EscucharTegucigalpa. El grupo Rover de Gran Bretaña demandó ayer en los tribunales al Gobierno de Honduras por $20 millones debido a la supuesta adjudicación ilegal de la distribución de sus automóviles en el país.
Las firmas hondureñas René Sempé Co. y Euroautos S. A. se disputan la licencia del automóvil Land Rover en este país.
El ministro de Industria y Comercio, Oscar Kafati, dijo en rueda de prensa que la solución está en manos de la justicia hondureña, pese a que hay "vicios en los trámites que las dos compañías hicieron ante el Gobierno".
"Existen dos licencias vigentes, una para Sempé y otra para Euroautos, pero el problema lo creó la fábrica Rover de Gran Bretaña, porque no desea venderle automóviles a Sempé'", agregó.
Kafati afirmó que el Gobierno anulará una licencia, pero hasta después que la justicia resuelva la situación y el conflicto está en suspenso.
El funcionario dijo haberse entrevistado con representantes de ambas compañías en busca de un arreglo extrajudicial. "El asunto ha sido infructuoso hasta ahora", aseguró.
Mientras tanto, las dos empresas alegan que poseen licencia para vender esa marca. Ambas, asimismo, cuentan con una constancia extendida por la Secretaría de Industria y Comercio para distribuir los automóviles Land Rover.
El vocero y accionista de Euroautos, Vicente Williams, señaló: "Sempé no renovó el contrato con la casa matriz, por lo que nuestra empresa es la distribuidora exclusiva de Land Rover en Honduras'".
"Rover nos otorgó en 1998 la exclusividad de vender sus carros en Honduras... y eso es lo que hacemos desde entonces", añadió.
Roberto Sempé, representante de la otra firma, sostuvo: "Distribuimos en forma exclusiva la marca desde 1960".
Sempé, empero, cambió el nombre de su empresa en 1972. "Y Rover mantuvo el contrato con Sempé, sin duración determinada ni cláusulas de vencimiento'", subrayó.
El automóvil Land Rover se vende en Honduras a un precio superior a los $35.000, y tiene gran demanda entre los empresarios acaudalados. La querella es atendida por tres jueces del tribual Contencioso Administrativo de Tegucigalpa. Sin embargo, podría durar dos o más años.
