“Nosotros le estamos diciendo al pueblo de Costa Rica —sin prometer nada, porque no tenemos la necesidad de mentir—, que nuestra intención no es poner nuevos impuestos“, afirmó el jerarca durante una entrevista en la edición nocturna de Telenoticias este miércoles.
“Si se ‘descochera’, como dicen los señores de antes, el mundo, la economía, hay una crisis de petróleo, etc., vamos a hablar de todas las opciones que nos da la política económica en materia de política monetaria y materia de política fiscal para resolver los problemas conforme ellos aparezcan. A hoy, léanme los labios, no queremos más impuestos”, agregó.
Durante la conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial, Chaves y el viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, explicaron que el plan fiscal contempla más de 15 proyectos de ley que serán presentados ante la Asamblea Legislativa.
Entre las iniciativas figuran propuestas relacionadas con la facturación electrónica, el endurecimiento de las sanciones contra la evasión fiscal, la regulación de las exoneraciones y una reforma al impuesto sobre la renta. Además, el Gobierno mantiene sobre la mesa la posibilidad de aplicar el impuesto sobre el valor agregado (IVA) del 13% a la canasta básica, aunque bajo condiciones que aún no ha detallado.
Pese a ello, durante el anuncio ambos jerarcas insistieron en que ninguna de las iniciativas contempla aumentar los impuestos vigentes ni crear nuevos tributos.
Este jueves, Carvajal acudió al Congreso a las 9:30 a. m. para presentar varios de los proyectos de ley que integran la Estrategia Nacional contra el Contrabando y la Evasión Fiscal.
“No vamos a aumentar los impuestos existentes ni crear nuevos impuestos; lo que sí queremos hacer es que algunos ticos con corona paguen tasas diferentes a otros ticos, no que haya gente que no paga impuestos porque los evade, porque se los roba”, señaló Chaves durante su entrevista en Telenoticias.
El jerarca también recordó que los proyectos en materia tributaria requieren el respaldo de la mitad más uno de los diputados para ser aprobados, y no de 38, como ocurre con las iniciativas que exigen mayoría calificada. En el actual período legislativo (2026-2030), el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) cuenta con 31 curules, suficientes para alcanzar esa mayoría simple.
Medidas no bajarían endeudamiento por debajo del 60%
Pese a las medidas anunciadas por el Ministerio de Hacienda, las proyecciones sobre la deuda del Gobierno Central como porcentaje del producto interno bruto (PIB) muestran dos escenarios en los que el país seguiría sujeto a las restricciones más severas de la regla fiscal.
Esto se debe a que el endeudamiento no lograría ubicarse por debajo del umbral del 60%, incluso si se aprobaran las medidas fiscales propuestas.
Por un lado, Hacienda plantea un escenario base que supone la continuidad de las condiciones actuales, sin la implementación de reformas.
En ese caso, la relación entre la deuda del Gobierno Central y el PIB cerraría en 2026 con 62,2% y aumentaría de forma sostenida hasta llegar al 67% en 2029, el mismo porcentaje que representó el nivel más alto de endeudamiento registrado en la última década, alcanzado en 2021.
Las proyecciones indican que la deuda seguiría en ascenso después de ese año, hasta situarse en 68,8% del PIB en 2031.
En contraste, en un escenario que el Gobierno califica como más favorable, la aplicación de las medidas permitiría cerrar el 2026 con una deuda equivalente al 61,5% del PIB. Aunque las proyecciones también muestran un aumento del endeudamiento, este sería más moderado y alcanzaría su punto máximo en el 2029, con un 63,8% del PIB.
A partir de ese momento, la tendencia comenzaría a revertirse y la relación deuda/PIB disminuiría durante los dos años siguientes, hasta ubicarse en 63,3% en 2031.
Es decir, aunque las medidas planteadas por Hacienda moderarían el crecimiento de la deuda frente al escenario base, las proyecciones no muestran una reducción suficiente para que el país salga del tramo más restrictivo de la regla fiscal, ya que el endeudamiento se mantendría por encima del umbral del 60% del PIB.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establece que, cuando la deuda se mantiene por debajo del 60% del PIB, se aplican límites más flexibles al crecimiento del gasto, lo que permite que este aumente por encima del promedio del PIB nominal.
Sin embargo, si la deuda supera ese umbral, la normativa endurece las restricciones e impone límites a los incrementos salariales en el sector público, además de reducir el margen para la inversión en obra pública. En el caso de las pensiones, por ejemplo, únicamente se permiten ajustes por costo de vida.
