Costa Rica presentó una estrategia nacional para el control del "lavado" de dinero, que incluye acciones en diversos campos y hasta cambios en la legislación. La propuesta se expuso en la XXXI reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que se inició este jueves en San José y terminará mañana viernes, con la participación de representantes de 20 países.
Según un comunicado de la Presidencia de la República, la propuesta recoge la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo.
Con el fin de fortalecer los sistemas "antilavado", Gafilat evalúa periódicamente a los países miembros. En esta ocasión la auditoría le correspondió a Costa Rica y a Cuba y los resultados correspondientes se darán a conocer mañana viernes en la clausura de la reunión.
La viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga Aponte, en su calidad de presidenta del Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), presentó la estrategia ante los representantes de los 20 países.
En el tema de la prevención, por ejemplo, la estrategia hace énfasis en el ámbito financiero y propone: Disminuir el uso de efectivo como medio de pago; mejorar el control del sector de remesas y disminuir la informalidad en el mismo.
También propone fortalecer la regulación, supervisión y control del sector cambiario; establecer un régimen jurídico para los medios de pago electrónicos que incluya el surgimiento de nuevas tecnologías; impulsar la supervisión basada en riesgos y definir medidas preventivas para el conocimiento del cliente cuando se delegan estas acciones en un tercero.
Por último, pretende intensificar las medidas preventivas en cuanto al conocimiento del cliente, cuando se trate de países de mayor riesgo y fortalecer las sanciones para personas naturales y jurídicas por el incumplimiento de obligaciones Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo.
También se presentan acciones en detección e inteligencia, investigación y justicia penal. Se expone, en este sentido, la necesidad de actualizar la legislación nacional en la materia, considerando la brecha generada por las nuevas tendencias criminales y en consistencia con los estándares internacionales de lucha contra estos delitos.
