EscucharMontevideo, 13 feb (EFE).- España hará todo lo posible para que Argentina y Uruguay logren un acuerdo que acabe con el conflicto por la construcción en Uruguay de la planta de celulosa española Ence, dijo hoy en Montevideo el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, mientras en Argentina continúan los bloqueos.
"España desea que haya un arreglo y una solución, y haremos todo lo que esté en nuestra mano para encontrar una solución, que estoy convencido de que se encontrará", expuso en una rueda de prensa Moratinos, en compañía de su homólogo uruguayo, Reinaldo Gargano.
Moratinos se reunió hoy en Uruguay con directivos de la empresa española Ence, que está construyendo una planta de celulosa en la orilla del Río Uruguay, frontera natural con Argentina, un proyecto que está siendo fuertemente contestado por colectivos ciudadanos y por el Gobierno del vecino país.
En el encuentro participó el consejero delegado de Ence, Juan Villena, y el director de la dirección de celulosas de la entidad.
Fuentes de la empresa dijeron que estaban "muy contentos por la presencia y el apoyo de las autoridades españolas a esta importante inversión".
Asimismo, mostraron su satisfacción por "la coordinación entre las autoridades de España y Uruguay".
El ministro español había llegado poco antes a Montevideo para una visita de poco más de nueve horas, que aprovechó para traspasar la presidencia pro témpore de la Comunidad Iberoamericana a Uruguay y reunirse con el presidente Tabaré Vázquez y con su homólogo uruguayo, Reinaldo Gargano.
Además, el canciller español dijo que hablaría del asunto con las autoridades argentinas cuando visite ese país el próximo miércoles.
Por su parte, la Asamblea Ambiental de la ciudad argentina de Gualeguaychú resolvió hoy continuar, "por tiempo indeterminado", con el bloqueo de uno de los tres pasos a Uruguay, en protesta por la instalación de las papeleras española Ence y la finlandesa Botnis.
Los vecinos aprobaron en asamblea seguir con el corte en el puente internacional General San Martín, que une a Gualeguaychú con la uruguaya Fray Bentos, donde se construyen las plantas de celulosa.
El conflicto dura ya más de seis meses y la tensión se incrementó al llegar el verano austral, porque, con él, comenzaron los cortes del paso por los puentes que enlaza los dos países, debido a las protestas desde el lado argentino.
Desde hace más de diez días, uno de los puentes fronterizos está cortado y más de 300 camiones no pueden circular.
El ministro uruguayo dijo que la situación es "muy grave" y que su gobierno estudia las posibilidades jurídicas con que cuenta, pero que ya ha "adoptado la decisión de recurrir judicialmente por los daños y perjuicios ocasionados por los cortes".
Por su parte, el Gobierno argentino ha anunciado que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para dirimir la controversia abierta con Uruguay, reclamación que prevé contar con el respaldo del Parlamento argentino, que esta semana debatirá un proyecto de resolución en apoyo a la decisión del Ejecutivo.
Los proyectos de Botnia y Ence supondrán una inversión de 1.800 millones de dólares (1.514 millones de euros), las mayores que ha recibido Uruguay en su historia.
Sin embargo, el Gobierno de la provincia argentina de Entre Ríos asegura que acumulará en 20 años pérdidas por 1.278 millones de dólares (1.075 millones de euros) en concepto de lucro cesante y daño medioambiental ocasionados por las papeleras.
Representantes de la organización ecologista Greenpeace se reunieron hoy con el ministro uruguayo de Medio Ambiente, Jaime Igorra, a quien presentaron una plan técnico de producción de pasta de celulosa sin contaminar el medio ambiente.
La propuesta fue entregada por el director político de Greenpeace para el Cono Sur, Juan Carlos Villalonga, y el coordinador del organismo en Uruguay, Juan Agustín Fernández.
El trabajo, titulado "El Futuro de la Producción de Celulosa y las técnicas de producción más favorables para el medio ambiente", reafirma la necesidad de que las plantas utilicen tecnología libre de cloro y circuitos cerrados de efluentes que eviten el vertido de sustancias tóxicas a los cauces de agua. EFE
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