La Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (9354) establece, en el artículo 97, el procedimiento de reajuste en los precios de las viviendas.
La norma establece que, cuando la inflación acumulada de los 12 meses anteriores al vencimiento de cada año de contrato sea menor o igual al 10%, el dueño puede ajustar el precio siempre que no exceda la inflación acumulada de esos 12 meses previos. Puede aplicar un porcentaje menor, o no aplicarlo del todo.
Ese es el escenario de lo ocurrido en agosto del 2026, mes en el que la inflación interanual más bien fue negativa. Sin embargo, la ley no establece que el arrendador deba reducir el precio si lo que existe es deflación.
La legislación añade que si la inflación interanual supera el 10%, el Ministerio de Vivienda establecerá el porcentaje adicional de aumento siempre que no sea inferior al 10% ni mayor que la tasa anual de inflación. Para ello, debe tomar cuenta el desarrollo de la actividad de la construcción y el equilibrio necesario entre prestaciones del arrendador y el arrendatario.
Se considerará nulo cualquier reajuste de la renta superior a lo fijado en la ley, la cual añade que es válido el convenio entre dueño e inquilino que acuerde un reajuste de precio menor al índice oficial de precios al consumidor, del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Asimismo, cuando el precio del arrendamiento de una vivienda sea en moneda extranjera, se mantendrá la suma convenida por todo el plazo del contrato, sin derecho a reajuste, dice el artículo 67.
Se estima que en el país hay 361.847 casas de alquiler, según datos del estudio Radiografía de la Tenencia de Vivienda en Costa Rica 2025, elaborado por el Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario (Cenfi) y la Universidad Hispanoamericana, con base en datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del INEC.
Para obtener más información sobre las reglas de alquileres en Costa Rica, como las causales para rutpura de contrato, puede consultar este link.
