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Ambas estructuras estaban dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Incluso, con los propietarios del primer inmueble hubo un litigio que se extendió 18 años.
Y la sombra de más demoliciones se cierne sobre otro puñado de locales ubicados en zonas como Cahuita, no muy lejos de donde se hallan los escombros y las piscinas de agua verde de los otrora Las Palmas y Suerre.
“Nos sentimos atacados; es una gran incertidumbre, porque aquí está nuestro pan y el de nuestros trabajadores. Lo poquito que tenemos es para ofrecerle al turista un paraíso en balance con la naturaleza”, manifestó Leda Villa, residente en Cahuita.
Ella es propietaria del restaurante Sobre las olas, uno de varios inmuebles que estarían en la mira del Minaet para demolerlos porque, según reconoció Villa, están dentro de los primeros 200 metros de la zona marítima frente al mar, y que son propiedad del Estado.
Entre los negocios en fila hay cabinas, restaurantes y hoteles pequeños, en su mayoría operados por costarricenses.
Villa reconoce que la entidad debe cumplir con la legislación, pero aboga por que el Estado “no desproteja a quienes hemos invertido años de esfuerzo en tener construcciones que tienen un impacto mínimo en la naturaleza y generan empleo y bienestar”.
No fue posible obtener el criterio de las autoridades del Minaet al cierre de esta edición.
Empero, reconoció que los empresarios deben “recibir un mejor acompañamiento, asesoramiento, para que cumplan con las normativas y no se vean expuestos a una situación complicada y difícil”.
Allan Hidalgo, jerarca de Japdeva, recalcó que esta situación radica en “problemas de ordenamiento territorial”, los cuales se resolverían con la existencia de planes reguladores.
“Japdeva hace sus planes, pero marchan lentos; esto hace que las personas y los empresarios no puedan titular, lo cual resta competitividad”, aseguró.
Allan Flores, ministro de Turismo, se hizo eco de la necesidad de que la zona cuente con planes reguladores que permitan “consolidar el desarrollo turístico” de la franja sur caribeña. “Tenemos que ponernos de acuerdo todos, porque no hay desarrollo turístico sin infraestructura, pero siempre respetando la ley”, señaló.
