De cada 10 trabajadores que hay en Costa Rica, 4 laboran de manera informal. Eso significa que carecen de un contrato formal de trabajo, pueden ser asalariados sin seguridad social, trabajadores no remunerados, o tienen empresas no inscritas o que laboran en forma ocasional.
Esta informalidad es más alta en grupos menos favorecidos. Por ejemplo entre mujeres es poco mayor al 40%, los mayores de 60 años y entre quienes no terminaron la primaria alcanza casi 70% y en personas de bajos ingresos es casi del 80%.
También es mayor entre trabajadores rurales y quienes trabajan en agricultura y servicios domésticos.
Sobre este tema llamó la atención la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe sobre Costa Rica del 2018.
Según la Organización, esta situación genera un círculo vicioso que alimenta la desigualdad pues las personas con pocas habilidades y acceso limitado a las oportunidades quedarán restringidas a empleos de baja productividad y con salarios bajos.
El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, comentó a este diario que otro problema de la informalidad es que como no existe un vínculo de la empresa con el trabajador, ésta no se preocupa en capacitarlo y ayudarle a aumentar sus habilidades, lo cual condena al trabajador a tener baja productividad y bajos ingresos.
Bajar cargas sociales
Para la OCDE hay tres factores que explican la alta informalidad en Costa Rica: las altas contribuciones a la seguridad social –donde los empleadores pagan una gran porción–, la complejidad de los salarios mínimos, que además son altos en comparación con otros países y la migración.
Por ello sus recomendaciones para reducir la informalidad en el país incluyen la posibilidad de reducir las cargas sociales para ciertos grupos vulnerables.
Una medida en este sentido tomó la Caja Costarricense del Seguro Social en el 2017, cuando bajó la contribución básica mínima para quienes trabajan en servicio doméstico y abrió la posibilidad de dividir la contribución entre varios empleadores.
También el Gobierno considera reducir la tasa de contribución de los empleadores para las empresas nuevas y pequeñas durante los primeros cuatro años de funcionamiento.
El ministro de Trabajo, Alfredo Hasbum, comentó que las altas cargas sociales (37% en Costa Rica versus 26% promedio países OCDE), son la principal razón que hace que haya un doble incentivo (para el patrono y el trabajador), de permanecer en la informalidad.
Por ello, añadió Hasbum, el Gobierno ha promovido acciones como: oponerse a incrementar las cotizaciones al fondo de pensiones, apoyar iniciativas que pretenden exonerar parcialmente a las nuevas pequeñas empresas de parte de las cargas sociales y promover programas de aseguramiento especial a poblaciones con un alto grado de informalidad.
Además, el desarrollo de una mesa de diálogo de informalidad que desembocó en un Acuerdo Tripartito (Empresarios, Sindicatos y Gobierno) adoptado en febrero de este año y promover el proyecto de ley número 19130, el cual se refuerzan las facultades de la Dirección Nacional de Inspección.
Natalia Morales, investigadora del Estado de la Nación, consideró que siempre al abrir portillos para algunos sectores hay riesgo de que otros se “colen o aprovechen”. No obstante, señaló que está de acuerdo en aplicar cotizaciones escalonadas a los emprendimientos, según los años de operación, para ayudarles a consolidarse en el mercado.
Para el economista Pablo Sauma hay que tomar en cuenta que la informalidad no se debe exclusivamente al no aseguramiento, sino que considera el pago de patentes, los registros contables, etc., por lo que las altas cargas sociales son solamente parte de la solución.
“Si las cargas son altas, especialmente el seguro de salud, es porque buena parte de la población no paga, especialmente los asegurados por cuenta del Estado (los pobres). Por ello, no se trata solo de reducir las cargas a unos grupos, sino redefinir la estructura del financiamiento del seguro social”, opinó Sauma.
Menos categorías de salarios mínimos
Otra de las propuestas de la OCDE es simplificar los decretos de salarios mínimos. Costa Rica bajó de 520 categorías de salarios mínimos en 1987 a 23 actualmente. No obstante, según la Organización, el sistema continúa siendo complejo y el salario mínimo para los trabajadores no calificados es 70% del salario promedio, que es más alto que en cualquier otro país de la OCDE excepto Turquía.
“Me parece que las recomendaciones sobre simplificar los decretos de salarios mínimos ayudaría a mejorar los mecanismos de control y regulación. De nada nos sirve tener salarios mínimos para tantas ocupaciones y que en promedio estén por encima de otros países de la OCDE si su incumplimiento es bastante alto”, opinó Morales.
Sauma explicó que desde el PAE III (Programa de Ajuste Estructural), en los años 80, se viene considerando la conveniencia de definir un único salario mínimo para todos los trabajadores; lo cual es difícil, pero cabe la posibilidad de una estructura más sencilla.
Además de simplificar los salarios mínimos, la OCDE recomienda mecanismos más rigurosos para asegurar el cumplimiento con las regulaciones . Señala que ya se han realizado varias mejoras, incluyendo el aumento de los recursos para la inspección laboral y la agilización de los procesos judiciales para las denuncias que se presentan ante los juzgados laborales.
Respecto a la inmigración, la OCDE explica que en Costa Rica los inmigrantes representan aproximadamente el 11% de la población adulta, que es una proporción mayor que la que se observa en otros países de la región y similar al promedio de la OCDE. Este es un sector con alta informalidad.
Según el organismo programas como el plan piloto de seguro de salud para los recolectores de café, 60% de los cuales son inmigrantes, deberían ayudar a promover una mayor inclusión.
Para Morales otras vías para reducir la informalidad son la consolidación de las redes de cuido pues las mujeres son una población clave en el empleo.
“Me parece que también es relevante activar políticas productivas, que dinamicen y eleven la productividad de muchos sectores económicos intensivos en mano de obra. Y simplificar trámites y apoyar a los emprendimientos también es muy relevante en la ampliación del sector formal”, opinó Morales.