EscucharUn grupo de los 46 empleados que despidió el sistema Fedecrédito -propietario del intervenido Banco Federado y de la firma, en proceso de quiebra, Coovivienda- inició la presentación de demandas judiciales ante la negativa de pago de los derechos laborales.
El martes fue tramitada la primera ante el Juzgado de Trabajo, y hay otras 15 para entregar -solo falta la firma de los demandantes-, dijo el abogado de los empleados cesados, Francisco Hernández.
Este grupo de extrabajadores conformaba la denominada matriz del sistema Fedecrédito, cuyos socios son 41 cooperativas de ahorro y crédito de todo el país. Fedecrédito cuenta entre sus empresas a Coovivienda, dedicada a ese sector y en proceso de liquidación desde el 13 de agosto, después de enfrentar problemas de liquidez.
Además, es dueña del Banco Federado que -también por problemas liquidez- solicitó, el 2 de setiembre, la intervención de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Tres días después de la medida en el Federado fueron despedidos unos 51 funcionarios de la parte matriz de Fedecrédito. Algunos fueron luego recontratados por el Banco Federado, por lo cual se estima el número final en 46. A partir de ese momento, narraron algunos afectados y su abogado, la firma les solicitó ser comprensivos y pidió tiempo para tramitar los derechos laborales.
Se calcula que, en total, la firma debe entre ¢30 millones y ¢35 millones. El grupo bajo el respaldo del abogado Hernández reclama unos ¢10 millones.
Hernández afirmó que en Fedecrédito nadie quiere responder a las quejas de los empleados, mientras algunos de ellos dijeron que el apoderado generalísimo y único que puede autorizar pagos y otros es Wílliam Hernández Vargas. Pero este negó ayer tal versión y dijo que el único apoderado es el gerente general del sistema, Mario Vargas, quien desde hace casi tres meses está fuera del país.
