Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público abrieron una investigación contra el Banco Central de Costa Rica (BCCR) por la exigencia de información crediticia sin anonimizar de personas y empresas a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
La moción para iniciar la pesquisa fue presentada por la diputada Andrea Álvarez Marín, del Partido Liberación Nacional (PLN), y aprobada por unanimidad en dicha comisión, con los nueve legisladores presentes.
De hecho, varios diputados calificaron de muy grave la actuación del ente emisor y advirtieron que amerita la indagatoria del presidente ejecutivo del banco, Róger Madrigal López, quien deberá comparecer por una segunda ocasión.
También llamarán a comparecer a toda la Junta Directiva del BCCR, a Hazel Valverde Richmond, gerenta de la entidad; y a Rocío Aguilar Montoya, jerarca de Sugef.
En el expediente se investigará cualquier petición que haya hecho el Banco Central a la Sugef, o a cualquier otra entidad, regulada o no regulada, para tener acceso a datos integrales, operaciones de crédito, entre otros, con la identificación de las personas y otros datos sensibles.
La moción se aprobó luego de que Madrigal López compareció ante los diputados de la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público para explicar la solicitud de datos de deudores con identificación hecha a la Sugef.
Durante su audiencia, el presidente ejecutivo adujo que la solicitud de datos a la Sugef no fue una decisión unilateral de la Junta Directiva del Banco Central, sino que se realizó como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la elaboración de estadísticas sobre riesgos climáticos.
Inicialmente, ante los legisladores, el funcionario negó que la solicitud de información hecha a la Superintendencia se hiciera de forma intempestiva y sin coordinación.
El presidente del BCCR aseguró que, en octubre del año pasado, se reunieron con la Sugef para tener acceso al repositorio de información de deudores.
Información sensible
Además insistió en que los datos solicitados no son sensibles porque así lo afirma la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República. También argumentó que la identificación de las personas es esencial para cruzar y analizar la información de manera efectiva.
Sin embargo, la argumentación del jerarca recibió una fuerte crítica de los diputados.
La diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista, recalcó que la información requerida es sensible porque contiene la identidad de las personas.
Pero la legisladora recalcó que la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales establece el resguardo de los datos.
En tanto, el liberacionista Francisco Nicolás consultó cuál es la norma legal que permite al Banco Central solicitar información sensible. A lo cual, el jerarca del BCCR reconoció que no hay ninguna norma específica, sino que la ley de la entidad permite la petición de los datos sin requerir el consentimiento informado de las personas.
La verdiblanca Andrea Álvarez calificó de amenaza la decisión de la Junta Directiva del ente emisor de advertir, a quien se requiere la información, de que en caso de no entregarla se expone a medidas penales. El jerarca del Central dijo, sin especificar, que solo cumplen con la ley.
Álvarez también le preguntó si la Directiva del BCCR aprobó la denuncia penal contra Rocío Aguilar Montoya, jerarca de la Sugef, por negarse a entregar la información de clientes bancarios.
Madrigal defendió la medida como parte del “debido proceso” y aseguró que Valverde Richmond, gerenta de la institución, lo informó a la Junta Directiva. Sin embargo, reconoció que no se comunicó al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
También admitió que la solicitud de información a los cuatro bancos sistémicos (los más grandes por peso en el sistema financiero) se tomó como un plan de contingencia ante la negativa de la Sugef a proporcionar los datos.
El jerarca negó que haya habido presiones por parte del Gobierno y aseguró que el tema de la solicitud de información de deudores sin anonimizar no se ha discutido en sus visitas a Casa Presidencial durante el Consejo de Gobierno Ampliado, en el cual él participa.
Enfrentamiento
El enfrentamiento entre el Banco Central y la Sugef comenzó en noviembre del año pasado, cuando la autoridad monetaria solicitó la información de deudores sin anonimizar por medio de un acuerdo de la Junta Directiva. Sin embargo, Aguilar se negó a facilitar el acceso a los datos y solicitó un criterio de la Procuraduría General de la República.
A raíz de esto, la jerarca de Sugef fue denunciada penalmente por la gerenta del Banco Central, por el presunto delito de desobediencia a la autoridad, antes de que la Procuraduría emitiera un pronunciamiento. La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, el 21 de abril del 2023.
La semana anterior, La Nación publicó que la autoridad monetaria exigió a los cuatro bancos más grandes del país un total de 373 datos específicos de sus clientes deudores, todos sin anonimizar. También recibió información de cotizantes y de la Dirección de Tributación con identificación.
A finales de agosto, el Banco Central confirmó que prevé usar los datos crediticios de personas y empresas para unificarlos con fuentes tributarias y de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto con el objetivo de proveer mejores estadísticas para la toma de decisiones en el Estado.