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Los bancos deberán cerrar las cuentas de los clientes sospechosos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Asimismo, podrán negarse a abrir operaciones a nuevos clientes que no justifiquen el origen de sus recursos. En cada caso, las entidades deberán documentar e informar a esas personas las razones de la medida.
Así lo establecen los cambios a la Normativa para el Cumplimiento de la Ley 8.204 (Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo).
La reforma fue avalada el 3 de mayo anterior, por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y está en consulta pública.
La directriz obliga a los bancos a exigir a empresas y personas las declaraciones del impuesto sobre la renta de los últimos dos años. Este requisito no se aplicará a las operaciones de pensiones, aseguradoras y mercado de valores.
Justificación. El Conassif argumentó en la exposición de motivos que los cambios a la norma harán que el país cumpla con los estándares internacionales dictados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Estos dos organismos combaten el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En los últimos años, ambos criticaron la vulnerabilidad del país al blanqueo de capitales y financiación de grupos terroristas.
Javier Cascante, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), explicó que los clientes deben justificar el origen de sus recursos.
“La norma endurece las reglas. Uno ve casos recientes de grandes movimientos de dinero donde no hay justificación del cliente, pero la entidad financiera también es responsable”, dijo Cascante.
María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), recalcó que hoy en el sistema bancario se produce el cierre de cuentas , pero la propuesta regula la práctica sustentada en la ley.
“La prevención exige que las entidades eviten que los clientes utilicen los canales del sistema financiero para legitimar capitales o financiar terrorismo, por lo que deben adoptar medidas que permitan administrar ese riesgo”, aseguró Cortés.
Ella y Annabelle Ortega, directora de la Cámara de Bancos, criticaron que Sugef exija a los supervisados pedir a sus clientes la declaración de renta. Pero juristas consultados por La Nación no consideran abusiva la nueva disposición.
Por último, Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), aseguró que la norma fortalecerá la lucha del país contra el lavado de dinero. Añadió que cerrar o congelar cuentas por sospecha de ilicitud da un respaldo a las entidades financieras para actuar.
