EscucharPor Ignacio Ortega
Moscú, 31 dic (EFE).- La guerra del gas, la involución democrática y la política del Kremlin hacia los denostados regímenes de Irán y Siria hacen peligrar la primera presidencia rusa del Grupo de los Ocho (G8), que comienza el primero de enero de 2006.
El presidente ruso, Vladímir Putin, había marcado la seguridad energética como el punto más importante de la agenda del grupo, que acoge a los ocho países más industrializados (EEUU, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá, Italia y Rusia).
Rusia propone trazar una nueva arquitectura energética que garantice los suministros, su diversificación y tenga en cuenta las nuevas amenazas terroristas.
Además, el jefe del Kremlin desea convertir a Rusia en miembro de pleno derecho del grupo, ya que, hasta ahora Moscú era marginada en el debate de los temas económicos y financieros, al no pertenecer aún a la Organización Mundial de Comercio (OMC).
La Rusia actual se parece muy poco a la de 1994, año en que el presidente ruso, Boris Yeltsin, fue invitado a participar en la primera reunión bajo el formato "G-7+Rusia", y a la de 1997, cuando Rusia entró a formar parte del grupo.
En ese momento, el ingreso de Rusia en este selecto club fue interpretado como un espaldarazo a las reformas liberales en marcha en Rusia, pero ahora la situación ha cambiado.
Según los críticos, la Rusia de Putin es menos democrática, menos liberal y más intervencionista en la economía, además de que ha recuperado el viejo vicio soviético de apoyar a regímenes autoritarios.
Putin afirmó el 22 de diciembre pasado que Rusia, segundo productor y exportador mundial de petróleo y primero de gas, se propone ser la mayor potencia del planeta en este terreno.
Además de abastecer a la Unión Europea y a Israel, el Kremlin tiene los ojos puestos en Estados Unidos, al que espera comenzar a bombear gas en 2010, y en China, Japón y Corea del Sur, ávidos de diversificar sus fuentes de energía.
No obstante, el actual conflicto del gas con Ucrania, que ha colocado contra las cuerdas a las economías europeas, demasiado dependientes del gas ruso, pone en duda tal pretensión.
El brazo ejecutor de la nueva política energética rusa, la corporación Gazprom, exige a Ucrania que se comprometa por escrito a pagar 230 dólares por cada mil metros cúbicos de gas, de lo contrario interrumpirá el suministro mañana a las 07:00 GMT.
"Ese precio es inaceptable. Dejémonos de ultimátum", replicó anoche el presidente ucraniano, Víctor Yúschenko, que ha puesto sobre la mesa 80 dólares por cada mil metros cúbicos como última oferta.
Rusia ha llegado a la conclusión que subvencionar los precios del gas a las repúblicas ex soviéticas ya no es rentable políticamente, como quedó de manifiesto en la "Revolución Naranja" en Ucrania, pero, sin quererlo, ha levantado la alarma en Bruselas.
La Unión Europea convocó para el 4 de enero una reunión del grupo de coordinación del gas para analizar la crisis abierta entre Moscú y Kiev, entre dudas sobre la fiabilidad de Rusia como principal fuente de energía.
No obstante, el Ejecutivo comunitario matizó que, incluso aunque se interrumpiera parte del suministro de gas a Europa (el 25 por ciento del gas que se consume en la UE procede de Rusia), no hay riesgo de desabastecimiento en el corto plazo.
En Bruselas tampoco sentó nada bien que el ex canciller alemán, Gerhard Schroeder, amigo personal de Putin, fuera nombrado, al poco de abandonar el cargo, presidente del comité de accionistas de la compañía que opera el Gasoducto de Europa del Norte, que no sólo llevará gas a Alemania, sino al Reino Unido y Holanda.
Por si fuera poco, el asesor económico de la presidencia rusa, Andréi Ilariónov, presentó esta semana su dimisión, aduciendo que Rusia había dejado de ser un país libre y democrático, y se había impuesto un modelo corporativista de Estado.
Ilariónov, el funcionario del Kremlin más crítico con el proceso judicial y fiscal contra la petrolera Yukos, ya había dimitido en enero pasado como representante de Putin ante el G8.
Su dimisión se barruntaba desde que tachó la pasada semana la oferta pública inicial de venta de las compañías estatales rusas que planifica lanzar el Gobierno como "saqueo" y "mayor estafa desde la desintegración de la Unión Soviética".
La eliminación de la elección directa de los gobernadores y la draconiana ley sobre las organizaciones no gubernamentales que supone la "sentencia de muerte" para la sociedad civil en Rusia, según sus críticos, ha llevado a los congresistas estadounidenses a pedir la expulsión de Rusia del G8.
La cooperación en materia nuclear y militar con Irán, y el apoyo a los autoritarios regímenes de Siria, Uzbekistán y Bielorrusia, también son vistos como un obstáculo para la plena integración de Rusia en el grupo.EFE
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