EscucharZurich, Suiza (AFP). Muchos de los países acusados por la OCDE de ser paraísos fiscales criticaron el viernes los criterios de la organización, algunos de ellos disputando su designación y otros prometiendo limpiar sus nombres.
A pedido de la cumbre del G20 que se realizó el jueves en Londres, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) divulgó una "lista negra" de cuatro países que no se han comprometido a respetar las normas internacionales en materia fiscal: Costa Rica, Uruguay, Malasia y Filipinas.
Los centros financieros sobre los que pesan más acusaciones de evasión fiscal figuran en una nueva "lista gris" que reagrupa a 38 Estados o territorios que se han comprometido a respetar las reglas pero no las han aplicado "sustancialmente", entre ellos Chile, Guatemala, Belice, Panamá, Dominica, Gibraltar, Mónaco, Andorra, Liechtenstein, Suiza, Luxemburgo, Austria y Bélgica.
Una tercera lista identifica a 40 países que han aplicado sustancialmente las reglas.
Uruguay tiene un sistema financiero "sólido" y "serio" y es la justicia la que determina cuando debe levantarse el secreto bancario, afirmó el jueves el presidente del Banco Central, Mario Bergara, tras conocer la noticia.
"En Uruguay no somos ni queremos ser un paraíso fiscal. Uruguay no es un monasterio, pero tampoco es un casino", dijo recientemente el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez.
"No deberíamos estar en esa categoría ya que hemos estado comprometidos con los requerimientos de la OCDE", señaló por su lado el nuevo primer ministro de Malasia, Najib Razak.
Es "desafortunado" que Filipinas no cumpla con los criterios de la OCDE, sostuvo Cerge Remonde, portavoz de la presidenta Gloria Arroyo. "Estamos comprometidos con el cumplimiento de esos estándares y estamos confiados en que cumpliremos con los requerimientos para salir de esta lista", añadió.
En Europa, Luxemburgo, Suiza y Bélgica se quejaron de haber sido incluidos en la lista gris.
"Creo que el tratamiento dado a algunos países es un poco incomprensible", dijo el primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, y cuestionó los criterios de confección de las listas, señalando que varios Estados norteamericanos con leyes fiscales permisivas no han sido incluidos en ninguna.
El martes, Juncker sostuvo que si Luxemburgo se hallaba en la lista también debían estarlo Nevada, Wyoming o Delaware.
El presidente suizo, Hans-Rudolf Merz, "deploró el procedimiento" y "los criterios que sirvieron para establecer la lista".
Liechtenstein -en la antigua lista negra de la OCDE junto a Mónaco y Andorra- dijo que espera salir de la lista gris pronto. "Nuestra meta es no estar más en la lista gris", dijo a la AFP una portavoz del gobierno.
Andorra y Mónaco, por su lado, se congratularon de haber pasado de la lista negra a la gris.
"Es positivo", estimó la ministra de la presidencia del gobierno de Andorra, Conxita Marsol.
"Estábamos en una lista negra que hace tiempo decíamos era totalmente obsoleta. Estamos satisfechos de haber salido. Encontramos que es más justo encontrarnos en la lista gris", indicó a la AFP el jefe del gobierno monegasco, Jean-Paul Proust.
El secretario general de la OCDE, Angel Gurría, estimó que gracias a la cumbre del G20 se lograron "más avances (sobre los paraísos fiscales) en 15 días que en los últimos 15 años".
"Estoy seguro" de que los cuatros países en la lista negra "cambiarán de posición en los próximos días" para poder salir de la misma, añadió.
"Sólo cuatro países figuran en la lista negra" y la lista gris "es asombrosamente larga", recalcó la asociación Oxfam-France en un comunicado, en el que lamenta que "las garantías mínimas" ofrecidas por varios paraísos fiscales en las últimas semanas hayan "bastado para convencer a los líderes del G20".
Para la ONG francesa Comité Católico Contra el Hambre y por el Desarrollo, la nueva lista es "tendenciosa" y "corresponde más a un compromiso diplomático que a una evaluación objetiva".
La OCDE se basa en cuatro criterios para definir un paraíso fiscal: impuestos insignificantes o inexistentes, ausencia de transparencia en el régimen fiscal, carencia de intercambio de información fiscal con otros Estados y el hecho de atraer a empresas fantasmas que desempeñan una actividad ficticia.
