Competencia Perfecta: Equidad de género es más que justicia...es clave para el desarrollo

Al igual que con las políticas públicas diseñadas para enfrentar el cambio climático, construir sociedades con mayores espacios de oportunidad y derechos para todas las ciudadanías (equidad y derechos humanos) o fortalecer las instituciones y, sobre todo, del diálogo y la convivencia democráticos las intervenciones en materia de equidad de género suelen terminar siendo vistas como posturas ideológicas útiles para dividir y enfrentar electorados en manos de liderazgos manipuladores y sin escrúpulos o como costosas distorsiones que limitan libertades económicas (malentendidas como la posibilidad de obtener lucro) o políticas (entiéndase, en este caso, como el control del poder) de privilegiados.

Lo cierto es que además de constituir imperativos éticos y de justicia para sociedades que se supone se han construido y, se supondría, siguen haciéndolo sobre la base del acceso equitativo e irrestricto a las oportunidades, las políticas e intervenciones públicas en materia de equidad de género son, en realidad, fuentes que pueden generar crecimiento y desarrollo de mayor calidad.

Por ejemplo, en países como Costa Rica, en donde el espacio de expansión que el bono demográfico entregó durante algunas décadas ha quedado atrás y fue, mayormente desperdiciado, las oportunidades económicas, sociales y en bienestar asociadas con el propiciar una mejor y más justa integración de la población femenina al mercado de trabajo son fundamentales.

Pero asegurar que más mujeres puedan acceder a empleos de calidad, en condiciones de equidad y justicia, requiere de intervenciones que corrijan desigualdades y barreras estructurales y no sólo, como suelen reproducir algunos discursos simplistas, acciones que dinamicen la actividad económica general.

Se trata, más bien, de medidas específicas que combatan e incluso penalicen las diferencias injustificadas en las remuneraciones o que promuevan –incluso mediante acciones afirmativas como cuotas obligatorias o incentivos– el acceso de mujeres a los puestos de trabajo, incluyendo los de dirección.

Pero son además necesarias intervenciones que corrijan otras barreras estructurales para el acceso en igualdad de oportunidades de mujeres a la fuerza de trabajo como es el caso de acciones que cierren las brechas en las condiciones laborales relacionadas con la maternidad, como es el caso de las licencias pagadas, obligatorias e irrenunciables en el caso del nacimiento o adopción de hijos –tanto para mujeres como para hombres– y la provisión de servicios de cuido asequibles –incluso provistos sin costo– para las familias.

Acciones como estas permitirían no sólo cerrar la injustificable penalización en materia de remuneraciones y de acceso a los puestos de trabajo que supone para las mujeres la maternidad; sino que, además, si son acompañadas de esfuerzos en materia educativa y de convivencia colectiva, contribuirían a construir en los hogares una visión más justa y equitativa en torno a las responsabilidades de mujeres y hombres relacionadas con el cuido.

Urge superar la miopía que producen los intereses cortoplacistas –tanto económicos como políticos– y comprender de una vez por todas que avanzar en equidad de género en los mercados de trabajo no es sólo un imperativo en términos de justicia, sino que una fuente de crecimiento y bienestar, presente y futuro, para esta sociedad.