Aldesa Corporación de Inversiones (ACI) adeuda $9,9 millones al Ministerio de Hacienda por tributos sin pagar en los últimos cuatro años.
La morosidad corresponde a 14 de las 44 sociedades que conforman el grupo económico, así se detalla en el dictamen de curaduría, del pasado 3 de marzo y del cual tiene copia La Nación.
El grupo empresarial enfrenta 28 demandas de cobros por impagos en la vía judicial, de los cuales 21 procesos fueron presentados por el Ministerio de Hacienda, entre el 2018 y el 2020.
“En la situación tributaria de las empresas del grupo económico casi todas se encuentras morosas (...) sin embargo, esta institución (Hacienda) se encuentra legalizando créditos en este convenio y, por ende, varios de los procesos de cobro judicial se encuentran suspendidos”, enfatizó la curadora María José Vicente en su informe.
Aldesa confirmó a este diario que el monto es un acumulado, desde el 2017, que incluye intereses y multas.
La firma detalló que la deuda es parte del convenio preventivo de acreedores y es un pasivo revelado al Juzgado Concursal.
“Del monto, un 40% corresponde a retenciones sobre intereses que fueron declaradas pero no pagadas. El restante es de impuesto sobre la renta”, informó por escrito.
Elian Villegas, ministro de Hacienda, dijo que serán respetuosos del resultado del proceso en la vía judicial.
“Continuamos dándole el seguimiento adecuado al proceso. Eso es lo que le corresponde a Tributación y a la Dirección General de Hacienda, que es la encargada de llevar los procesos judiciales”, destacó Villegas.
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Adicionalmente, ACI tiene cinco sociedades que reporta una morosidad con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de ¢290 millones correspondiente a cuotas obrero-patronales.
“Actualmente, todas (las deudas) están en estado de cobro administrativo, de acuerdo a lo indicado por la administración (Aldesa) se han realizado acuerdos de pago con dicha institución, sin embargo, a la fecha muchos de estos acuerdos no se han podido cumplir y se mantienen en estatus de cobro administrativo con la posibilidad de que se inicien procesos judiciales”, se detalla en el documento de curaduría.
ACI es un grupo empresarial destinado principalmente al desarrollo inmobiliario. Está conformada por una división privada y otra regulada por la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
Aldesa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión que mantiene operación y administra tres instrumentos.
El más relevante es el Fondo de Desarrollo del Proyecto Monte del Barco, que es una iniciativa turística en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, en Guanacaste. En tanto que el puesto de bolsa y Aldesa Fideicomisos están sin operar.
La división privada y no regulada está conformada por más de 30 sociedades.
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Precisamente, ese segmento de ACI fue la que enfrentó problemas de liquidez, antes del 2018, y obligó a la empresa a acudir al Juzgado Concursal, para evita la quiebra, plantear un plan de salvamento y pagar sus deudas a más de 600 acreedores.
El 8 marzo del 2019, la empresa solicitó al Juzgado Concursal la intervención judicial. Sin embargo, en abril del año pasado, pidió la conversión del proceso a un convenio preventivo de acreedores como medida para evitar la quiebra de la empresa.
Estado de la deuda
El dctamen de curaduría muestra que, a marzo anterior, la deuda de Aldesa Corporación de Inversiones era de $222,4 millones.
La mayoría de los recursos corresponden a emisiones de deudas privadas por un monto de $171,5 millones.
En tanto que los pasivos con proveedores y entidades públicas asciende a $50,9 millones.
Aldesa comunicó que ya consiguió arreglos de pago firmados y ejecutados con acreedores por un valor de $75 millones, desde el año pasado, pero está por llegar a otros acuerdos.
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Entre los arreglos de pago están la entrega de la propiedad del proyecto Conde de Montecristo, en Puntarenas.
El terreno de Tierra Verbena, en Alajuelita; el edificio donde operaba la firma, en Curridabat; y el proyecto Terra Industrial Fase I, en Alajuela.
“Terra Industrial Fase I ya fue finiquitado y representó una reducción del pasivo por un monto de casi $5 millones. El resto de los proyectos se mantienen activos en distintas fases de avance y esperamos sirvan para reducir pasivos en otros $25 millones adicionales, con lo cual habríamos superado liquidación de pasivos por más de $100 millones”, recalcó la empresa por escrito.
En el caso del proyecto Monte del Barco, el dictamen de curaduría recomendó al Juzgado Concursal dictar medidas de protección contra el remate del 40% de los terrenos privados de la iniciativa.
“De ser rematados conllevaría la imposibilidad real de solventar la crisis por la que atraviesa (Aldesa)”, se detalla en el documento.
En febrero anterior, los bancos Lafise y Bancentro ejecutaron las propiedades, depositadas en un fideicomiso de garantía, por el impago de un préstamo por $4,9 millones más intereses.
ACI insiste en que hay varios procesos sin resolver contra dicha ejecución. Por ejemplo, un recurso de revocatoria, nulidad y apelación en el Juzgado Concursal.
“Los remates del Proyecto Monte del Barco comprometen la capacidad de pago del Fondo a sus acreedores, se mantiene en propiedad del Fondo cerca de 186 hectáreas sin gravamen alguno que incluyen, además de las concesiones, terrenos con vistas que tienen un importante potencial de desarrollo”, enfatizó Aldesa a La Nación.
La concesión a la que se refiere la empresa es a la otorgada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.
Adicionalmente, ACI enfatizó que aún existen disputas legales sobre dicho remate pendientes de resolución en los Tribunales de Justicia.