EscucharRoma, 13 ago (EFE).- La oferta pública que la aseguradora Unipol ha hecho para adquirir la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) ha superado los límites de una operación estrictamente financiera para convertirse en un elemento de controversia política.
A finales de julio pasado el español BBVA retiraba la OPA sobre el banco romano ante la falta de adhesiones y dejaba el campo libre a Unipol, que en las semanas precedentes había mantenido una serie de contactos con algunos de los principales accionistas para hacerse con su cuota.
Unipol ya ha presentado la petición de autorización en el Banco de Italia y en los próximos días lo hará en la Comisión Nacional de Sociedades de Bolsa (CONSOB) y en el Instituto para la Vigilancia de las Aseguradoras Privadas (ISVAP).
Presidida por Giovanni Consorte, Unipol es una aseguradora que funciona como una cooperativa y que forma parte de la Legacoop, entidad que tiene varios millones de socios y que tradicionalmente ha estado vinculada al extinto Partido Comunista y ahora a Demócratas de Izquierda.
El hecho de que Unipol dé un salto desde el mundo de los seguros al de las grandes finanzas ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores progresistas, que ven que se relega su labor social como cooperativa.
El caso ha motivado un debate en el seno de la izquierda italiana, pero se ha agravado con la publicación en la prensa de conversaciones telefónicas en las que algunos dirigentes hablan con Consorte acerca de la evolución del "asalto" a la BNL.
Las escuchas a Consorte han sido ordenadas por magistrados italianos dentro de la amplia investigación que desde hace semanas lleva a cabo con algunos hombres de negocio implicados en el intento de compra de Banca Antonveneta por parte de la Popolare Italiana, con hipótesis de delitos como uso de información confidencial y especulación abusiva.
En el caso de Unipol y BNL no hay sumario abierto, pero algunos de los actores involucrados en la compraventa de acciones son los mismos que aparecen en el sumario sobre Antonveneta, como el consejero delegado de Popolare Italiana, Gianpiero Fiorani y los empresarios Stafno Ricucci, Emilio Gnutti y Danilo Coppola, todos ellos inhabilitados temporalmente por orden judicial.
La interceptación de llamadas en las que intervienen estos empresarios no ha puesto de manifiesto ilegalidad alguna en el caso de Unipol y BNL, pero sí la existencia de intereses comunes de unos y otros, para imponerse en sus respectivas ofertas.
Por eso los empresarios no sólo hablan entre ellos sino que aparecen mencionados algunos políticos de todas las tendencias, como el secretario general de los DS, Piero Fassino, su compañero de partido y alcalde de Roma Walter Veltroni, el líder democristiano Marco Follini y el subsecretario de Presidencia Enrico Letta, uno de los principales colaboradores de Silvio Berlusconi.
De este modo la política y la finanza vuelven a ir de la mano, algo recurrente en Italia, aunque algunos de los afectados apuntan que no hay una conducta ilegal, sino sólo la preocupación por conocer la evolución de casos financieros de gran calado.
La oferta de Unipol sobre la BNL encuentra las reticencias de algunos juristas, que consideran que si triunfa obligará a la cooperativa de seguros a cambiar su estatuto y objetivo social, ya que será dueña de un banco con un valor de 8.000 millones de euros, frente a los 2.600 de la compañía de seguros.
El ISVAP debe decidir al respecto, porque si cambia el estatuto existe el derecho de receso para los socios de Unipol, que debería pagar a los que abandonaran la cooperativa una cifra mayor al valor actual, lo que encarecería toda la operación.
Consorte ya ha anunciado el proyecto de aumentar capital por un máximo de 2.600 millones y la contratación de un préstamo en obligaciones por 1.400 millones.
Algunos analistas han apuntado que, según los nuevos criterios internacionales de contabilidad (IAS), tras la oferta sobre BNL Unipol podría carecer de la liquidez necesaria para hacer frente a casos de emergencia, lo que crea dudas sobre el futuro. EFE
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