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El proyecto de ley para crear el Fondo de Estabilización Arrocero, que beneficia a grandes productores, salió del archivo y está de nuevo en agenda legislativa.
El plan fue reactivado por la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Nidia González Moresa, ligada al sector arrocero de la zona norte del país.
Se revivió pese a los cuestionamientos de la Contraloría General de la República, en agosto del 2004, a la aplicación de ese fondo mediante un decreto en el 2003.
La investigación de la Contraloría encontró que los 33 mayores arroceros (3% del total) recibieron el 50% de los $4,48 millones que repartió el fondo.
El monto mayor se le entregó a la firma El Pelón de la Bajura, con $476.110, mientras que 774 arroceros (el 71% del total) recibieron montos menores a los $2.000.
La Contraloría concluyó entonces que la repartición no fue equitativa y que en lugar de cerrar la brecha entre los grandes y los pequeños la amplió.
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) incumplió su misión de ayudar a los productores más pequeños.
El fondo recaudó las ganancias obtenidas al importar arroz a precios bajos y sin pagar el arancel de 35% y venderlo sin bajar el valor al consumidor.
El parámetro para repartirlo fue el volumen de producción.
Intentos de ley. El Gobierno derogó el decreto del fondo ante los cuestionamientos, pero el sector arrocero reactivó esfuerzos por convertir la iniciativa en ley.
En agosto del 2005, la Contraloría emitió un informe de seguimiento de sus investigaciones en Conarroz y denunció que el proyecto de ley reproducía un modelo exactamente igual al impugnado en el 2004 para crear el Fondo Nacional de Estabilización Arrocero.
Luego de cuestionamientos de varios sectores, el proyecto se estancó en la agenda legislativa.
Pero ahora está de nuevo a la espera, supuestamente dentro del paquete a impulsar como agenda de desarrollo para aliviar el impacto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
El grupo de proyectos incluye la Corporación Frijolera y la Corporación Hortícola, que reproducen privilegios de fijar desabastecimientos, momentos de compra del producto, distribución de cuotas, márgenes de intermediación y otros privilegios parecidos a los de la ley de Conarroz.
Un grupo de organizaciones opositoras a las corporaciones inició un plan de combate.
Aseguran que se trata de monopolios privados que tienen cautivos a todos los consumidores nacionales para el beneficio de grupos.
El presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), Óscar Campos, dijo que "esos abogados y grupos defienden a monopolios extranjeros y a transnacionales que se apropian de los negocios y no admiten competencia".
En todos los frentes. La Asociación de Consumidores Libres, Consumidores Libres de Costa Rica, el grupo de consumidores Alerta, la Cámara Nacional de Industriales de Granos, Wallmart Costa Rica y la comercializadora e importadora de arroz Rosa Tropical, coincidieron en la lucha contra las corporaciones en la Asamblea Legislativa y se unieron.
Su posición se sustenta en tres puntos generales: no más corporaciones, no crear nuevos privilegios a las existentes y terminar con los privilegios de las actuales.
Juan Ricardo Fernández, de la Asociación de Consumidores Libres, enfatizó que antes de aprobarse la ley de Conarroz, en abril del 2002, la Defensoría de los Habitantes y la Comisión para Promover la Competencia concluyeron que se trataba de un monopolio.
Sin embargo, se aprobó por maniobras políticas.
Campos refutó esa posición basado en pronunciamientos de la Sala IV y de la Procuraduría General de la República, donde se concluyó que Conarroz no es un monopolio.
Erick Ulate y Gilberto Campos, de Consumidores Libres, denunciaron un sobre precio pagado por todos los consumidores, pues se usa el modelo de costos del arroz para pequeños agricultores en la fijación de las cotizaciones.
Los grandes productores tienen menores costos por volumen y, por tanto, obtienen mayor ganancia.
Calcularon que tanto en sobre precio local como en el diferencial de precio del arroz importado (se compra barato y se vende a precio más fijado) se recaudarán ¢2.431 millones en el año 2005-2006.
Campos reconoció que Conarroz obtiene algunas ganancias por la importación del grano sin pagar aranceles, pero dijo que los recursos se destinarán a investigación y transferencia de tecnología.
Reconoció también que una parte de los recursos se guarda con miras al eventual Fondo de Estabilización. Dijo que calcula la reserva en unos $1,5 millones (¢768 millones).
El sector arrocero está de acuerdo en una revisión del proyecto de ley del fondo y en cambios propuestos por sectores para hacerlo equitativo, según Campos.
