El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó este viernes el mecanismo de devolución de dinero de los clientes de Financiera Desyfin, entidad en proceso de cierre.
Según el acuerdo, difundido este viernes, 2.989 clientes recuperarán el 100% de los ahorros garantizados hasta por ¢6 millones. Este grupo representa el 74% del total de los depositantes.
Para el caso de los 1.031 clientes con recursos superiores a los ¢6 millones se les devolverá el 48,97% sobre dicho exceso y conforme a la fecha de vencimiento de sus depósitos, informó el Consejo en un comunicado de prensa este viernes.
La decisión permitirá una devolución de ¢63.839 millones, según el corte de mayo de 2025.
Federico Campos, abogado de la familia Lacayo Beeche, dueños de Desyfin, informó que ahora se abre la posibilidad de iniciar la venta directa de otros activos valiosos de la financiera al mejor postor y continuar con el proceso de recuperación de fondos para los acreedores.
“Esta situación representa una excelente oportunidad para bancos, cooperativas, financieras y empresas de arrendamiento del país, quienes podrán adquirir cartera de crédito”, apuntó Campos.
Desyfin fue intervenida por orden del Conassif el 13 de agosto de 2024. La decisión se fundamentó en un informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el cual reveló deficiencias en la gestión de la cartera de créditos y debilidades en la administración de la financiera.
Al momento de la intervención, Desyfin era la financiera más grande de Costa Rica con activos por ¢211.069 millones.
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El Conassif señaló que se están revisando los detalles operativos para devolver el dinero a los ahorrantes en el menor tiempo posible. La fecha y el procedimiento serán informados en las próximas semanas.
Sin venta de activos
El reintegro del dinero a los ahorrantes es posible, precisó la Administración de la Resolución, por la gestión de cobro de la cartera crediticia y al vencimiento de de inversiones financieras de Desyfin.
Además, permite reservar otros recursos para el pago de derechos laborales y de créditos privilegiados.
“Se descartó excluir activos y pasivos hacia otra entidad financiera (“banco bueno”), dado que la única oferta recibida presentó elementos técnicos y legales que no estaban alineados con los objetivos del proceso de resolución", se indica en el comunicado.
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La administradora del proceso de resolución, Marianne Kött, indicó que trabajan en alternativas que permitirían una devolución adicional a los ahorrantes, antes del inicio del proceso concursal previsto para el 9 de octubre, como fecha máxima.
El mecanismo de resolución, que es la segunda fase posterior al proceso de intervención, evitó el uso de los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) bajo el principio del menor costo, según lo establecido en la ley creadora del fondo, Ley 9816, debido a que el pago a los depositantes se realizará de manera directa, utilizando únicamente los recursos disponibles de la Financiera.
Las causas de la intervención
El informe de la Sugef detalló que Desyfin tenía estimaciones crediticias subvaluadas, lo que obligó a crear provisiones que consumieron el 50% de su patrimonio, el cual era de ¢11.701 millones a junio de 2024.
Durante la fiscalización, el equipo de interventores liderado por Kött determinó que Desyfin calculó incorrectamente el valor del riesgo de sus préstamos. Se revisó el 20% de la cartera crediticia, cuyo saldo total alcanzaba ¢125.341 millones a junio del año pasado.
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En el primer trimestre de 2024, las pérdidas de la financiera aumentaron de ¢3.318 millones a ¢13.679 millones, tras una fiscalización especial a 25 deudores, de los cuales 21 fueron reclasificados como de menor calidad. Estos clientes representaban el 20% de la cartera total.
La Sugef presentó denuncia ante la Fiscalía el mismo 13 de agosto. La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, en sus pesquisas determinó que la crisis de Desyfin fue provocada por un plan orquestado por los propietarios mayoritarios del Grupo Financiero Desyfin para obtener beneficios patrimoniales antijurídico.
