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Seguimos analizando las implicaciones fiscales de la economía digital, ahora enfocados en qué consiste el CARF, cómo podría afectar el mercado local de criptoactivos, y los retos que este reporte generará desde la perspectiva de cumplimiento fiscal y regulatorio en Costa Rica.
El CARF (Crypto Asset Reporting Framework) es un marco normativo desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que entrará en vigor en 2026, con el objetivo de garantizar la supervisión y regulación de los criptoactivos en el ámbito internacional. Además, busca incrementar la transparencia fiscal y la cooperación entre países, para evitar la evasión fiscal y actividades ilegales como el lavado de dinero y terrorismo.
¿Cómo podría afectar el CARF a los tenedores de criptoactivos?
Serán responsables de recopilar información sobre los usuarios de criptoactivos, las personas (físicas o jurídicas), y empresas o instituciones financieras que operen con ellos, como: plataformas de intercambio, proveedores de billeteras digitales, brókers y custodios de activos digitales, así como instituciones financieras, por ejemplo, un banco que integre criptoactivos en sus operaciones.
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Dentro del amplio espectro de activos digitales que estarán sujetos a ser reportados en el CARF están las criptomonedas clásicas (bitcoin, Ethereum, Litecoin), etc., los tokens digitales, stablecoins, activos digitales emitidos en plataformas blockchain públicas y privadas, entre otros.
La posible implementación del CARF, a partir del 2026 en Costa Rica, marcará un antes y un después en la regulación y supervisión de criptoactivos a nivel global. Implica un desafío tanto para las empresas que operan con activos digitales, como para los usuarios que cada vez más incorporan estas nuevas formas de inversión y transferencia en sus finanzas.
La adopción de este marco fortalecerá la transparencia fiscal y contribuirá a combatir la evasión y el lavado de dinero, pero también exigirá un mayor compromiso de cumplimiento y adaptación tecnológica.
En este contexto, resulta fundamental que tanto reguladores como actores privados y usuarios finales estén preparados para este cambio, promoviendo un ecosistema de criptoactivos más seguro, responsable y alineado con los estándares internacionales.
