La decisión de destinar como mínimo un 6 por ciento del PIB a la educación sería insuficiente para el año 2000, cuando los recursos no alcanzarían ni siquiera para los gastos de cobertura, según se desprende de un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica.
Esto sin contar el dinero adicional que hará falta para cubrir otras metas que se pretende alcanzar, tales como mayores incentivos a los docentes, equipamiento en materiales didáctivos, laboratorios para computación, extensión al idioma inglés, aumento en el número de días lectivos y en el número de horas de clase, entre otros.
El plan para destinar el 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) a la enseñanza, junto con la propuesta de aumentar la cobertura, está contemplado en los proyectos denominados ley de fundamentos y garantías para el desarrollo y mejoramiento continuo del sistema educativo nacional y una reforma al artículo 78 de la Constitución Política, presentados por el Ministerio de Educación a la Asamblea Legislativa en agosto de 1996.
Las iniciativas ya fueron aprobadas en la primera legislatura.
Pese a la advertencia del IICE, el ministro de Educación, Eduardo Doryan, argumentó que, según las proyecciones de esta cartera, el monto equivalente al 6 por ciento del PIB que se destinará a educación sí alcanzará para aumentar la cobertura y para cumplir con los otros objetivos.
Doryan señaló que las diferencias entre sus cálculos y los del IICE se deben a que se consideran diferentes escenarios. Por ejemplo, en las estimaciones de los investigadores de la UCR no se incluyen mejoras tecnológicas o un uso más eficiente de los recursos.
Lo que reflejan
Obviamente --agregó Doryan-- el llevar a la práctica las consabidas reformas implica una decisión fundamental de la sociedad, que es privilegiar la educación, y esto obligará a ajustes.
Y en esto coincide con el investigador Juan Diego Trejos, uno de los autores del estudio titulado La educación en Costa Rica, ¿un solo sistema?, quien señaló que la conclusión central del trabajo no es que los recursos no van a alcanzar, pues las proyecciones pueden fallar, sino que estas reflejan que la sociedad deberá hacer un fuerte sacrificio si quiere lograr tal objetivo.
Este sacrificio, de acuerdo con la directora del IICE y también autora del documento, Anabelle Ulate, provendría de una mayor carga tributaria o una reasignación del gasto. La otra vía, según la economista, es acelerar el crecimiento económico para "estirar la cobija" de los recursos.
Pero si se mantiene la situación económica actual, Ulate considera que el costo para la sociedad tendrá que ser mucho mayor.
El estudio menciona que fue a finales de los años 70, cuando Costa Rica casi pudo dedicar a la enseñanza un monto como el que se pretende ahora, una época en que había un crecimiento económico mayor que el actual.
Para Nancy Montiel, coautora del estudio , estos resultados también reflejan la necesidad de buscar tecnologías que permitan reducir costos para usar mejor los recursos disponibles.
La investigación, en la que también participó el economista Luis Carlos Peralta, llama la atención de las universidades estatales sobre cómo administran los recursos que obtienen por medio del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Según Ulate, también debe revisarse si se quiere mantener la estructura actual del Ministerio de Educación Pública o si convendría descentralizarlo.
Proyección
El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la Universidad de Costa Rica, calculó los recursos adicionales que tendría en sus manos la educación a partir del otro año, si se dedicara un porcentaje cada vez mayor del producto interno bruto (PIB) a este rubro, hasta alcanzar el equivalente a un 6 por ciento.
A los montos que resultaron, les restaron lo que se destinaría a la educación superior, con el fin de determinar los recursos con que contaría cada año la educación preuniversitaria.
Por otro lado, estimaron cuántos recursos adicionales, por año, son necesarios para lograr las metas de cobertura en educación preuniversitaria hasta el año 2000, que proponen los proyectos sobre el tema que se discuten en la Asamblea Legislativa. No se consideran los dineros necesarios para cubrir otras metas como laboratorios para computación, extensión del idioma y aumento en el número de días lectivos.
Estas proyecciones dieron como resultado que, a partir del año 2000, el 6 por ciento del PIB que eventualmente se destinará a educación no bastaría ni siquiera para alcanzar las metas de cobertura.