José Luis Arce. 22 mayo

El texto sustitutivo, presentado por el Ejecutivo, al proyecto de Ley Marco de Empleo Público contribuye a crear expectativas positivas de un abordaje amplio a un tema crucial para el sector público costarricense.

Ciertamente, el diablo está en los detalles, no solo jurídicos, sino que, en especial, en la forma en cómo se conduzca la discusión política – tanto legislativa, como en la arena de los grupos de interés – asociada con él y, sobre todo, el talante de las partes que, sin duda, entrarán en conflicto por las implicaciones que esta reforma conlleva.

¿Por qué es necesaria una reforma al empleo público en el país? ¿Por qué el proyecto ley depositado en la Asamblea Legislativa parece, en principio, ir en la dirección correcta?

Primero, es fundamental que la discusión en torno a este proyecto de ley se construya en clave de mejoramiento de la acción gubernamental; dentro de lo cual, el asegurarse la atracción de talento humano y profesional a las administraciones públicas es fundamental y esto pasa, necesariamente, por garantizar remuneraciones competitivas, medición de desempeño objetiva y apropiados incentivos – tanto premios como castigos – en función de los resultados que entreguen los funcionaros fiscales.

En esta dirección, el moverse hacia un esquema de salario global y un mecanismo de medición de desempeño moderno y efectivo serían cambios significativos frente al escenario actual, en donde remuneraciones basadas en antigüedad impiden que, especialmente en el Gobierno Central, se atraiga talento joven y, que sin apropiados incentivos se dependa de la ética de trabajo y de la responsabilidad individuales – que ciertamente hay mucha en el sector público – para que los habitantes disfruten de una acción pública efectiva y de calidad.

La segunda razón para aplaudir el abordaje de esta discusión tiene que ver con la equidad y el fortalecimiento de la gobernabilidad. A lo largo del tiempo, principios incluso constitucionales de independencia y autonomía han conducido a que, en una interpretación que termina derivando en abusos, las políticas de remuneración en muchas instituciones públicas terminaran siendo capturadas por grupos de interés, conduciendo a excesos y disparidades injustificables en los niveles salariales, al punto que en un reflejo extremo de irresponsabilidad de los administradores de turno han llevado a algunas de ellas a problemas de sostenibilidad económica y financiera.

La discusión no debería centrarse en un debate abstracto acerca de los principios de autonomía e independencia, sino en cómo garantizar mecanismos de gobernanza y de rendición de cuentas que impidan que rentas ilegítimas terminen siendo distribuidas a vista y paciencia de las autoridades – y en ocasiones con su complicidad – en detrimento de la confianza de los habitantes en lo gubernamental y en el sistema político. Son dos discusiones diferentes, querer asimilarlas será sin duda una estrategia de algunos grupos para polarizar e interrumpir de facto la deliberación democrática.

Finalmente, es fundamental que la discusión no tome una deriva excesivamente fiscalista. Sin duda, las remuneraciones han sido un disparador clave del gasto y del déficit gubernamentales en los últimos años, pero la reforma al empleo público debe atender, primero, el objetivo de mejorar el funcionamiento gubernamental, insuflar transparencia, equidad y sostenibilidad a la política de empleo y salarios y no pensarse sólo como una forma de recortar gastos.

El debate en las próximas semanas no será sencillo. Ojalá se imponga un clima de discusión reposado, basado en evidencia y, sobre todo, profundamente democrático que impida que grupos políticos o de interés secuestren el debate conduciendo a puntos muertos y vetos de facto. Ojalá el Ejecutivo también se tome con seriedad la tarea de impulsar este proyecto y no dejarlo huérfano en el legislativo, por falta de convicción en él o por cálculo electoral. Este podría ser una de las reformas por las que se recuerde al presidente Alvarado.