El deterioro que ha sufrido la estructura de la deuda pública estrecha cada vez más los bolsillos del Gobierno, lo cual puede llegar a tener fuertes repercusiones en todo el sector público, empresas y familias si eso llega a afectar su capacidad para hacer frente a los pagos.

La Contraloría General de la República alertó, en su Memoria Anual del 2017, que en solo dos años (entre el 2015 y el 2017), el Gobierno ha aumentado las deudas a plazos más cortos, a tasas variables y en dólares.

El porcentaje de deuda interna a menos de un año pasó de 15%, en el 2016, a 18% en el 2017; la parte a tasa variable subió de 12,3% a 20,1% en el mismo periodo, y en dólares escaló de 19,3% a 24,1%.

Si se considera la deuda externa, el porcentaje de deuda en dólares respecto al total del débito del Gobierno, sube al 40%, lo cual es un hito en materia de riesgo cambiario importante, según señala la Dirección General de Crédito Público y lo cita la Contraloría en su Memoria.

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Esta desmejora hace que el Gobierno tenga una gran presión por buscar nuevos préstamos para pagar los que se vencen y lo expone a mayores gastos ante aumentos en las tasas de interés y el tipo de cambio.

La premura por obtener recursos ya ha llevado al Gobierno a aumentar la obtención de recursos por medio de pagarés, los cuales, según explicó el economista y exvicepresidente de la República, Luis Liberman, son deudas a muy corto plazo, 15 días, un mes o dos meses, que se adquieren con instituciones públicas.

El porcentaje de pagarés en el 2017 sobrepasó el 40% del total de cancelaciones de deuda interna del Gobierno.

Liberman explicó que, generalmente, estos pagarés tienen una tasa más baja pero vencen todo el tiempo y si en algún momento una institución retira el dinero pone al Gobierno en problemas.

“Esa es una señal de lo que doña Rocío (Aguilar, ministra de Hacienda) ha estado diciendo de la premura que hay para arreglar el problema porque esto no es sostenible”, comentó Liberman.

Melvin Quirós, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, explicó que en virtud del recurrente deterioro fiscal, las expectativas de incremento en las tasas de interés y la incertidumbre sobre una solución permanente el Gobierno ha tenido que acudir a la colocación de pagarés del tesoro.

“Es importante considerar que este es un tema de oferta y demanda, ante la incertidumbre sobre aprobación o no de una reforma fiscal y la expectativa sobre tasas de interés del mercado en general”, explicó Quirós.

Otro indicador sobre el cual llamó la atención la Contraloría en su Memoria, es el de fondos generales del Gobierno respecto a los vencimientos de corto plazo.

En marzo del 2017, por cada ¢100 que debía el Gobierno a menos de un año tenía ¢15 disponibles de fondos generales, pero esa relación ha bajado y en febrero del 2018 era apenas de ¢3 disponibles por cada ¢100.

“Durante el año 2017, la liquidez del Gobierno se vio comprometida y este indicador (fondos generales respecto a vencimientos de menos de un año) mostró niveles aún más bajos que los observados en años anteriores, incluso en el mes de noviembre se ubicó en 0,9% y al final de año logró alcanzar un 4,3%.

Para inicios del 2018 el indicador vuelve a presentar una disminución, y a finales del mes de febrero se ubicó en 3%”, explica la Contraloría en la Memoria.

Sobre este escaso margen, Quirós comentó que el Gobierno no ha contado ni cuenta con un razonable margen de maniobra ante restricciones temporales de liquidez para mitigar el riesgo de financiamiento.

“La condición fiscal limita la implementación de una política de prefondeo, a través de la cual el Gobierno pueda mantener activos líquidos suficientes para cubrir el servicio de deuda correspondiente a un periodo predeterminado”, manifestó Quirós.

El Gobierno no tiene que tener en sus fondos el 100% de los préstamos que vencen a menos de un año porque siempre puede salir a captar, y mantener fondos también tiene un costo de oportunidad; no obstante, cuando más baja es la relación mayor es la presión que tiene por salir a captar.

Otro indicador similar a este, que investigó Liberman, fueron los fondos que el Gobierno tiene en el Banco Central.

Generalmente, el Gobierno mantiene los fondos en el Banco Central mientras los utiliza; no obstante, cada vez mantiene menos, y en dólares se aproximan a cero.

Repercusiones para todos

La contralora Martha Acosta, explicó que el deterioro en la deuda del Gobierno es un tema que puede llegar a afectar la capacidad operativa del Estado, a otras instituciones públicas que dependen de las transferencias del Gobierno, y a las familias y empresas costarricenses vía mayores tasas de interés.

“El problema del Gobierno Central también se puede transferir al resto de la institucionalidad, porque acuérdense que hay transferencias, entonces si el Gobierno está tan estrujado, va a tener que empezar a estrujar o a hacer recortes”, explicó Acosta.

“Va a hacer un momento sumamente complejo cuando no pueda transferir porque no logró colocar, ese es el tema del portafolio de la deuda, cada vez a más corto plazo, tasas diferenciadas, entonces colocar es más difícil porque los inversionistas saben que el Gobierno está desesperado, entonces le cobra más caro porque es mayor riesgo”, añadió la Contralora.

Liberman recordó que ya los bancos, el fondo del Régimen Invalidez Vejez y Muerte y las compañías de seguros han aumento de manera importante su tenencia de bonos del Gobierno, lo cual significa que no hay mucho campo para venderles más títulos, más allá del crecimiento normal que estas instituciones puedan tener.

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Ante las dificultades de financiamiento interno, el Gobierno pretende conseguir recursos por medio de una figura denominada contrato de colocación mediante la cual inversionistas extranjeros podrían adquirir títulos de deuda interna.

Si el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se aprobara se aliviaría la situación porque generaría recursos equivalentes al 1,29% de la producción, que aunque es poco respecto al 4,5% que, según el Banco Mundial se requiere para enfrentar el problema, abriría la puerta a Hacienda para negociar un crédito de $1.000 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual ayudaría a bajar las presiones actuales.