El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que no dictan las formas en que se recopila la información para cumplir con los acuerdos de generación de estadísticas dentro de sus programas, y que los datos a los que acceden las entidades deben de respetar los marcos legales del país.
Así lo confirmó Santiago Acosta Ormaechea, representante residente del FMI en Costa Rica, en respuesta a las preguntas de La Nación sobre la solicitud de información no anonimizada que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) realizó a la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), en noviembre de 2022.
Róger Madrigal López, presidente del Banco Central, explicó, durante su comparecencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, que la solicitud de información no anonimizada se basaba en la necesidad de cumplir con acuerdos de generación de estadísticas establecidos con el FMI.
“El 29 de setiembre, propiamente, es cuando se acuerda con el Fondo cuál es el tipo de meta o de indicador estadístico que vamos a elaborar”, comentó Madrigal en su exposición inicial frente a los legisladores de la Comisión de Ingreso y Gasto Público.
Madrigal López añadió, ante consultas de la diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), Kattia Cambronero Aguiluz, que lo que se pretende determinar son los riesgos hidrológicos, como inundaciones u otros, a los que está expuesto el Sistema Financiero Nacional (SFN).
Por su parte, el representante del FMI enfatizó que las medidas del programa se desarrollan de manera conjunta entre las autoridades costarricenses y el FMI para respaldar la agenda de políticas públicas. Sin embargo, subrayó que el FMI no determina cómo se recopila la información y que dichos procesos deben tener en cuenta las restricciones de datos y las leyes vigentes.
“Es importante clarificar que el Fondo Monetario Internacional no dicta la forma de la información que puede ser relevante para una metodología acordada como parte de una medida del programa”, expresó Acosta Ormaechea, en una respuesta escrita, el pasado viernes.
La Nación envió consultas al Banco Central de Costa Rica sobre este tema, el lunes 25 de setiembre por la tarde, y se está a la espera de respuestas.
El representante residente del FMI en Costa Rica añadió que los datos a los que las instituciones acceden están sujetos al marco legal de cada país y deben equilibrar adecuadamente las necesidades de las autoridades con la protección de la privacidad.
Acosta Ormaechea destacó que el acceso a datos detallados y de alta frecuencia permite que los bancos centrales cumplan adecuadamente sus funciones de política monetaria, monitoreo e investigación, incluida la recopilación y difusión de información estadística, pero siempre cuidando de salvaguardar la privacidad de los ciudadanos.
El funcionario del FMI subrayó que la mayoría de los bancos centrales pueden emplear estos datos detallados dentro de sus propios sistemas seguros, aplicando las medidas adecuadas para garantizar la protección de la privacidad, permitiendo el acceso solo a usuarios autorizados y con fines específicos.
Compromisos
En el último reporte país de Costa Rica, publicado por el FMI en junio del 2023, se señala que el Banco Central diseñó una hoja de ruta para incorporar consideraciones sobre el cambio climático en la formulación de políticas monetarias, financieras y macroprudenciales.
Según el documento, esta hoja de ruta se enfoca en cuatro áreas: establecer políticas confiables y datos comparables con identificación de brechas sistemáticas en la información; fortalecer la capacidad analítica y el modelado para el análisis de escenarios; promover la gestión del riesgo relacionado con el cambio climático en el sistema financiero; y hacer más verdes las reservas internacionales.
El informe país menciona que el Banco Central está en proceso de crear un repositorio de datos, que incluirá indicadores relacionados con los principales riesgos climáticos, especialmente aquellos de naturaleza hidrometeorológica, así como el grado de vulnerabilidad a eventos climáticos a nivel sectorial y geográfico, y la exposición de las carteras de crédito en industrias y regiones vulnerables.
De acuerdo con el documento, los compromisos de Costa Rica con el FMI respecto al desarrollo de estas estadísticas vinculadas a riesgos climáticos deben cumplirse gradualmente durante el 2024, con la primera solicitud programada para finales de febrero del próximo año.
Durante su comparecencia ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, Madrigal López explicó que la idea de solicitar los datos a la Sugef surgió a raíz del acuerdo con el FMI. El presidente del Banco Central aseguró que el acuerdo se dividió en dos fases: primero, la recopilación de información, y luego el correspondiente análisis.
Reunión con FMI
El presidente del Banco Central reconoció ante los diputados que mantuvo reuniones conjuntas con el FMI, la Sugef y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), en las cuales estos dos últimos mostraron su disposición a proporcionar información con fines estadísticos antes de emitir el acuerdo de solicitud de datos.
“Tanto Sugef como Conassif tenían pleno conocimiento de lo que estábamos solicitando (los datos). De hecho, en alguna conversación, doña Rocío (Aguilar) dijo: “Bueno, hagan el acuerdo de Junta Directiva pidiendo los datos”. Eso fue lo que hicimos”, manifestó el jerarca.
Al respecto, la Oficina de Prensa de la Sugef confirmó su participación en las reuniones conjuntas con el FMI, en las cuales se abordó el compromiso del Banco Central de crear un repositorio de datos relacionados con diversas amenazas climáticas.
La Sugef añadió que en dicha reunión se mostró disposición por parte de la Superintendencia para compartir información con el objetivo de establecer el repositorio. El ente supervisor afirmó que el intercambio de información entre estas entidades suele ocurrir para hacer diversos estudios.
No obstante, la Sugef hizo hincapié en que en ningún momento se acordó entre los participantes de la reunión que el suministro de datos crediticios al Banco Central incluyera información de identificación personal de los deudores, ni datos más allá de lo requerido para evaluar los riesgos climáticos.
El pasado jueves 21 de setiembre, los legisladores de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea acordaron abrir una investigación sobre el Banco Central debido a la solicitud de información crediticia sin anonimizar de personas y empresas a la Sugef.
Asimismo, se convocará a comparecer a todos los miembros de la Junta Directiva del Banco Central, así como a Hazel Valverde Richmond, gerente de la entidad, y a Rocío Aguilar Montoya, directora de la Sugef. Además, se requerirá una segunda comparecencia del presidente del Banco Central.