Los créditos otorgados por el Instituto Nacional de Seguros (INS) serán sometido a un proceso de reglamentación básica para gestionar el deterioro de la cartera de préstamos, a partir del 2023.
La medida implica definir a la aseguradora estatal modelos técnicos y modernos en la gestión de las estimaciones de los préstamos que otorga, anunció Tomás Soley, jerarca de la Superintendencia General de Seguros (Sugese).
“En los lineamientos de supervisión en proceso hay un tema de estimaciones crediticias para el mercado de seguros, en particular para una compañía (INS) que tiene habilitación legal de dar créditos”, manifestó el funcionario.
Soley explicó que el desarrollo de la normativa específica a la aseguradora es porque no se le puede aplicar los reglamentos crediticios establecidos para los bancos. Principalmente, porque el Instituto no tiene acceso al Centro de Información Crediticia (CIC).
Este sistema, administrado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), aglutina la información de créditos otorgados a las personas y empresas, así como el récord histórico de pago de los deudores.
“Mucha de la estimación crediticia tiene que ver con el historial crediticio de los deudores, por eso es que se hace un lineamiento especial para suplir ese bache (...) entonces se quiere definir modelos más prospectivos, técnicos y modernos para la gestión de estimaciones de carteras crediticias (en la aseguradora)”, recalcó.
El INS informó, mediante su Departamento de Comunicaciones, que acatará las disposiciones indicadas por la Superintendencia en la fiscalización y control en el otorgamiento de crédito. Y estarán atentos a las reglas una vez sean comunicadas.
“Vale indicar que el INS ha adoptado voluntariamente las buenas prácticas que regulan a la actividad de crédito tales como diversas disposiciones contenidas en los lineamientos de Sugef (a los bancos) así como sanas prácticas en materia de gobernanza”, enfatizó la entidad por escrito.
Hasta setiembre pasado, la empresa pública reportó un saldo de cartera de créditos vigentes de ¢41.658 millones, comparado con los ¢40.970 millones en el mismo periodo del 2021, según los estados financieros del INS.
La información muestra que hubo un fuerte ascenso en las estimaciones porque estas fueron de ¢4.044 millones, para este año, frente a los ¢619 millones de setiembre del 2021, pero no se detalla si el deterioro fue en operaciones hipotecarias o corporativas.
Soley hizo el anuncio durante una conferencia de prensa virtual, realizada este viernes 16 de diciembre, en la cual se brindó un resumen del comportamiento del sistema financiero costarricense en el 2022. En esta también se anunciaron cambios que vendrán, a partir del 2023, en el sector bancario, de pensiones, de seguros y el mercado de valores.
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Actividad polémica
En julio anterior, se conoció que la empresa Artelec recibió una protección del Juzgado Concursal para evitar la quiebra, lo cual implicó que se detuviera el pago de un préstamo otorgado por el INS.
La aseguradora pública aprobó, en el 2015, un financiamiento por $10 millones a la empresa dedicada a la venta de electrodomésticos, de los cuales aún le adeuda $5,5 millones.
El Instituto reestructuró el crédito y le brindó cinco moratorias de pago a la empresa, a pesar de conocer el “deterioro de la situación financiera”, según documentos dados por el INS al Juzgado Concursal. Por el caso Artelec, la entidad estatal abrió una investigación la cual está en proceso.
Un informe del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) reveló, desde el 2018, que la aseguradora pública carga desde hace cuatro años con créditos malos por un saldo de $14,1 millones. Además, se alertó al INS y al Gobierno del riesgo a fondos públicos por la actividad crediticia.
