Inscribir una empresa transnacional en el país o reconocer un matrimonio efectuado en el extranjero dejarían de ser engorrosos procesos y se limitarían a un solo trámite.
Ello será posible mediante el sello especial apostilla que eliminaría los innecesarios requisitos de legalización de documentos públicos extranjeros.
Para ello, el país debe aprobar la adhesión a la Convención de la Haya, que desde el año 1961 creó esa figura.
El proyecto ya fue dictaminado el jueves pasado por los diputados de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa. Ahora deberá ser avalado por el plenario.
El sello sustituye el requisito de consularización de un documento público, al solo requerir su apostillado y ejecución por parte de un funcionario acreditado de un Estado parte. En el país, la autoridad apostilladora sería la Cancillería.
Hoy día, este proceso conlleva atrasos de semanas y hasta meses.
Esto porque los datos deben pasar por varias instituciones en su país de origen para luego ser enviados al consulado tico más cercano.
Los costos de estos trámites sobrepasan, sin tomar en cuenta la inversión en tiempo, los $800.
Además, incentivará la inversión extranjera, al hacer más fluidas las transacciones y reducirá costos en tiempo y dinero para empresas y usuarios.
Así las cosas, cualquier documento público que haya sido autorizado en el territorio de un Estado contratante tendrá efecto y validez en la nación que se requiera y que forme parte de la Convención.
Por ejemplo, un empresario que quiera hacer negocios aquí solo tendría que acudir a la autoridad apostilladora de su región y realizar el trámite para obtener el sello. Lo mismo tendría que hacer un empresario tico en similar posición.
Facturas, poderes, contratos, declaraciones juradas, certificados de nacimiento y policiales, destacan entre los documentos cuyo proceso de legalización se agilizaría, de aprobarse el proyecto en el país.
Cada documento apostillado cuenta con su propio consecutivo y registro para garantizar la seguridad y control de los sellos que se otorguen.
Además, se debe comprobar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y la identidad del sello o timbre que lleva.
A la fecha, 98 países han ratificado esta Convención.
Entre ellos destacan importantes socios comerciales del país como Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, Honduras y Panamá.