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El exdirectivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Pablo Sauma Fiatt, advirtió, en febrero del 2010, a la Junta Directiva de la “vulnerabilidad financiera” que presentaba la entidad.
Sauma hoy forma parte de la comisión que hará propuestas para salir de la crisis. El funcionario hizo las advertencias en febrero del 2010, luego de la presentación del informe de liquidación presupuestaria del 2009.
“La principal conclusión/recomendación es que, para reducir la vulnerabilidad y garantizar la sostenibilidad financiera de corto plazo del seguro de salud (por lo menos tres años), así como para realizar las inversiones requeridas y prestar los servicios de salud adecuadamente, el rubro ‘remuneraciones’ se debe manejar con mucha cautela y prudencia, tanto en el 2010 como en los años siguientes”, señaló Sauma el 11 de febrero del 2010, y así quedó consignado en el acta 8.421.
También advirtió que el grueso del pago de la deuda del Estado se concentraba en el 2008, el 2009 y el 2010 (¢90.000 millones), “pero después únicamente se recibirán ¢8.000 millones anuales. En cambio, los aumentos de salarios y aumentos en el empleo son permanentes (y crecientes)”, dijo.
Luego de dichas advertencias, el presidente en ese momento, Eduardo Doryan, comentó que se envió a la Contraloría un presupuesto del 2010 “prudente”, que esperaban mejoras en los ingresos por cuotas y que se estaban terminando de poner de acuerdo con el Estado para el arreglo de la deuda del 2008, y que se iniciaría la negociación de la del 2009.
Más tarde, en esa misma sesión, se aprobaron importantes incrementos salariales con el voto negativo de Sauma y los representantes del sector empresarial.
El expresidente Doryan señaló que compartió con Sauma sus preocupaciones.
A su vez, los representantes del sector empresarial, Renato Alvarado, Adolfo Gutiérrez y José Salas, apoyaron la posición de Sauma.
“En realidad, como sector empresarial, veníamos insistiendo muchísimo en que había que tener mucho cuidado con los aumentos salariales”, comentó Alvarado.
Gutiérrez y Salas pidieron remitirse al acta en la cual razonan su voto negativo.
“Gutiérrez Jiménez justifica su voto negativo pues considera que la documentación aportada no cumple con lo que el sector patronal hubiera querido, porque hace comparaciones con aspectos que no son comparables, así como parámetros que no son comparables y, principalmente, porque se ha venido sosteniendo que la situación económica de la institución llama a tener mesura”, señala el acta.
Jorge Chaves, representante del movimiento cooperativo en ese momento, opinó que el problema central del déficit actual no está en las remuneraciones.
“No es el aumento masivo a los pequeños trabajadores, a los que se encargan del paciente; no es eso lo que afecta a la Caja: es la falta de cobro efectivo, es el manejo, es el desperdicio, es inaugurar un hospital cuatro veces haciendo campaña política”, expresó Chaves.
Para él se debe ser más efectivo en el cobro al Estado y a los empresarios.
Eduardo Irías, representante sindical, opinó que en la Caja no ha habido aumentos salariales, sino ajustes dentro de un marco legal.
“En primer lugar, en la Caja no han existido aumentos salariales, sino que, por normas que han venido del Servicio Civil y por leyes de la Asamblea Legislativa, se han hecho ajustes”, opinó.
Por su parte, Edgar Cabezas Solera, quien fue representante del Estado en la Junta Directiva, explicó que el acuerdo de política salarial del gremio médico fue convocado en el Ministerio de Trabajo, Servicio Civil y otros, y la de los percentiles fue del Gobierno y afectó a todo el aparato (de la Caja).
“Lo de don Pablo siempre fue visto y discutido en esa y muchas otras ocasiones”, insistió Cabezas.
Añadió que “todo es complejo, es trascendente, y preocupa a todos, como lo expreso don Pablo. No es que no se le atendió”.
Las actas están disponibles en la página de Internet de la Caja.
