Desde el 21 de febrero, Hazel Valverde ocupa la silla principal en la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), luego de casi cuatro años en la gerencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
La jerarca considera que su relación con la banca ha sido cordial. También afirmó que ve oportunidades para reducir los plazos de los procesos de resolución y que no anticipa cambios bruscos a nivel normativo.
Como gerente del ente emisor, Valverde sostuvo diferencias con la superintendencia que ahora encabeza. Demandó a su predecesora, Rocío Aguilar, y a Bernardo Alfaro, exgerente del Banco Nacional, por negarse a entregar datos de deudores sin anonimizar.
En ese momento, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) respaldó la posición de la Sugef sobre la negativa a entregar los datos. Incluso, en agosto de 2023, ABC presentó una acción de inconstitucionalidad en la Sala IV contra la petición de información hecha por el BCCR, que aún está pendiente de resolución.
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En entrevista con La Nación el viernes 7 de marzo, Valverde expresó su criterio acerca de diversos temas. A continuación, un extracto de la conversación:
― ¿Cuáles aspectos cree que puede aportar a la Sugef con su experiencia, no solo en entidades del sistema financiero, sino también con la visión que tiene al haber formado parte del BCCR?
― Tengo la convicción de que puedo aportar mejoras al sistema financiero. Yo veo esto en tres aristas. Una de ellas es trabajar en toda la parte de los sistemas de información.
“Tenemos que desarrollar formas más eficientes de capturar la información de las entidades financieras que regulamos, con mayor periodicidad y constancia. Del otro lado, podemos hablar de temas de supervisión a partir de toda esta información recolectada y, entonces, cómo hacemos para realizar una supervisión más intensiva en el uso de datos.
“Por último, en normativa, asegurarnos de que siempre esté alineada con los hallazgos que vamos generando desde la supervisión. Esto es como un círculo virtuoso. Al final, todos tienen que irse retroalimentando”.
― En el pasado, usted tuvo ciertos roces por la solicitud de datos sobre deudores. La ABC respaldó a la jerarca de Sugef de ese momento, que se negó a darlos. El Banco Central se respaldó en un criterio de la Procuraduría para solicitarlos. ¿Cuál es su criterio sobre el acceso a esos datos de deudores?
― Mi criterio en este momento es que tenemos que esperar cuál es la definición que va a hacer la Sala IV al respecto. Somos respetuosos de las decisiones que tome la autoridad respectiva.
― ¿Cómo abordará la relación con la banca? ¿Planea acercarse o ya se acercó a ellos?
― Ya he conversado con varias entidades. He conversado también con la Cámara de Bancos y con la ABC. Mi relación siempre ha sido cordial con todos ellos.
“Desde el Banco Central teníamos relación con ellos de manera continua. Seguiremos con la relación cordial que hemos mantenido hasta ahora. Creo que es la línea de trabajo que he tenido toda mi vida, así que eso no cambia”.
― En términos de supervisión financiera, ¿cómo equilibrar una fiscalización efectiva sin generar fricción con los supervisados?
― El tema de la comunicación es muy importante. En este caso, los supervisados son parte de ese grupo con el que tenemos que trabajar de forma continua.
“Vamos a buscar habilitar mecanismos de comunicación continua, lo cual no quiere decir que siempre vamos a estar de acuerdo. Nosotros somos los reguladores y ellos son los regulados. Habrá momentos en los cuales ellos quieran algo distinto a lo que el regulador considere adecuado para el sistema”.
“La idea es buscar mecanismos de comunicación que nos permitan tener claras las razones de por qué se toman las diferentes decisiones. Cuando hay claridad, se limita la posibilidad de tener diferencias, pero no se elimina”.
“Es un proceso natural. Uno lo que intenta es trabajar desde la comprensión y el respeto. Es la dinámica normal de este mundo de supervisión y regulación”.
― La regulación bancaria ha estado en evolución constante. ¿Ve necesarios ajustes normativos en el corto plazo?
― Yo no veo cambios bruscos en temas regulatorios y normativos por varias razones. Uno, porque se ha hecho un gran esfuerzo para ponerse al día con normativa alineada con los estándares internacionales. Dos, porque la normativa que se ha incorporado es adecuada. El enfoque, después de que se hace un desarrollo tan fuerte, no es seguir poniendo a las entidades contra la pared para que sigan trabajando en la implementación de normativas nuevas.
“Podría haber ajustes. Eventualmente, podría haber alguna normativa nueva. Hay alguna que todavía está en el pipeline, en la que se venía trabajando, y que vamos a tener que valorar también: cuál es la necesidad y el momento adecuado para que salga”.
― El sistema financiero viene de un año convulso: hubo dos intervenciones. ¿Qué aspectos deben fortalecerse para evitar lo que sucedió con CS y Desyfin?
― Tenemos un tema muy particular, y es la reforma legislativa a la Ley de Resolución y el Fondo de Garantía. Esa reforma incorpora una parte de las mejoras y recomendaciones que hemos recibido con respecto a estos procesos.
“Además, estamos trabajando en un texto sustitutivo para incorporar los aprendizajes de los dos procesos del año anterior. Lo más importante en los procesos de resolución es lograr una recuperación efectiva para los ahorrantes en el menor tiempo posible.
“Entonces, hay reformas incorporadas dentro de este proyecto de ley que buscan aligerar el proceso. Diría que es el principal objetivo en términos de mejora, de cara a lo que ya vivimos”.
― ¿Considera necesario fortalecer la supervisión para tener un margen de maniobra más amplio y evitar casos como el de CS o Desyfin?
― La gobernanza es un pilar fundamental. Si usted no tiene una adecuada gobernanza, no hay manera de tener una institución sólida. Entonces, vamos a trabajar mucho más de cerca y vamos a ser insistentes desde el punto de vista de supervisión.
― ¿Para usted, este plazo de un año (del proceso de resolución) es acorde con lo que podría hacerse desde Costa Rica en un proceso de resolución?
― Todavía tenemos oportunidad de acortarlo más. Esta ley se aprobó en 2019 y es la primera vez que se aplica. Como toda nueva ley, tiene un proceso de aprendizaje para quienes la utilizan.
“Dadas las circunstancias, por supuesto que un año es un plazo que apenas da para lograr hacer todos los procesos. Pero, de cara a lo que hemos aprendido, creo que hacia adelante deberíamos aspirar a periodos más cortos que un año”.
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