EscucharLa Procuraduría General de la República (PGR) recomendó a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) denunciar el artículo 100 de la convención colectiva que reconoce el tope de cesantía de 20 años a quienes se jubilen por vejez o invalidez, por ir en contra de la jurisprudencia de la Sala IV que reconoce solo 12 años de compensación económica en el sector público.
La CNFL desoyó el consejo y acordó, junto con el sindicato, reactivar la aplicación de dicho artículo, en febrero del 2021. Esa decisión se tomó pese a que la Sala Constitucional había eliminado, en enero del 2020, el artículo 99 del pacto laboral por pagar hasta 20 años en prestaciones legales.
La PGR emitió el criterio a raíz de una consulta de Víctor Solís, gerente general de la empresa pública, quién solicitó un pronunciamiento vinculante en el que se le indicara si la Compañía debía pagar 20 meses por concepto de auxilio de cesantía o acogerse a la sentencia del Tribunal Constitucional.
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“Si el consultante o las autoridades administrativas de la CNFL admiten y estiman que la convención Colectiva suscrita en esa institución contiene normas con eventuales vicios de inconstitucionalidad, lo procedente es que instauren el proceso judicial correspondiente a fin de conseguir, con efectos jurídicos erga omnes, la invalidez de las mismas”, se explica en el oficio C-482-2020, del 17 de diciembre del 2020.
Adicionalmente, el procurador Luis Guillermo Bonilla subrayó a Solís que la misma Sala IV respondió, ante una solicitud de aclaración de la sentencia da enero del 2020, que si el artículo 100 de la convención presenta los mismos vicios de la norma anulada, lo procedente es presentar una nueva acción de inconstitucionalidad.
El Tribunal también cuestionó al gerente de la CNFL por no haber señalado la similitud entre ambos artículos del convenio colectivo cuando se empezó a estudiar el caso en el 2018.
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La Sala confirmó, mediante su oficina de prensa, que ni Solís ni otro representante de la empresa pública han presentado una nueva acción contra la norma cuestionada.
Por otra parte, la PGR reprendió al jerarca de la Compañía por pretender obtener un pronunciamiento vinculante que aclare una sentencia de los magistrados.
“La Procuraduría no puede rendir un criterio vinculante analizando y determinando los efectos que una acción de inconstitucionalidad concreta tiene sobre la aplicación de la norma convencional consultada, pues ello implicaría invadir competencias propias de la Sala Constitucional”, se explica en el oficio.
Asimismo, se advirtió al gerente de la entidad que la legislación costarricense sanciona penalmente el reconocimiento de beneficios laborales patrimoniales derivados de la relación de servicio, con infracción del ordenamiento jurídico.
La decisión de la CNFL de revivir el reconocimiento del tope de cesantía de 20 años se reveló en los estados financieros auditados por la firma KPMG, al 31 de diciembre del año pasado.
La medida pactada con sus trabajadores elevó provisiones para pago de cesantía a ¢13.241 millones, al cierre del 2021, desde ¢2.849 millones, en el 2020.
