Hace unos años me ocupé dos veces del arroz en esta columna, y en ambas ocasiones con poco optimismo. La primera fue cuando la administración Alvarado reculó en su intención de liberar el precio del grano. Escribí entonces que la marcha atrás era una señal política atroz —repetida, para ser justos, por al menos cinco administraciones— y que reflejaba cómo Ejecutivos cada vez más débiles seguían perpetuando la captura de las políticas públicas por grupos de interés organizados.
La segunda fue en 2022, cuando la Ruta del Arroz de la administración Chaves desmontó de un tajo los dos pilares del esquema: la fijación administrativa de precios a lo largo de toda la cadena y un arancel del 35% que aislaba al mercado de la competencia externa.
Celebré el diagnóstico y advertí sobre el diseño. Dije que la reforma solo valdría la pena si los precios al consumidor bajaban de verdad, y que para eso hacía falta competencia suficiente en los eslabones de comercialización, de modo que lo que antes era arancel y renta de productores e industrializadores no se convirtiera, simplemente, en ganancias oligopólicas para importadores y comercializadores. Si no se andaba ese camino, escribí, la ruta sería un espejismo.
Cuatro años después, el capítulo sobre el arroz que preparé para el estudio –elaborado junto con el experto en derecho de competencia Alan Thompson– sobre promoción de la competencia de la Academia de Centroamérica y la Fundación Konrad Adenauer permite revisar aquellas afirmaciones con series mensuales hasta junio de 2026 y no con intuiciones. Conviene hacerlo con franqueza, que es lo menos que puede pedírsele a quien opina en público: en qué acerté, en qué me quedé corto y qué no alcancé a ver.
Empiezo por lo que resistió bien la prueba. El esquema anterior era, simple y llanamente, un mecanismo de extracción de rentas. El artículo 5 de la Ley 7472 concibe la regulación de precios como una excepción temporal —revisable en plazos no mayores de seis meses y sujeta a que subsistan las condiciones que la motivaron—; el arroz la convirtió en régimen permanente durante décadas. La Coprocom lo advirtió una y otra vez —en 2020, en su opinión OP-16-20, pidió en términos enfáticos eliminar la regulación— y la OCDE, a la que el país se adhirió en 2021, lo tenía entre sus objeciones.
El carácter regresivo tampoco era una conjetura. El último ajuste antes de la reforma, en julio de 2021, subió el precio del arroz 80/20 en ¢60,42 por kilogramo —casi 10%— y lo llevó a ¢672,72. Esa decisión benefició a un número reducido de productores —del orden de 1.355— y a sus intermediarios, y la pagaron millones de hogares, con mayor intensidad los que dedican al cereal una porción mayor de su gasto. Beneficios concentrados y costos difusos: la receta clásica de una política que todos saben mala y nadie logra remover.
Y el diseño institucional ayudaba. Conarroz reunía en un mismo órgano a productores e industriales, recomendaba los precios y administraba la política sectorial: un espacio de coordinación entre quienes deberían competir, amparado por ley. Dije en 2022 que no podía seguir cumpliendo solo un rol de grupo de interés; no hay evidencia de que haya dejado de hacerlo.
Ahora, lo que dicen los datos sobre el precio, que era la prueba decisiva. Durante los primeros 19 meses de vigencia de la reforma el precio al consumidor no bajó: subió cerca de 3,75%. Entre agosto de 2022 y marzo de 2024 el alza acumulada fue de 4,66%, mientras los precios internacionales del arroz subían 27,3% y el colón se apreciaba 23,5%. El Gobierno sostuvo, con alguna razón, que la reforma evitó aumentos mayores en plena escalada mundial del grano. Es cierto. Pero una reforma cuya promesa era abaratar el arroz no puede defenderse solo por lo que impidió.
El precio local tocó su máximo en febrero de 2025, un 9% por encima del nivel de agosto de 2022. Solo entonces empezó a ceder, y en junio de 2026 se situaba 12,1% por debajo del nivel de la reforma — apenas por debajo, de hecho, de donde estaba en diciembre de 2020—. Hubo, pues, una baja. Tardía, pero real. Las preguntas son de dónde vino y cuánto se quedó en el camino.
La respuesta a la segunda es incómoda. En ese mismo lapso, el costo de reponer arroz importado —el precio internacional multiplicado por el tipo de cambio— cayó 31,7% si se toma como referente el arroz uruguayo, que es el proveedor marginal del país, y 45,2% si se toma el estadounidense.
De cada colón de abaratamiento del costo de reposición, entre un cuarto y poco más de un tercio llegó a la mesa de los hogares; el resto se quedó en la cadena. La brecha entre el precio al consumidor y el costo de reposición —lo que el estudio llama la cuña doméstica: el margen agregado de importadores, piladoras y distribuidores— se mantuvo estable hasta 2024 y después se disparó. Llegó a estar 48% por encima de su nivel de la reforma en febrero de 2026 y cerró el período 29% arriba contra el referente uruguayo y cerca de 60% contra el estadounidense.
La respuesta a la primera es aún más incómoda. El colón se apreció 31% entre agosto de 2022 y junio de 2026, y el precio internacional del arroz uruguayo terminó prácticamente donde empezó —bajó 1,1% entre extremos, tras un fuerte repunte en 2023—. La baja del costo importado fue, en lo esencial, cambiaria. Medido en dólares, el arroz al consumidor costarricense no bajó: subió 27,3%. Sin un colón fuerte que abaratara las importaciones, el precio en las góndolas habría subido. El alivio que recibió el consumidor fue un dividendo cambiario, no competitivo. Y un dividendo cambiario es, por definición, temporal: se devolvería cuando el tipo de cambio se mueva en sentido contrario.
Hay además una asimetría que cualquier economista reconoce. Cuando el precio internacional se disparó en 2023 —el precio de exportación uruguayo subió cerca de un tercio en dólares— el precio local no acompañó del todo esa alza, lo que alivió transitoriamente al consumidor.
Cuando el costo de reposición se desplomó entre 2024 y 2026, el precio local tardó en ceder y la cuña se ensanchó. Precios que amortiguan los choques al alza con los inventarios y se demoran en reflejar los choques a la baja: esa es la firma de un mercado con poder en los eslabones intermedios, no la de un mercado competitivo.
Los inventarios del sector promedian cuatro meses y medio y explican parte del rezago; no explican por qué, pasados cuatro años, la caída acumulada sigue siendo un tercio de lo que permitían las condiciones externas.
La comparación regional lo confirma por contraste. En los episodios de liberalización comercial de Colombia y Perú, documentados por el BID y la Fundación Konrad Adenauer en 2025, las rebajas arancelarias se trasladaron casi íntegramente a los consumidores: una rebaja de 10% movía los precios en frontera menos de 0,6%. Pero en Colombia fueron las empresas pequeñas y medianas las que trasladaron el ahorro, mientras los importadores grandes retuvieron una parte mayor en forma de márgenes. La diferencia entre Costa Rica y esos casos no está en el instrumento arancelario, que es el mismo, sino en las condiciones de competencia sobre las que operó. Es, palabra por palabra, lo que temía en 2022.
Lo que no alcancé a dimensionar fue la velocidad y la profundidad del reacomodo del lado de la oferta. Sabía que la producción nacional era estructuralmente cara y que sin protección buena parte no sobreviviría; no anticipé que ocurriera en dos ciclos agrícolas.
Entre 2021/22 y 2023/24–2024/25 la producción nacional cayó 57%, de 153.173 a 66.090 toneladas; el área sembrada, 61%, de 35.301 a 13.709 hectáreas; el número de productores activos pasó de 534 a 284; y el empleo directo e indirecto del sector se redujo de unos 33.000 a unos 15.000 puestos.
Las importaciones crecieron 44%, de 198.881 a 286.280 toneladas, y la participación del arroz nacional en el abastecimiento cayó de 44% a 19%. Cuatro de cada cinco kilos de arroz que se consumen hoy en el país son importados.
Parte de ese ajuste habría ocurrido de todos modos —costos altos, clima adverso, una brecha de competitividad que la protección solo disimulaba—, y conviene decirlo para no sobreatribuir. Pero el diseño de la reforma, al retirar al mismo tiempo el precio de sustentación y el arancel sin un acompañamiento proporcional, removió el amortiguador y aceleró la sustitución.
Hubo hasta desvío de comercio: como el arroz estadounidense ya entraba sin arancel por el DR-Cafta, la rebaja favoreció en términos relativos a los orígenes sudamericanos, y las exportaciones de Estados Unidos hacia Costa Rica cayeron cerca de 98% en 2023. Cuando un tribunal suspendió la rebaja en 2024, la demanda de arroz estadounidense repuntó de inmediato. El patrón de comercio se redibujó con la misma velocidad que la producción.
¿Quién capturó, entonces, el excedente? La evidencia apunta en una sola dirección. La factura de importación de arroz, que rondaba entre $45 millones y $63 millones anuales hasta 2021 y no varió en 2022, saltó a $139 millones en 2023 y a $156 millones en 2024, antes de retroceder a $111 millones en 2025 cuando cedieron los precios internacionales. El valor unitario en frontera subió 77% con el episodio del veto exportador de India, de modo que no todo el salto es cantidad; pero el canal importador pasó de mover unos $60 millones al año a cerca de $150 millones.
El margen bruto del canal importador y distribuidor —el valor del arroz importado a precio de consumidor menos su costo en frontera, arancel incluido— se estima en unos $71 millones en 2021 y unos $179 millones en 2024: una multiplicación por dos y media. Para ser justos, el estudio es cauto con esta cifra. No es totalmente la ganancia de nadie en particular: debe cubrir el pilado, el transporte, el almacenamiento y la venta mayorista y minorista, y se reparte entre varios eslabones. Y buena parte del salto es escala y no tasa: como porcentaje del precio final, el margen se mantuvo cerca de 52%.
Pero eso es precisamente lo que advertí. La renta no desapareció: cambió de manos y de forma. Antes la cobraban productores e industriales al amparo de un decreto que cualquiera podía leer en La Gaceta.
Ahora la cobra un segmento importador y comercializador con un negocio dos veces y media más grande, cuatro quintas partes del mercado y ningún decreto que lo delate. En términos de bienestar, el excedente que liberaron la rebaja arancelaria y el colón apreciado no se distribuyó de forma equilibrada: los productores fueron desplazados, los consumidores recibieron una fracción y el resto se concentró en la cadena.
¿Y los pequeños productores, que eran la justificación de siempre? En 2022 sostuve que, si la preocupación genuina eran ellos, apoyarlos con transferencias presupuestarias era mejor que hacerlo con precios, porque es transparente y no filtra poder de compra de los pobres hacia hogares aventajados. Advertí también que el marco institucional de apoyo productivo era débil y desarticulado, y que las esperanzas de algo sustantivo eran pocas. Tristemente, fue así. Un tribunal contencioso-administrativo suspendió la rebaja arancelaria el 11 de abril de 2024 por considerar que la política había generado una “enorme y desventajosa diferencia” para los productores sin un apoyo estatal proporcional; el tribunal de apelaciones la restableció el 4 de junio. El Estado hizo la parte fácil —firmar decretos— y omitió la difícil: identificar a los vulnerables, presupuestar la asistencia y ejecutarla; es decir, hacerse cargo de las consecuencias. La reforma quedó, además, expuesta a la fragilidad jurídica de todo lo que se hace solo por decreto.
Dos detalles completan el cuadro. La recaudación arancelaria por arroz cayó de unos $6,6 millones en 2021 a unos $2 millones en 2022: el fisco renunció a ingresos con la expectativa de que el beneficio llegara al consumidor. Y la autoridad llamada a vigilar la cadena —la Coprocom— pasó más de seis meses, entre diciembre de 2025 y julio de 2026, sin cuórum para adoptar decisiones, tras rechazar la Asamblea Legislativa en tres ocasiones las candidaturas del Ejecutivo. Mientras la cuña se ensanchaba hasta su máximo, la autoridad de competencia no podía sesionar. Un vacío equivalente en la Junta Directiva del Banco Central habría sido un escándalo; en la Coprocom apenas ocupó espacio en el debate público.
La lección del estudio es sencilla y vale más allá del arroz: liberalizar es necesario, pero no suficiente. La política comercial y la política de competencia son complementarias, no sustitutas. Abrir el comercio sin disputar la estructura de la cadena transfiere rentas del arancel al margen, no del productor al consumidor. La secuencia y el acompañamiento importan tanto como la medida misma. Y lo que no se mide no se corrige: cuatro años después, no existe una estimación oficial de cuánto retiene cada eslabón de la cadena.
En 2022 escribí que evitar este resultado podía requerir medidas no ortodoxas —fijar márgenes de comercialización temporalmente, por ejemplo— mientras las medidas estructurales daban fruto. Hoy, con los datos en la mano, diría algo menos heterodoxo y más exigente: requería una autoridad de competencia con recursos, cuórum y voluntad para mirar de cerca a quienes abastecen el arroz que comemos; estudios de mercado sobre los eslabones concentrados; y un programa de reconversión –sí, política industrial y de apoyo a productores vulnerables moderna y que funciones– con presupuesto y metas verificables, no promesas.
No es un consuelo haber tenido razón. El espejismo era evitable, estaba anunciado y lo pagaron, otra vez, los de siempre: los productores que no tuvieron a quién acudir y los hogares que siguen comprando el arroz más caro que permiten las condiciones externas.