Denuncian a Infocoop por supuesto desvío de fondos de bancos

Se trata de una operación en la cual Infocoop ordenó pagar una deuda por ¢1.050 millones que tenía el Consorcio Industrial de Palma Aceitera (CIPA) con el Banco de Costa Rica (BCR).

La Contraloría reconoció que el caso está la etapa de admisibilidad, donde se definirá si cabe la investigación, o se desestima. Por eso, no se identifican los denunciantes.

Según la denuncia, de la cual La Nación tiene copia, la administración del Infocoop habría ordenado al BCR, en enero pasado, que se pagara los ¢1.050 millones del monto del 10% de sus ganancias que por ley debe trasladarle.

La supuesta irregularidad está en que el Infocoop ordenó la retención del monto en el BCR, sin que se le trasladarán los fondos.

Además, la administración del Infocoop, presuntamente, tomó la decisión sin tener acuerdo de la junta directiva, como lo exige el procedimiento normal establecido en esa entidad.

En mayo, se habría tratado de corregir el procedimiento, pero luego de la transacción de enero.

Los bancos del Estado deben depositar el 10% de sus ganancias en una cuenta especial del Instituto. Lo pueden hacer en cualquier momento del año.

Error material. Freddy González, presidente de la junta directiva del Infocoop cuando se dieron las transacciones, reconoció que hubo un “error material” en este caso, pero aseguró que luego se corrigió y se hizo todo de manera transparente.

Se hizo, agregó, todo el procedimiento para aprobar un préstamo, por los ¢1.050 millones a la Cooperativa de Agricultores de Palma (Coopeagropal). Esa entidad, administradora de CIPA, pagó al BCR y ahora la deuda es con Infocoop.

Mario Rivera Turcios, gerente general del Banco de Costa Rica , también reconoció que hubo una orden escrita del Infocoop para usar recursos de la transferencia para atender la deuda del CIPA, pero luego se frenó .

Según Rivera, el BCR no hubiese violado la legislación.

“No observamos que se haya incurrido en ninguna situación irregular. Además, el ordenamiento jurídico no establece procedimientos específicos para la cancelación de operaciones de crédito, como la que en este caso se llevó a cabo”, dijo Rivera.