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Los bancos estatales deberán aplicar, en año y medio, un duro ajuste para reducir sus costos administrativos, bajar los márgenes de intermediación y disminuir las carteras morososas, para cumplir con las metas solicitadas por el presidente de la República, José María Figueres.
En medio de un discreto ambiente y media hora después de haber regresado de su visita a Washington, el mandatario se reunió anoche con las juntas directivas de los bancos Nacional, de Costa Rica y Crédito Agrícola de Cartago para conversar sobre un documento que el Banco Central había enviado el lunes a los directivos de estas entidades.
En el encuentro, en la Casa Presidencial, también participaron el ministro de Hacienda, Fernando Herrero; el presidente ejecutivo del Banco Central, Rodrigo Bolaños, y la segunda vicepresidenta, Rebeca Grynspan.
La reunión de anoche estuvo precedida por otra --el sábado pasado-- que Figueres sostuvo, antes de viajar a Estados Unidos para negociar con los organismos internacionales, con los directivos del Banco de Costa Rica que pertenecen al partido oficialista
En aquel documento --titulado Convenio entre el Gobierno de la República, Banco Central de Costa Rica y bancos comerciales del Estado-- se establece que estos se comprometen y obligan a "reducir el margen de intermediación financiera ... de manera que al 31 de diciembre de 1997, ese margen no exceda en ninguno de los bancos el 6 por ciento de los activos productivos".
El margen de intermediación financiera es la diferencia entre las tasas que pagan por ahorros y las que cobran por los créditos. Actualmente alcanza cerca de un 10 por ciento y se explica por los costos administrativos que tienen los bancos para trasladar dinero de ahorrantes a personas que ocupan recursos.
Por ello, la medida va encaminada a que los intermediarios ofrezcan intereses más altos por los ahorros y bajen sus tasas para préstamos.
En el documento mencionado, las entidades financieras también se comprometen a reducir los "costos administrativos y de operación como proporción de sus activos productivos... de manera que esa relación no exceda el 4 por ciento al 31 de diciembre de 1997". En el caso del Banco Nacional esa razón es del 5,30 por ciento.
También deben buscar formas para utilizar inversiones conjuntas y reducir la cantidad de créditos en mora.
Razones
Estos cambios, según la versión de Gobierno, buscan preparar a la banca estatal para enfrentar la competencia que les traerá la nueva Ley Orgánica del Banco Central, la cual está por aprobar la Asamblea Legislativa, en segundo debate, y que rompe el monopolio estatal sobre las cuentas corrientes.
Además, argumenta el Poder Ejecutivo, en esta misma ley se obliga al Banco Central a pagar a los bancos estatales ¢9.000 millones por pérdidas que registraron los intermediarios en 1982 por ajustes del tipo de cambio.
De esta forma, el Banco Nacional recibiría este año ¢7.800 millones y el Banco de Costa Rica, ¢1.240 millones.
Paralelamente, la nueva legislación del Banco Central establece la reducción en el encaje mínimo legal, que es un porcentaje de sus captaciones que los intermediarios deben mantener el Banco Central. De esta forma, las entidades podrán tener más dinero para trabajar.
Eventualmente, según el documento, el Gobierno les "fortalecería su patrimonio", es decir les inyectaría recursos a cada banco si cumplen con los objetivos y metas del convenio.
En los contratos de préstamo del Tercer Programa de Ajuste Estructural con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se menciona como equisito para iniciar el desembolso de los recursos la "readecuación patrimonial" de los bancos del Estado, así como la ejecución de un plan de acción para mejorar la eficiencia operativa y asignación del crédito de esta entidades.
Por esta razón --y debido a las urgentes reuniones entre Gobierno y bancos precisamente cuando el Presidente viajaba a Washington para negociar con el BID-- es que algunos directivos que pidieron el anonimato estiman que este acuerdo forma parte de las negociaciones del Poder Ejecutivo con esa institución.
Colaboraron con esta información Geannina Segnini y Rónald Espinoza, redactores de La Nación.
Acciones concretas
En el acuerdo que procuran el Gobierno y los bancos estatales, estos se comprometen a:
Reducir el margen de intermediación financiera (diferencia entre tasas de interés para ahorros y créditos), según un cronograma establecido, de tal manera que ese margen no supere el 6 por ciento de los activos productivos al finalizar 1997.
Coordinar entre los bancos estatales para ofrecer servicios en conjunto, de manera que puedan racionalizar sus costos e inversiones.
En secreto
El acuerdo del presidente de la República, José María Figueres, con los bancos estatales se comenzó a gestar hace varios días y se estima que forma parte de los acuerdos del Gobierno con los organismos internacionales, en el marco de las negociaciones del Tercer Programa de Ajuste Estructural.
El sábado pasado, antes de partir a Washington, Figueres se reunió con los directivos del Banco de Costa Rica que pertenecen al Partido Liberación Nacional: Hernán Acuña Sanabria (presidente), Sergio Egloff Gerli, Alvaro Rodríguez Gutiérrez y Mario Esquivel Volio.
El lunes por la mañana, los tres presidentes de las entidades estatales recibieron un fax que contenía la propuesta de un convenio entre el Gobierno y los bancos.
Los presidentes presentaron estos documentos a las juntas directivas este mismo día, y en el caso del Banco Nacional se pretendía que quedara aprobado de una vez, lo cual despertó una discusión.
Ese lunes, La Nación intentó insistentemente conversar con el presidente y directivos del Banco de Costa Rica, pero la respuesta de Acuña fue que no podía atender las consultas.
La discusión del documento continuó anoche en la Casa Presidencial, en un encuentro entre directivos y el mandatario.
Según se conoció, él concertó esta cita --desde Washington-- esta misma semana.
Bajar los costos administrativos y de operación proporcionalmente con sus bienes productivos, de forma que esta relación no sobrepase el 4 por ciento al 31 de diciembre de 1997.
Mejorar los procedimientos de concesión de créditos a efecto de que se evalúen correctamente la capacidad de pago de las personas a quienes prestan dinero, las garantías, la viabilidad de los proyectos que se financian y el historial de los clientes, con el fin de reducir los créditos morosos a un cinco por ciento al 31 de diciembre de 1997.
