Las operaciones de crédito en proceso de cobro judicial en el sistema financiero nacional experimentaron, hasta junio pasado, una significativa disminución del 58% en los últimos seis años, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef)
Un informe estadístico de la entidad fiscalizadora reveló que la mayoría de las operaciones en estos procesos se concentran en préstamos de consumo, excluyendo las tarjetas y los vehículos, que representaron el 35% del total, y en vivienda, que ascendió al 30%.
Hasta mitad de año había 13.555 casos en proceso de cobro judicial, es decir, 18.692 operaciones menos que en junio del 2017. En ese momento, la cantidad alcanzó uno de sus puntos más altos, muestra la información de la Sugef.
Este descenso en el número de casos se mantiene constante desde diciembre del 2017 hasta junio del 2023, con la única excepción de un leve aumento en el periodo que abarca el segundo semestre del 2020, cuando impactó la pandemia de la covid-19.
Mario Hidalgo, socio líder de Impuestos de Grant Thornton, explicó que el proceso de cobro judicial es una vía legal que permite a un acreedor o prestamista asegurar la recuperación o devolución del crédito otorgado al deudor cuando este incumple con el pago y se agotan todas las vías administrativas posibles, sin lograr la recuperación del dinero.
Pese a la reducción de casos, durante el mismo periodo (junio 2017 a junio de 2023), el saldo de las operaciones en proceso de cobro se incrementó, al pasar de ¢269.789 millones hasta ¢309.660 millones para junio del 2023, según datos de la Superintendencia.
Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), señaló que la información disponible es limitada, ya que no se tienen datos relacionados con la antigüedad, los actores involucrados o los montos de los procesos judiciales.
Sin embargo, destaca que posibles razones para la reducción en el número de casos podrían ser que las entidades financieras estén llegando a acuerdos más fácilmente con los deudores, para evitar el cobro judicial o que las empresas estén vendiendo sus carteras antes de llegar a esa instancia.
Bancos evitan judicializar
Karen Leitón, gerente de cobros de Scotiabank para Centroamérica, explicó que la entidad ha implementado diversas estrategias para mitigar el aumento de los procesos judiciales, lo que ha contribuido a mantener la estabilidad en este segmento de su portafolio.
Leitón también mencionó factores como la reducción en el tipo de cambio del dólar, que beneficia a los deudores expuestos al riesgo cambiario, y el crecimiento de la economía como influencias en este comportamiento.
La Oficina de Comunicación del Banco Popular también detalló que la incidencia hacia la baja va ligada al aumento en el portafolio de productos que ofrece la entidad financiera para los deudores que se encuentren en una situación de impago de su obligación.
“Nos hemos abocado a establecer diversos programas de acompañamiento a clientes con algún problema de liquidez, en procura de adecuar sus deudas para que la negociación de pago sea sostenible en el tiempo”, aseveró la oficina de prensa del Popular.
La entidad destacó que reforzaron esa premisa ante los fuertes efectos que tuvo la crisis desencadenada por la pandemia, con alternativas para los deudores con problemas de pago. De esta manera, el cobro judicial se mantiene como la última opción.
Ronald Guerrero, director general de Crédito del Banco Nacional, manifestó que la reducción en esa entidad la observan desde el 2020, debido a la suspensión de procesos por la crisis sanitaria, así como por el reforzamiento de las áreas de arreglos de pago y restructuraciones crediticias para atender soluciones integrales de impago de clientes.
Guerrero añadió que también han hecho ajustes de tasa de interés para mitigar los aumentos internacionales. De igual manera, implementaron un esquema costo-beneficio para optimizar las operaciones que se gestionarán de forma más efectiva por la vía judicial por ser viables de recuperar.
Consecuencias
No obstante, a pesar de la disminución en los casos de cobro judicial en el sistema financiero, quienes enfrentan este proceso experimentan consecuencias significativas en su historial crediticio, lo que podría dificultar su acceso a préstamos en el futuro.
Ernesto Solano, abogado de la OCF, asegura que una de las consecuencias es la mancha en el historial crediticio, que persiste durante al menos 48 meses, y no puede eliminarse hasta que haya transcurrido ese plazo. Otras secuelas pueden incluir el embargo del salario, cuentas bancarias, así como de bienes muebles e inmuebles.
Solano también destacó que estos procesos suelen ser prolongados y no concluyen hasta que la deuda se haya saldado por completo. En caso de que el deudor se oponga al proceso de cobro judicial, la resolución actualmente demora aproximadamente un año.
Larga lista
A pesar de la disminución de las operaciones de crédito en proceso de cobro judicial en el sistema financiero en los últimos seis años, la cantidad total de casos de este tipo en Costa Rica sigue siendo considerable, según datos del Poder Judicial.
Hasta julio de 2023, el total de expedientes en proceso de cobro judicial alcanzó los 747.633, aunque esta cifra disminuyó durante los primeros siete meses de ese año, ya que en enero superaba los 807.000, según los datos del Observatorio Judicial.
En promedio, ese Poder recibe 11.293 nuevos casos de cobro judicial cada mes, mientras que se resuelven unos 8.070 expedientes mensuales. En julio pasado, ingresaron 9.743 casos y se finalizaron otros 9.189 procesos de cobro de este tipo.