La construcción de obra pública en Costa Rica acumuló, en junio, tres años de caídas consecutivas, según el índice mensual de actividad económica (IMAE), lo cual representa la racha negativa más prolongada desde que se comenzó a calcular este indicador, en enero de 1992.
Durante 35 meses, desde julio del 2020 hasta junio del 2023, la construcción pública medida con el indicador que calcula el Banco Central de Costa Rica (BCCR) se contrajo cada mes respecto al mismo periodo del año anterior. Y aunque en julio pasado mostró un ligero repunte, los especialistas dudan que esta tendencia se revierta.
La tasa de variación interanual del IMAE sirve como un indicador del comportamiento de la actividad económica en el corto plazo. En el caso de la construcción con destino público, para el cálculo se utilizan registros administrativos del gasto de las instituciones y los montos ejecutados.
El más reciente periodo de contracción está marcado por eventos que afectaron directamente a la totalidad del sector de la construcción, como la crisis sanitaria de la covid-19 y el aumento constante en los precios de los materiales debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.
Carlos Trejos Rivera, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), señaló que el comportamiento se debe a varios factores, como el impacto del déficit fiscal, que limita la inversión pública, y problemas de gestión de obras en instituciones estatales.
Trejos añadió que el indicador mensual muestra una tendencia negativa a lo largo de los últimos años, debido a que el nivel de construcción de obras con destino público es históricamente reducido.
Marco Antonio Zúñiga Montero, presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), también señaló que la crisis de la covid-19 tuvo impactos, ya que se detuvieron algunos procesos constructivos, y otros diseños tuvieron que adaptarse debido a cambios en la estructura de costos o necesidades del país.
El presidente del CFIA agregó que la regla fiscal, aprobada en el 2018, es otro factor recesivo. La legislación implicó una reducción en la cantidad de dinero que las entidades públicas pueden invertir y, por ende, en la cantidad de obras que se pueden desarrollar.
En sus informes sobre el IMAE, el Banco Central ha reiterado que los números de la construcción pública se deben a una menor ejecución de proyectos de generación eléctrica, acueductos y alcantarillados, así como a los ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y las municipalidades.
Rosendo Pujol Mesalles, exministro de Vivienda y miembro del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Costa Rica (UCR), atribuyó la contracción a la regla fiscal, que estableció límites al gasto público, así como a la pandemia, que obligó a suspender algunos proyectos.
Pujol agregó que también se ha sentido la reducción en la inversión de vivienda de interés social por medio de programas como la entrega de bonos. En el 2022, el otorgamiento de este tipo de beneficios destinado a poblaciones vulnerables registró un mínimo que no se veía desde 1999.
Desde la mañana del jueves 28 de setiembre, La Nación envió consultas al Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) y al Ministerio de Hacienda sobre a qué factores atribuían este comportamiento en la construcción de obra pública. Al cierre de edición no se había obtenido una respuesta.
Arrastre desde 2017
Esta tendencia negativa en la construcción de obras con destino público se arrastra desde diciembre de 2017. Desde entonces, solo se han registrado tres meses con crecimientos muy leves, entre 0,8% y 1,1%, en contraste con 64 meses en negativo.
Antes de esta caída prolongada de casi tres años, el crecimiento de la construcción pública estuvo en números rojos durante 29 meses, entre diciembre de 2017 y abril de 2020. Este declive experimentó una pausa breve en mayo y junio del año pandémico.
El otro mes positivo fue julio del 2023. Sin embargo, Trejos señaló que este crecimiento mínimo en la última medición no puede considerarse una buena señal para los meses siguientes, dadas las inversiones en obras previstas para 2024 por parte del Gobierno y las proyecciones del Banco Central sobre obras públicas.
Según el proyecto de Presupuesto Nacional de 2024, presentado el 1.º de setiembre de 2023, el Gobierno planea invertir ¢388.366 millones en transporte e infraestructura, equivalente al 3,1% del presupuesto total para el próximo año, que asciende a ¢12,63 billones.
El presidente del CFIA coincidió en que no se vislumbran posibilidades de recuperar los números anteriores en el indicador que mide la construcción con destino público, dado que la cantidad de obras planeadas se redujo significativamente y la recuperación es lenta.
De forma prácticamente consecutiva, entre diciembre de 2017 y junio de 2023, Costa Rica ha experimentado sus dos periodos de contracción más prolongados en este indicador del Banco Central.
Antes de esto, para encontrar algo similar es necesario remontarse a los 26 meses consecutivos de números rojos en la actividad, desde octubre de 2003 hasta noviembre de 2005.
En noviembre del 2022, el último informe del Programa Estado de la Nación señaló que la inversión en obras dejó de ser un gasto prioritario y que en el 2021 tocó su nivel más bajo en los últimos 30 años.
En uno de sus informes, el Banco Central señaló que la construcción pública decreció interanualmente desde diciembre de 2017 debido a reducciones en proyectos de carreteras, caminos, puentes, generación eléctrica, acueductos, alcantarillados, edificios, entre otros.
Implicaciones
El sector construcción, tanto público como privado, por definición es un dinamizador de la economía. A nivel estatal, también tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas.
“La obra pública impacta en los servicios a los cuales las personas tienen acceso. Por lo tanto, si bien existen afectaciones en los servicios de salud, educación y otros, probablemente los más complejos están relacionados con la infraestructura”, comentó el presidente del CFIA.
Según Montero Zúñiga, estas deficiencias en la infraestructura, como la falta de servicios de agua potable en diversas regiones o los defectos en algunas carreteras como la Ruta 32, afectan directamente la competitividad del país e inciden en la inversión privada.
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el impacto de la inversión en infraestructura en los países de América Latina y el Caribe, publicado en setiembre de 2020, indicó que la inversión en este campo es beneficiosa para los ciudadanos y la economía en general, especialmente en la generación de empleo.
Pujol señaló que otra de las principales implicaciones de la falta de crecimiento en la construcción de obras públicas es que muchos proyectos esenciales para poblaciones vulnerables, como viviendas de interés social, no se realizan.
Para el presidente de la Cámara de la Construcción, la disminución en la inversión pública en construcción es preocupante, y considera urgente atender la infraestructura nacional y mejorar la gestión de la obra pública mediante una planificación más efectiva.