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La figura del silencio positivo que permite dar por aprobada una gestión pública si no tiene respuesta una vez vencido el plazo, se quedó en el papel de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.
La conclusión surge porque ningún caso se ha resuelto por esa vía entre el 2013 y el 2014, según un recuento solicitado al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), luego de que la reforma a la ley entró en vigencia a inicios del 2012.
El MEIC es el coordinador de las mejoras en el tema regulatorio y de tramitomanía por parte del Gobierno.
Según el reporte del MEIC, solo dos casos se tramitaron para lograr el silencio positivo en el 2013 y uno en el 2014. Sin embargo, en ninguno era aplicable la figura, pues las gestiones solicitadas podían afectar la salud y el ambiente y son excluidas por resoluciones de la Sala Constitucional.
Motivos. Dos son las razones centrales que afectan la figura, de acuerdo con la consulta a varios actores. Una, muchas limitantes de aplicación de la ley y, dos, el temor de los ciudadanos a denunciar por posibles represalias.
En respuesta a un correo electrónico, el MEIC dijo que se establecieron excepciones por disposición constitucional o de ley.
Roberto Obando, director ejecutivo de la Cámara de Insumos Agropecuarios, se quejó de que quedan excluidos trámites relacionados con temas de salud humana, salud, animal, salud fitosanitaria y ambiente.
Eso libra de la figura a entidades como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).
Por ello, dijo, la fuerte presa de solicitudes en esas entidades se mantiene. Además, el MEIC recordó que el “silencio positivo” se limita a permisos, licencias y autorizaciones. Agregó que el ciudadano debe demostrar que cumplió con todos los requisitos necesarios mediante la presentación de una declaración jurada.
Erick Ulate, presidente de la Asociación Consumidores de Costa Rica, señaló que los viceministros encargados de lo administrativo son los que deben velar por la aplicación de la ley contra la tramitomanía, pero aseguró que muchos de ellos ni siquiera lo saben. Coincidió con Obando acerca del temor que tienen los ciudadanos a recibir represalias.
Según Ulate, las contralorías de servicios, encargadas de recibir las quejas, son inoperantes y sirven para atajar a los usuarios, en vez de alentarlos.
El viceministro del MEIC, Carlos Mora, reconoció que ha detectado algún temor de los ciudadanos a presentar quejas. Empero, dijo que la ley es un gran paso y se han hecho reformas, como la del 2012, para mejorarla.
Guillermo Carazo, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), afirmó que las empresas se inhiben de presentar solicitudes de “silencio positivo” porque son las mismas entidades las que deben resolver y se convierten con ello en “juez y parte” del proceso.
