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Barcelona. A las 8:15 a. m. en la calle Guipuscua de un barrio de clase media barcelonesa, decenas de desempleados hacen fila como otros miles en las oficinas estatales por toda España.
El desempleo lo sufre la quinta parte de la población activa, los inmigrantes salen de España y hasta los españoles buscan vida en Alemania y Noruega. Emigran como en el pasado.
Es el caso de Juan Luis Mayoral, que medio habla inglés y decidió dejar su pueblo en Granada (sur) para buscar trabajo en Londres. “Aquí no tenía nada seguro, pero en España sí: el paro (desempleo)”, dijo por teléfono este joven de 24 años, parte del segmento etario con menos opciones laborales. La mitad es desempleada.
Esta es la España después de la burbuja inmobiliaria cuya evidencia son ahora miles de casas construidas y desocupadas. Hay incluso aeropuertos inutilizados, como el de Castellón (Valencia), donde los muchachos van a patinar.
Pocas familias tienen dinero, pero lo guardan porque, además de la crisis real, hay una sensación de crisis que frena el consumo. Esto afecta a los productos ticos, aunque a este país solo llega el 0,5% de las exportaciones costarricense; se trata sobre todo de piña y melones.
Hasta los perros lo sufren. Cada vez más familias desahuciadas entregan sus mascotas a las perreras por no poder llevarlas consigo.
La actividad económica en general se frena (salvo el turismo) y la recaudación fiscal se queda corta: el déficit superior al 8,5% del PIB está bajo la lupa de las autoridades europeas, y el Gobierno de Mariano Rajoy apunta a la necesidad de hacer recortes en inversión pública (se anunció un 40% menos). La gente está molesta en la calle y no hay semana sin protestas contra el Gobierno central y los autonómicos. Hay huelga general el 29 de marzo.
Los empresarios tampoco están contentos, pues el equipo de Rajoy deja abierta la posibilidad de aprobar nuevos impuestos, pese a que en campaña no lo dijo.
Las patronales argumentan que una mayor carga fiscal les dificulta crear empleos y la discusión se complica más en la siempre compleja política española.
En respuesta a ellos, el Gobierno pretende aprobar en el Congreso una reforma laboral que flexibiliza las condiciones laborales y facilita los despidos.
No es que la pobreza se vea fácil como en Costa Rica, pero sí crece la indigencia. Esta semana el alcalde de Valladolid anunció una multa de hasta 750 euros (casi medio millón de colones) a quienes practiquen la mendicidad.
Ciertos restaurantes ponen menús con precios “de crisis”. “Es hora de pensar en precios como los que tenía España en los 80, antes de ser rica”, dijo un camarero. Se refiere a antes de que España se pusiera “guapa” con una dieta “europea” insostenible.
