La Junta Directiva de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI) recibió la orden de evaluar la presencia de miembros de la alta gerencia del conglomerado del Banco de Costa Rica (BCR) en el negocio de fondos de inversión inmobiliarios.
La instrucción vino de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) como parte del proceso de evaluación e investigación que lleva contra la subsidiaria del BCR, confirmó el superintendente Tomás Soley Pérez.
Además, manifestó que se solicitó a la entidad realizar una aclaración con respecto al uso de un fideicomiso de garantía que cubre una deuda millonaria de dos inquilinos con el Fondo de Inversión Inmobiliario no Diversificado.
La instrucción se da en un momento en que la Superintendencia examina las reglas de conflicto de intereses en fondos inmobiliarios.
La subsidiaria del BCR y un grupo minoritario de inversionistas del fondo inmobiliario están enfrentados, desde el año pasado, a raíz de la compra, en 2020, del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), en Puntarenas, por $70,8 millones.
Los denunciantes reclaman el alto valor de adquisición de la propiedad, supuestas anomalías en el arrendamiento del edificio y que el endeudamiento contraído para comprar el inmueble drena las ganancias de los inversionistas.
Desde setiembre del año pasado, la Sugeval investiga esta operación después de una denuncia presentada por los inversionistas.
La Superintendencia obligó a la subsidiaria del Banco de Costa Rica a realizar una asamblea general donde se convoque a los 904 inversionistas para brindar un informe sobre las decisiones que justificaron la adquisición del PEP y su situación actual, así como de la venta del inmueble Hospital La Católica.
Transparencia
Soley declaró que con la orden a la Directiva de BCR SAFI de revisar la participación de jerarcas del BCR en fondos inmobiliarios, se pretende transparencia.
“A la Junta Directiva de la Sociedad se le pidió un plan de acción de medidas de corto plazo como mejorar la información de soporte cuando hay toma de decisiones, poder gestionar la presencia de personeros del grupo financiero y evaluar la independencia de otros de los miembros del Comité de Inversiones (de BCR SAFI)”, explicó.
Enfatizó que esta orden tiene como objetivo transparentar la toma de decisiones de la subsidiaria del banco estatal, en beneficio de los inversionistas de los fondos administrados.
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La BCR SAFI aún está en el plazo de ejecutar los requerimientos.
De hecho, el 24 de mayo, mediante un hecho relevante, se informó que Douglas Soto, gerente general del Banco, dejó de ser miembro del Comité de Inversiones de BCR SAFI.
Sin embargo, en dicho comité todavía hay cuatro altos directivos del conglomerado de la entidad, según lo informado por la propia entidad en su comunicado.
Estos son: Rossy Durán, subgerente de Finanzas del BCR; Freddy Morera, gerente regional de Crédito Corporativo; David Brenes, gerente de BCR Corredora de Seguros; y Luis Diego Moya, gerente de Banca de Inversión del BCR.
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Garantía en millonaria deuda
Por otra parte, la Sugeval obligó a BCR SAFI a realizar una aclaración y proporcionar más información sobre un fideicomiso de garantía relacionado con una deuda de $12,9 millones. Esta deuda involucra a dos sociedades inquilinas con el Fondo de Inversión Inmobiliario no Diversificado.
Además, se adeudan otros $861.345 al Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria FCI.
“La Superintendencia pidió una ampliación porque la información publicada fue muy limitada. Al final es un tema de pasivos y activos que gestiona la entidad”, recalcó Soley.
El jerarca se refirió específicamente a un comunicado relevante publicado el 26 de mayo, en el cual la entidad supervisada informó que la vigencia del fideicomiso de garantía se extendía por seis meses adicionales debido a una cuenta por pagar de $9,4 millones.
Sin embargo, este lunes, BCR SAFI detalló que la deuda con el fondo inmobiliario pertenece a las sociedades Tres-ciento dos-ochocientos doce-mil-novecientos treinta y ocho S.R.L. y Aguram Ltda.
“En caso de que al vencimiento del fideicomiso, el deudor no haya dado cumplimiento a su obligación o no se contare con un arreglo satisfactorio para los intereses de los fondos de inversión (...) se daría aviso para que proceda con el remate de la garantía y del monto neto que se obtenga del remate, se repartiría ese monto entre los fideicomisarios (fondos de inversión)”, explicó la subsidiaria de la entidad pública.
La Sociedad Administradora agregó en el hecho relevante que, por el momento, no se considera reconocer una pérdida en los fondos inmobiliarios, ya que los inquilinos morosos tienen la opción de proporcionar garantías reales adicionales en caso de que el valor actual de la propiedad no cubra la deuda vigente.
