EscucharEl Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Heredia declaró el martes la quiebra de la empresa de electrodomésticos Almacenes El Gallo más Gallo, conocida anteriormente como Importaciones Rodolfo Ocampo.
La decisión fue tomada por el juez Mauricio Chacón, quien a su vez rechazó la propuesta para formar un convenio preventivo de acreedores, presentada por la empresa el 8 de junio.
A partir de la declaratoria de quiebra, todos los bienes de la compañía pasarán a ser administrados por un curador. Para este caso fue nombrado Alfredo Bolaños Morales, quien también se encargó de la intervención de Lachner & Sáenz.
No obstante, el abogado de El Gallo más Gallo, Rodrigo Johanning, adelantó que apelarán la decisión del juez, pero no fue posible obtener más detalles del asunto.
Cabe aclarar que la empresa que fue declarada en quiebra es Almacenes El Gallo más Gallo S.A., la cual no tiene relación con El Gallo más Gallo de Alajuela S.A. (que posee una red de 40 tiendas en el país) ni con Almacén Antara El Gallo más Gallo S.A. (con locales en Cartago y Golfito) ni con Puerto Libre El Gallo más Gallo S.A. (con almacenes en Puntarenas).
Bolaños comentó que ahora se hará un inventario de todos los bienes de la compañía por medio de un notario público y luego se contratará a un perito para que haga su valoración. En ese momento se subastarán los activos para pagar a los acreedores.
El Gallo más Gallo solicitó el 11 de mayo abrir un proceso de Administración y Reorganización por Intervención Judicial, como consecuencia de los problemas de liquidez que enfrentaba.
Los problemas se agravaron debido a la fuerte carga financiera que absorbe un 30 por ciento de sus ingresos y una baja en las ventas de la compañía.
La empresa fue fundada en 1975 por Rodolfo Ocampo y ahora posee nueve almacenes y 120 empleados. Sus deudas ascienden a los ¢1.200 millones, principalmente con bancos.
Pero ante los atrasos del juez y por la amenaza de que algunos acreedores hicieran embargos de bienes, la empresa desechó la propuesta de administración por intervención y el 8 de junio pidió conformar un convenio preventivo de acreedores.
Este acuerdo incluía dos propuestas: la primera consistía en dar a la empresa un plazo de cinco años para cubrir las deudas haciendo pagos trimestrales; la segunda, hacer un convenio por abandono de activo, que implicaba la liquidación de los bienes y el pago a los acreedores.
Sin embargo, el Departamento de Información y Relaciones Públicas del Poder Judicial informó de que el juez rechazó esa propuesta y decidió hacer la declaratoria de quiebra de inmediato.
Largo proceso
Alfredo Bolaños indicó que apenas está estudiando el expediente del caso, por lo que no sabe si algunas de las tiendas continuarán operando.
Reveló que ayer iba a reunirse por primera vez con los representantes legales de la empresa para determinar el procedimiento a seguir.
Comentó además que estos procesos de quiebra puede ser muy extensos. Pero que todo depende de la velocidad con que se puedan vender los bienes y en que se resuelvan las demandas que se presenten en el camino.
"Los procesos de liquidación son lo más funesto que hay, pues duran muchos años y la recuperación es muy baja. Además, la empresa pierde activos intangibles, como su clientela, el nombre, la representación de casas extranjeras, los cuales tiene un valor en el tiempo", manifestó el curador.
En cuanto a las tiendas de la empresa, Bolaños comentó que se debe hacer una valoración de cada una, para saber si es rentable mantenerlas abiertas o no. Eso dependerá de si son locales propios o se paga renta, por ejemplo.
En relación con los empleados, su situación deberá de definirse después de hacer el análisis financiero de la compañía. No obstante, afirmó que el pago de sus prestaciones tiene privilegio sobre el resto de las deudas.
Mientras tanto, algunos bancos acreedores se mostraron seguros de que sus créditos se encuentran bien respaldados y su recuperación será total.
Rodolfo Brenes, presidente del Banco Nacional (al que le adeudan ¢230 millones), señaló que su deuda está garantizada principalmente con propiedades y que, en el momento de cobro, harán efectivas esas garantías.
Igualmente, el subgerente del Banco de Costa Rica (al que se le deben también ¢230 millones), Carlos Fernández, manifestó que también tienen buenas garantías, entre ellas, algunas tiendas comerciales, por lo que no duda que tengan bien cubiertos sus créditos.
No fue posible obtener una opinión de Banex (al que le adeudan ¢380 millones, pues incluye una deuda que tenían con el Banco Metropolitano, ahora parte de Banex) ni con el Banco de San José (al que se le deben ¢40 millones).
Como la empresa cayó en quiebra, los bancos deberán aprovisionar esos créditos en su totalidad.
