EscucharEl Poder Judicial comenzará a afrontar apuros financieros para pagar las pensiones de sus jubilados dentro de tres años.
Así lo reconoció la institución en un informe elaborado por la Dirección Ejecutiva y el Departamento Financiero Contable, en setiembre anterior, del cual La Nación tiene copia.
El documento detalla que el sistema de pensiones tendrá, a partir de diciembre del 2017, un déficit operativo de ¢1.400 millones porque los ingresos serán insuficientes para cubrir la planilla de las personas retiradas.
Para enfrentar el pago de las pensiones, la Corte deberá recurrir a los intereses generados por las inversiones de las reservas del fondo, según el informe N.° 10380-DE-2014/241-FC-2014, elaborado por solicitud de la magistrada Doris Arias.
La proyección financiera hecha por el Poder Judicial adelantó el pronóstico hecho, hace dos años, por la firma argentina Melinsky, Pellegrinelli y Asociados.
Dicho estudio actuarial previó que el gasto superaría el ingreso por cotizaciones en el 2020, con la hipótesis de que los salarios crecerían 4% cada año.
La Corte hizo la estimación financiera tomando en cuenta los datos históricos de ingresos y egresos al 31 de agosto anterior. Así como la tendencia de pensionados de los últimos años.
Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, insistió en que el déficit operativo tiene solución, pues se trata de una situación coyuntural.
“Se están analizando medidas administrativas para evitar que se tenga que recurrir a los intereses de las inversiones para atender las obligaciones”, recalcó Romero.
Además, urgió la aprobación de la reforma al sistema de pensiones para volver al equilibrio. El Gobierno remitió este año una iniciativa legal al Congreso, redactada por la Corte, que daría estabilidad al régimen judicial, según Romero.
En enero anterior, la Superintendencia de Pensiones (Supén) aseguró que la reforma propuesta por la Corte era insuficiente para salvar el sistema.
La Supén propuso cerrar el régimen, que las pensiones de los jubilados actuales queden a cargo del Presupuesto Nacional y trasladar a los empleados activos al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial fue creado en 1937 y cuenta con garantía estatal. En agosto anterior tenía 3.350 retirados y un total de 12.526 empleados activos y una reserva de ¢390.000 millones, según los estado financieros.
Disparador. El Poder Judicial fundamentó el estrujamiento financiero del régimen al aumento de nuevos jubilados.
De hecho, la Dirección Ejecutiva advirtió de que, al 31 de agosto pasado, había un grupo de 195 funcionarios que cumplían los requisitos para retirarse. Si estas personas decidieran jubilarse, a partir del próximo año, el déficit operativo sería en el 2015.
No obstante, Édgar Robles, superintendente de Pensiones, dijo que el retiro de funcionarios no es el problema, sino las condiciones en las que acceden a la pensión los trabajadores.
“Debido a las pensiones millonarias (de los empleados judiciales) el fondo se desequilibra en el momento de jubilación de unas pocas personas”, enfatizó Robles..
Añadió que, en los últimos dos estudios actuariales contratados por la Corte, se puntualizó la creación de una brecha entre ingresos y egresos en el sistema; pero no se tomaron las medidas correctivas pronto.
La planilla mensual de pensionados judiciales asciende a casi ¢4.000 millones, de los cuales casi 650 personas –de lo s 3.350 jubilados– reciben el 40% de los recursos, según datos de Supén.
La Corte está actualmente en el proceso para contratar un nuevo estudio actuarial que evalúe el régimen de pensiones y recomiende medidas adicionales para darle sostenibilidad al fondo.
El Poder Judicial anuló, en octubre anterior, el contrato con la firma argentina Melinsky porque no obtuvo el aval del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas para hacer el análisis al sistema de pensiones.
