La infraestructura repercute directamente en la calidad de vida de los costarricenses y de los servicios que brinda el Estado. Sin embargo, la inversión en obras dejó de ser un gasto prioritario y el año pasado tocó su nivel más bajo en los últimos 30 años.
Así lo concluye el más reciente informe del Programa Estado de la Nación, el cual indica que la inversión pública se ha reducido desde 5,1% del producto interno bruto (PIB), en el 2009, a 2,6% en el 2021.
La inversión en números absolutos siguió en aumento hasta alcanzar los ¢1.611 millones en el 2017, antes de que el indicador se desplomara en el 2018, en medio de fuertes presiones en las finanzas públicas que desembocaron ese año en la aprobación de una reforma fiscal. Hoy en día esta cantidad es menor a lo que era en el 2008.
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El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) atribuyó la caída en la inversión pública en los últimos años a problemas en la capacidad de ejecución de los recursos, limitaciones en el presupuesto de las instituciones y a los casos de corrupción que fueron revelados en el 2021 en el llamado Caso Cochinilla.
Pamela Jiménez Fontana, coordinadora del capítulo de Oportunidades, Estabilidad y Solvencia Económica del más reciente informe del Estado de la Nación, aclaró que con el deterioro de las finanzas públicas la tendencia a la baja se hace más significativa. A pesar de esto, la caída no se explica únicamente por la regla fiscal, sino que se arrastra desde varias décadas atrás.
La investigadora comentó que la infraestructura pública se comporta como un componente residual en el gasto público. Esto debido a la obligación del Estado y Gobierno Central con el pago de remuneraciones, transferencias y el pago de intereses de la deuda. Jiménez también indicó que el desembolso que se hace actualmente es insuficiente para impulsar la competitividad del país.
Para este análisis, el Programa Estado de la Nación consideró la definición de formación bruta de capital fijo del Banco Central de Costa Rica (BCCR), que considera bienes de maquinaria y equipo para la producción, las comunicaciones y el transporte, los edificios, viviendas y otras obras de infraestructura como carreteras, puentes y proyectos hidroeléctricos.
La definición también considera activos fijos tangibles como los activos cultivados (plantaciones que aún no están en producción). Adicionalmente, se incluyen las adiciones a los activos fijos ya existentes, como las mejoras destinadas a prolongar su vida útil o su capacidad de producción.
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Problemas en presupuestos, ejecución y corrupción
El sector de construcción pública se redujo 22% entre 2020 y 2021 y es el área en la que más se ha disminuido en términos generales.
Mideplán atribuyó la caída en ese sector a recortes y revisión de los programas, planes y presupuestos de entidades públicas relacionadas con energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y la posposición de proyectos de infraestructura vial, hospitalaria y educativa.
El presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, Carlos Trejos Rivera, atribuyó el descenso en la inversión de infraestructura pública a la “mala gestión y planificación de las obras públicas, así como al uso ineficiente de los recursos”, y catalogó como una “crisis nacional” la situación de la infraestructura pública, provocada también por la falta de una política de Estado en el área.
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El economista especializado en infraestructura, Federico Villalobos Carballo, también explicó la caída en la falta de una política sostenida de largo plazo, lo que supone un reto para comenzar a planificar las obras a futuro y preparar los mecanismos que se van a utilizar para su financiamiento.
La más reciente tendencia a la baja en inversión física pública se inició luego de la crisis del 2008-2009. Desde ese momento la economía en Costa Rica crece más rápido de lo que se desarrolla la infraestructura pública. Las presiones fiscales agravaron la situación desde el 2018 y eso también ha generado un cambio en los mecanismos de financiamiento.
Entre el 2010 y 2021, la proporción de proyectos financiados con recursos internos y del presupuesto nacional pasó de 93% a 42%, y el endeudamiento con organismos internos y externos financió el 50% de la obra pública en el país desde 2018.
La inversión en infraestructura potencia la economía
Pamela Jiménez señaló que la inversión en capital físico es una de las principales herramientas de política fiscal de un gobierno. En momentos de recesión, los países pueden destinar recursos a infraestructura pública para estimular el crecimiento económico en un periodo determinado.
Federico Villalobos coincidió en que es una inversión que refleja beneficios en la competitividad a corto plazo con la mano de obra, transporte y compra de insumos; y a mediano y largo plazo con los beneficios que reciben los ciudadanos y el establecimiento de empresas en el país.
Francisco Tula Martínez, director de inversiones públicas de Mideplán, explicó a La Nación que el gasto capital beneficia a la ciudadanía por el incremento en infraestructuras, y compra de maquinaria y equipo útil para la prestación de servicios de movilidad, salud, educación, vivienda, servicios comunitarios, recreativos, deportivos, de cultura y protección social.
Por esos motivos, la investigadora del Estado de la Nación resaltó la necesidad de que no solamente se considere a la infraestructura como la construcción de nuevas carreteras, sino como una estrategia donde también se dé mantenimiento a todas las obras del país, más allá de las relacionadas con vialidad.
Latinoamérica estancada
A pesar de que Costa Rica es el quinto país latinoamericano que mayor porcentaje de sus recursos destina a la infraestructura pública, la inversión sigue siendo deficiente.
El monto promedio invertido en la región es de 1,85% del PIB, de acuerdo con datos de Infralatam, una iniciativa conjunta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
Según la Cepal, para el periodo entre 2012 y 2020, los países de la región debían invertir 6,2% anual de su PIB para satisfacer las necesidades en el área. Lo más cerca que estuvo Costa Rica de alcanzar esa cifra fue en el 2013, con el 5%.
El BID sostiene que la inversión en infraestructura pública en la región arrastra un panorama negativo y que en términos generales la inversión es baja y va acompañada de un bajo crecimiento económico.
Una estrategia articulada
Para Pamela Jiménez, la estrategia para combatir el problema debe integrar a todas las instituciones, las cuales tienen características muy heterogéneas y cuentan con autonomías y funcionamientos muy distintos, lo que implica una gestión política muy importante.
En el 2020, la mayor parte de inversión en ese sector no provino de Gobierno Central, sino que se originó, principalmente, en órganos desconcentrados e instituciones descentralizadas, centrándose, sobre todo, en las obras en transporte (91,4%).
El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) fue la institución que ejecutó la mayor parte de los egresos de órganos desconcentrados (64%) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) representó la mayor porción para las instituciones descentralizadas (62%)
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Jiménez también destacó la importancia de realizar inversión de forma más articulada.
“Si se va a realizar la inversión en alguna carretera, ese momento se podría aprovechar para realizar la inversión en acueductos, dado que se van a hacer cierres, se van a despedazar carreteras (...) Pensar en una inversión más articulada, pero que eso pase por una coordinación institucional que actualmente no pareciera que existiera de forma tan fortalecida”, explicó.
La coordinadora de la investigación recalcó la urgencia de que se considere a la inversión pública como una actividad que desarrolla el crecimiento económico y no como un componente residual del gasto público, tomando en cuenta la importancia del desarrollo de los cantones fuera de la Gran Área Metropolitana.
