El Ministerio Público analiza los casos de 45 empresas que la Dirección General de Tributación denunció ante esta entidad por evasión de impuestos.
Los casos se presentaron a partir del año 2000 tras la entrada en vigencia de la Ley 7.900, la cual modificó el Código de normas y procedimientos tributarios .
El exdirector de Tributación, Adrián Torrealba, quien presentó algunos de los casos, explicó que antes de la Ley 7.900, primero se debía agotar la vía administrativa y luego se le daba a la empresa 20 días para pagar y solo después se podía presentar la denuncia al Ministerio Público; por eso se prefería no retimir los casos.
La nueva Ley modificó el procedimiento y por eso se comenzaron a presentar las denuncias.
Torrealba explicó que si el contribuyente paga antes de la administración inicie una actuación fiscalizadora, no procede la acusación, pero si paga después el proceso penal continúa.
De diferentes regiones. El actual director de Tributación, Francisco Fonseca, informó que las empresas son de diferentes partes del país, entre ellos Puntarenas, Alajuela, San José, Heredia, Cartago, Zona Sur, y de la administración de grandes contribuyentes.
Para presentar un caso, explicó, se requiere que Tributación argumente que la firma evadió un monto mínimo de 200 salarios base en impuestos.
Actualmente un salario base es de ¢184.600 por lo que para presentar un caso se requiere un monto defraudado mínimo de ¢36.920.000.
Debido al secreto tributario, la Dirección no puede dar los nombres de las firmas.
Los 45 casos en espera suman un monto en impuestos que, según Tributación, no pagaron, de ¢15.367 millones.