EscucharEl Instituto Nacional de Seguros (INS) fue obligado por la Superintendencia General de Seguros (Sugese) a realizar una provisión millonaria por un préstamo empresarial malo.
Las estimaciones por deterioro de la cartera de crédito de la empresa pública ascendieron, a setiembre anterior, a ¢4.044 millones. Lo anterior representa un alza de ¢3.045 millones frente a los ¢999 millones registrados en junio, según sus estados financieros.
La aseguradora estatal confirmó que el aumento de la reserva corresponde a los préstamos corporativos.
“El incremento en las estimaciones se generó como consecuencia de la atención de una solicitud expresa por parte de la Sugese de incorporar el saldo de una operación de crédito”, confirmó el INS a La Nación.
Las entidades bancarias efectúan las provisiones de créditos con problemas cuando hay riesgo de impago. Los recursos de las estimaciones se toman de las ganancias, lo cual genera una baja en la utilidad, según establece la normativa de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
La reducción de este rubro ocurre cuando un cliente paga los montos pendientes, se rematan las garantías de la operación o si el deudor recibe una reestructuración del crédito, lo cual permite a la entidad que financia liberar el dinero. Si el deudor no cumple con sus obligaciones, el préstamo se asume como una pérdida.
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La aseguradora estatal confirmó que adoptó, de manera voluntaria, las buenas prácticas que regulan a la actividad de crediticia por parte de la Sugef. Además, de que sus estimaciones son concordantes con el riesgo del negocio. Sin embargo, la institución elevó la partida por mandato de la Sugese.
Hasta setiembre anterior, los créditos corporativos del INS reportaron un saldo de ¢6.037 millones, lo cual significa que la estimación creada es equivalente a la mitad del negocio empresarial.
La cartera total de préstamos ascendió a ¢41.658 millones, de los cuales ¢35.407 millones son operaciones hipotecarias otorgadas, principalmente, a trabajadores de la empresa estatal.
Tomás Soley, jerarca de la Sugese confirmó, el 16 de diciembre, que el INS será sometido a un proceso de reglamentación básica para gestionar el deterioro de la cartera de préstamos, a partir del 2023.
La medida implicará definir a la aseguradora estatal modelos técnicos y modernos en la gestión de las estimaciones de los préstamos que otorga, indicó Soley.
Explicó que el desarrollo de una normativa específica para la aseguradora obedece a que no se le puede aplicar los reglamentos crediticios establecidos para los bancos. Principalmente, porque el Instituto no tiene acceso al Centro de Información Crediticia (CIC).
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Origen del negocio
La aseguradora estatal participa en el negocio crediticio con recursos considerados fondos públicos porque son parte de su activo. La Ley del Instituto Nacional de Seguros, de 1924, faculta a ejercer actividades de otorgamiento de créditos en Costa Rica.
En febrero del 2007, la Junta Directiva del INS cerró el Programa de Créditos Hipotecarios, tanto para particulares como para sus funcionarios, previo a la ruptura del monopolio y la apertura del mercado de los seguros, ocurrida ese mismo año.
Sin embargo, en 2009, la Directiva aprobó la reapertura de los créditos hipotecarios para empleados a partir del 16 de setiembre, según el Acuerdo III de la sesión 8.951, del 8 de junio de 2009.
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El INS informó de que esta línea de crédito está abierta a clientes asegurados en la Institución, pero los estados financieros muestran que el crecimiento del saldo se concentra en sus empleados. Actualmente, hay 166 operaciones activas con terceros, la mayoría datan del 2003.
Para setiembre del 2014, la Junta Directiva avaló, en la sesión 9.230, una nueva Política de Crédito que incluye el financiamiento denominado Banca Corporativa a ciertos Clientes Corporativos del INS, según el oficio PDC-0099-2018, del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), del cual tiene copia La Nación.
Actividad polémica
En julio anterior, se conoció que la empresa Artelec recibió una protección del Juzgado Concursal para evitar la quiebra, lo cual implicó que se detuviera el pago de un préstamo otorgado por el INS.
La aseguradora pública aprobó, en el 2015, un financiamiento por $10 millones a la empresa dedicada a la venta de electrodomésticos, de los cuales aún le adeuda $5,5 millones.
El Instituto reestructuró el crédito y le brindó cinco moratorias de pago a la empresa, a pesar de conocer el deterioro de la situación financiera, según documentos dados por el INS al Juzgado Concursal. Por el caso Artelec, la entidad estatal abrió una investigación que todavía está en proceso.
El mismo mes que se conoció el caso de la empresa comercial, la Directiva del INS ordenó el inicio de una investigación de los préstamos corporativos y suspender la entrega de nuevas líneas, a raíz del problema con el crédito dado a la empresa minorista Artelec.
Un informe del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) reveló, desde el 2018, que la aseguradora pública carga desde hace cuatro años con créditos malos por un saldo de $14,1 millones. Además, se alertó al INS y al Gobierno del riesgo sobre fondos públicos por la actividad crediticia.
