podría reducir los incentivos de los asegurados para cumplir con los regímenes contributivos. “Se puede esperar que, en particular, las personas con menos de 180 meses (15 años) de aportes tengan menores incentivos para cotizar que en la actualidad, ya que pueden recibir una pensión de vejez independientemente de la duración de la contribución”, apuntó.
La Supén considera que la pensión mínima del IVM actualmente está generando un problema en su solvencia, además de que se han establecido periodos de consolidación de derecho muy elevados (180 cuotas). Esto genera consecuencias negativas sobre la informalidad de la economía que no deben ignorarse. Por tanto, si la opción es fortalecer el Régimen No Contributivo (RNC), será necesario revisar también estos requisitos de elegibilidad.
Por otro lado, el FMI sugiere que la implementación de la pensión básica universal debe ser gradual y que la cobertura total (universalidad) se logrará, como estimación optimista, hasta la década de 2050 y solo para el grupo de personas que se jubilan en esas fechas.
El organismo también indica que las tasas de reemplazo, es decir, los ingresos de jubilación en relación con los ingresos finales aportados, no aumentarían para un trabajador con salario mínimo que haya cotizado 15 años o más si se aplica el régimen de pensión básica universal en este momento.
Según la Supén, el informe menciona la necesidad de ampliar la cobertura del RNC, de modo que se elija a la persona beneficiaria independientemente de si más personas pensionadas viven en una misma familia. Además, propone mejorar la equidad al reemplazar la contribución estatal actual por un subsidio equivalente al costo anual de la pensión mínima contributiva.
Contradicción sobre solicitud de evaluación del FMI
El jerarca del Ministerio de Hacienda aseguró a La Nación, el 29 de mayo, que la solicitud de evaluación del FMI se realizó a petición de la Supén para analizar la posibilidad de crear la PBU. Sin embargo, la entidad fiscalizadora del sistema de pensiones dijo desconocer la solicitud de colaboración técnica al FMI sobre este tema.
“De parte de Supén se desconoce los términos bajo los cuales el Ministerio de Hacienda solicitó la colaboración técnica del FMI, de modo que no es posible referirse a las razones para esto. Lo cierto es que, tanto de parte de la Supén como de otros expertos, se han tomado las recomendaciones para valorar los ajustes necesarios al proyecto de ley tramitado bajo expediente 23.625 en la Asamblea Legislativa”, respondió la institución.
La Supén añadió que Costa Rica experimenta un entorno con diversas tendencias, como el cambio demográfico, la alta informalidad en el empleo, alta morosidad y evasión de los sistemas actuales, y compromisos futuros de pagos de pensiones sin respaldo en aportes del pasado que provocarán en un futuro un problema de sostenibilidad para el Sistema Nacional de Pensiones. “De no hacer nada hoy, este problema afectará al Presupuesto de la República en el futuro y con mayor magnitud. Por tanto, se deben emprender lo más pronto posible las acciones necesarias para garantizar su sostenibilidad”.
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Considera además que la propuesta de PBU es uno de los pasos, no el único, principalmente porque modifica la actual pensión mínima del IVM en una PBU con cargo al Presupuesto de la República, junto con las pensiones del RNC, de modo que los faltantes de financiamiento para las pensiones mínimas sean cargados al Presupuesto de la República. “Se deben definir las fuentes de financiamiento adecuadas. Se trata de solucionar un problema futuro emprendiendo acciones en el presente”.
En diciembre del 2022, Rocío Aguilar, jerarca de la Supén, planteó la propuesta de un régimen de pensión básica universal. En días recientes, señaló que la iniciativa forma parte de un paquete de proyectos de ley que serán presentados al legislativo en febrero del 2025 para asegurar la sostenibilidad y elevar la cobertura del Sistema Nacional de Pensiones.
