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Un entramado de sociedades y personas dedicadas a la venta de facturas falsas fue descubierto por el Ministerio de Hacienda, en una investigación que apunta a un fraude multimillonario utilizado para inflar gastos, simular operaciones y reducir de forma indebida el pago de impuestos.
En el proceso de investigación, la Dirección General de Tributación (DGT) identificó estructuras organizadas que usan como testaferros a adultos mayores o personas en condición de calle para el proceso de simulación.
Solo en 2025, Tributación fiscalizó 50 casos de este tipo y recuperó cerca de ¢8.000 millones deducidos de manera irregular mediante la compra de comprobantes electrónicos. En una de las maniobras identificadas por el fisco, el monto facturado incluso alcanzó los ¢80.000 millones.
Así lo confirmó el director general de Tributación, Mario Ramos, en entrevista con La Nación.
De acuerdo con el jerarca, el esquema se estructura mediante dos figuras definidas por el Ministerio de Hacienda como Entidades que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) y Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS).
Ramos explicó que las primeras figuras, calificadas por Tributación como “entidades” —aunque corresponden a personas jurídicas o físicas—, emiten comprobantes electrónicos de forma continua durante todo el año para dar apariencia de legitimidad.
En estas facturas reportan ventas por montos millonarios en todo tipo de bienes o servicios, pese a no registrar compras, importaciones ni personal en planilla que respalde esas operaciones. Por ejemplo, una de estas entidades puede emitir comprobantes por actividades tan diversas como zapatería, servicios profesionales, insumos de manufactura y otros giros económicos.
Según explicó Ramos, una de las cadenas identificadas inició con la adquisición de un servicio por apenas ¢7.032, posiblemente correspondiente a un gasto básico como agua o electricidad. No obstante, a partir de ese monto, la sociedad emitió facturas por ¢7.013 millones, ¢3.064 millones y ¢17.533 millones a otras compañías.
Estas, a su vez, replicaron el esquema con terceros por sumas aún mayores, de hasta ¢68.471 millones, lo que configuró un entramado de facturación falsa y una cadena de comercialización entre múltiples sociedades.
Los comprobantes fueron finalmente adquiridos por contribuyentes que sí tienen actividad económica, los denominados EDOS.
Estas compañías emplean las facturas para reducir la base imponible, justificar incrementos patrimoniales en sus registros contables e incluso encubrir eventuales flujos de origen ilícito. En el caso descrito, estos contribuyentes con operaciones reales compraron las facturas por montos de hasta ¢5.605 millones, ¢4.636 millones y ¢3.562 millones.
Según datos del Ministerio de Hacienda, desde la implementación obligatoria de los comprobantes electrónicos en 2016, Tributación ha recibido alrededor de 11,19 billones de documentos, entre tiquetes, facturas electrónicas, facturas de compra, notas de crédito y débito, y comprobantes de exportación.
Ante el crecimiento sostenido de esta información, Ramos señaló a La Nación que el fisco identificó la necesidad de procesarla y transformarla en insumos útiles para detectar irregularidades para lo cual usaron inteligencia artificial (IA). A partir de este proceso de digitalización, surgió la capacidad de fortalecer la fiscalización.
Empresas sin domicilio y uso de identidades robadas
Mario Ramos explicó a este diario que las entidades utilizadas para facturar operaciones simuladas carecen de sustancia económica y operan como estructuras ficticias cuyo fin es simular transacciones, pero son inexistentes. En ese sentido, las calificó como una maniobra de fraude “bien construida”.
Para identificarlas, el jerarca señaló que el fisco ha detectado domicilios inexistentes, como lotes baldíos o direcciones donde no es posible ubicar a ningún contribuyente.
Además, no cuentan con una estructura real: carecen de activos, inventarios y personal registrado, y presentan comportamientos anómalos, como facturar montos elevados poco después de inscribirse ante Hacienda.
“Es una maniobra de fraude muy bien construida (...). Como ahora tenemos los comprobantes electrónicos, estos deben tener veracidad en el tiempo. Entonces, durante todo el año, estas entidades que facturan están constantemente emitiendo los comprobantes electrónicos todos los meses”, señaló Ramos.
“Al final del año, las entidades o empresas que compran estos comprobantes electrónicos pueden deducírselos adecuadamente, porque son documentos que existieron en el tiempo”, agregó el jerarca.
Otro rasgo distintivo es el uso de testaferros —personas que prestan su nombre para figurar como titulares— o la suplantación de identidad de personas en condición vulnerable. Ramos confirmó que se han utilizado cédulas de personas en situación de calle o adultos mayores para constituir estas sociedades.
“Muchas veces los representantes legales de las entidades son personas en condición de calle o personas en condición de vulnerabilidad, como adultos mayores (...). Son las empresas que estamos identificando como las que facturan los comprobantes electrónicos”, afirmó Ramos.
Empresas habrían usado maniobra para cobrar créditos al fisco
Como parte de la maniobra, el director general de Tributación confirmó que el fisco detectó que algunas empresas que deducen operaciones simuladas habrían adquirido facturas incluso para generar créditos a su favor en declaraciones, por ejemplo del impuesto sobre la renta, y utilizarlos en periodos posteriores.
A ello se suma la posibilidad de reducir la base imponible, justificar incrementos patrimoniales en sus registros contables e incluso encubrir capitales de origen ilícito.
En estos casos, Ramos recordó que se trata de empresas reales, con actividad productiva y personal, cuyo objetivo es adquirir estos comprobantes para aumentar gastos deducibles o generar créditos fiscales inexistentes.
“Esto es fraude, porque la gente lo que está haciendo en este momento es incluir comprobantes que, si bien es cierto existen en el tiempo, no tienen un sustento”, señaló.
Mario Ramos: ‘Los tenemos identificados y vamos a denunciarlos’
Mario Ramos confirmó que la Dirección General de Tributación (DGT) presentó, en el 2024, la primera denuncia penal contra un grupo de 32 sociedades, agrupadas en 13 estructuras, por la emisión de comprobantes electrónicos simulados.
Además, indicó que la DGT mantiene en fiscalización a otros contribuyentes, tanto a las sociedades que emiten facturas como a las empresas que las adquieren.
“La Dirección General de Tributación tiene herramientas de primer nivel para poder identificar estas maniobras. Estamos luchando contra ellas, los tenemos identificados y vamos a denunciarlos por estas actividades”, afirmó Ramos.
En estos casos, el jerarca explicó que a las empresas que deducen estas operaciones se les aplican sanciones administrativas. La multa equivale al 150% de la base sancionable cuando no supera el salario base; si excede los 500 salarios base, se presenta una denuncia penal.
Por su parte, las compañías que emiten facturación simulada pueden ser denunciadas por delitos como asociación ilícita, falsedad ideológica, falsificación de documentos y suplantación de identidad.
