Lima, 11 jul (EFE).- El Gobierno de Perú comunicó hoy al de Chile su decisión de someter a arbitraje el caso de la empresa de fideos chilena Lucchetti, cuya planta en Lima fue clausurada en enero pasado por supuestamente afectar una zona ecológica de la capital peruana.
Un comunicado de la cancillería local indicó que el secretario de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores entregó la comunicación oficial sobre el tema al encargado de negocios de la Embajada de Chile en Lima.
La comunicación informó a Chile "la decisión adoptada por el Gobierno peruano, al amparo del artículo 9 del Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, de remitir a un Tribunal Ad Hoc la controversia suscitada entre ambos Estados respecto a la aplicación de dicho Convenio bilateral al caso Lucchetti".
Agregó que ese procedimiento se inició formalmente el 7 de enero pasado por el gobierno peruano "a fin de encontrar una solución a la controversia mediante el uso de canales diplomáticos".
"Al no haberse llegado a un acuerdo, dentro del plazo contemplado en el Convenio bilateral, Perú ha decidido remitir la controversia a un Tribunal Arbitral designando a Javier de Belaúnde López de Romaña como árbitro para tales efectos, solicitando a su vez al Gobierno de Chile que cumpla con designar un árbitro", precisó la cancillería.
El comunicado señaló que durante los seis meses establecidos como plazo para lograr un acuerdo entre los países "el Gobierno de Perú ha demostrado una decidida voluntad de diálogo y espera que mediante este procedimiento arbitral se llegue a la solución de la controversia en cuestión".
La cancillería mantuvo que espera que la solución se dé en el marco "del Convenio bilateral, los principios del Derecho Internacional y las estrechas relaciones de amistad que Perú y Chile mantienen, en las que la promoción y protección de las inversiones revisten una especial importancia".
La planta de Lucchetti en Lima fue cerrada en enero pasado por la municipalidad del distrito de Chorrillos, en cumplimiento de una ordenanza de la Municipalidad de Lima Metropolitana.
El ayuntamiento acusó a Lucchetti de haber construido su fábrica sin contar con los permisos respectivos y en una zona que afectaba a "Los Pantanos de Villa", la única reserva ecológica de la capital peruana.
Tras retirarse del país, Lucchetti afirmó que denunciaría al gobierno peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) para exigir una indemnización de 150 millones de dólares. EFE
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