El 12 de mayo, unos 2.500 encargados de empresas de todo el mundo recibieron la advertencia de que el sistema operativo GNU-Linux es ilegal, gracias a una carta del grupo SCO, un modesto desarrollador de este sistema.
SCO asegura que una versión de GNU-Linux que distribuye IBM, contiene fragmentos ilegales del código de otro sistema, el Unix V, del que SCO tiene los derechos.
Por este motivo, presentaron una demanda en contra de IBM por $1.000 millones.
Por su parte, IBM alega que el software que comercializa está en orden y que la acusación es infundada. Sin embargo, SCO asegura tener pruebas de la supuesta infracción.
Para algunos especialistas, la consecuencia más grave de esa acusación no afectaría a IBM, sino al floreciente mercado de programas libres, dado el temor que pueda generar entre los usuarios.
A diferencia de los programas de softwares tradicionales, por los cuales el usuario paga una licencia, los programas libres pueden ser adquiridos, modificados y distribuidos de manera gratuita. Provienen del trabajo voluntario de programadores de todo el mundo.
Aunque el proyecto de software libre se inició en 1984 de la mano de Richard Stallman, algunos de sus productos se hicieron famosos solo en los últimos años, como el GNU-Linux.
Esos programas se orientan a empresarios y funcionarios de gobiernos como opciones para programar miles de máquinas en su poder, de manera confiable y a un costo menor.
Desventaja
SCO anunció que de inmediato detendrá la producción y distribución del sistema, hasta que la situación se aclare.
No obstante, un litigio judicial de este tipo podría tardar años en resolverse, lo que dejaría en desventaja al resto de empresas que distribuyen productos basados en GNU-Linux.
“En la remota posibilidad de que SCO estuviera en lo cierto, cambiar el código no sería un problema mayor: solo habría que localizar los fragmentos el código y reescribirlos”, asegura Jaco Aizenman, de Free Software Consortium, un organismo que promueve el uso del software libre en varios países.
Lo que sí podría complicar la situación es que, como el mismo Aizenman dice, en algunos casos no se lleva un control estricto de lo que los programadores voluntarios incluyen en el código de soft-wares como GNU-Linux.
No obstante, el experto indicó que esta es una situación técnica a la que están expuestas todas las empresas que desarrollan programas, en especial las que utilizan grandes equipos de desarrollo.
“Ni siquiera Microsoft puede saber con certeza si en los códigos de sus programas alguien incluyó un fragmento ilegal”, aseguró.
La empresa SCO también fabrica la versión de GNU-Linux conocida como Caldera .