EscucharEn el año 1975 se estableció el Comité de Basilea, integrado por los presidentes de los bancos centrales de los países más industrializados del mundo, el grupo de los G-10, conformado por Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Suecia, Suiza, Reino Unido y los Estados Unidos.
Si bien se establecen especulaciones que su conformación tuvo como propósito controlar el excesivo uso del financiamiento o apalancamiento que tenían en aquel momento los bancos japoneses, lo cierto es que oficialmente su origen se liga a la necesidad de establecer normas prudenciales de supervisión y regulación bancaria en el mundo.
Su nombre obedece a que su sitio de reunión es la comunidad de Basle o Basilea en Suiza, en las instalaciones del Banco Internacional de Pagos (BIS ), cuya dirección electrónica en internet es www.bis.org.
Las normas prudenciales están referidas a requisitos mínimos de aportación de capital de los intermediarios financieros, como una forma de limitar el nivel de riesgo que éstas vayan a asumir así como con recomendaciones de gestión y control interno para mantener un nivel mínimo de disciplina en el mercado.
Antes de la promulgación de estas normas, era usual que las posibilidades máximas de captación de recursos del público de un banco, estuvieran limitadas por un factor que relacionaba el tamaño de sus deudas con los recursos aportados por los socios, conocidos como patrimonio.
En ese sentido, la banca en Costa Rica por muchos años tuvo una razón máxima de apalancamiento ajustado que comparaba los pasivos menos las disponibilidades de efectivo con el capital social y reservas no redimibles, siendo que este cociente en ningún momento podía superar una relación de once veces a uno.
Con la aparición del Comité de Basilea, este enfoque cambia radicalmente, argumentándose que lo importante no era el nivel de pasivos o deudas que hubiese asumido el banco, sino la calidad o nivel de riesgo de recuperación o cumplimiento de las distintas partidas en donde éste hubiese decidido invertir los recursos captados del público, conocidos como activos.
Se empieza a utilizar el término de los activos ponderados por el riesgo, para hacer referencia a las distintas partidas del balance general de un banco, pero castigadas por un factor o estimación de riesgo o recuperación, ya que al final lo que interesa es que los recursos se puedan recuperan en el plazo acordado con los deudores junto con sus intereses, para poder hacer frente al vencimiento de las obligaciones que el banco asumió con sus ahorrantes.
De igual forma, se determinó que si bien los recursos aportados por los dueños o accionistas del Banco, constituían en conjunto su patrimonio, no era igual el grado de compromiso o permanencia de los mismos, ya que algunos son más fáciles de poder ser distribuidos o pagados en la forma de dividendos y en consecuencia, mayor el nivel de riesgo que tendrían los ahorrrantes que han confiado en dicha organización.
Por tanto, Basilea separa el patrimonio de los bancos en dos grandes partidas conocidas como el capital primario o permanente, ( Tier 1 ), definido como aquellas partidas del patrimonio más difíciles de distribuir como dividendos, básicamente, capital social y reservas no redimibles y el capital secundario, ( Tier 2 ). Además, como una forma de promover a que los bancos capitalicen sus utilidades, establece que el capital secundario nunca puede ser mayor que el primario.
A la razón que surge de comparar la suma de los activos de un banco, ponderados por su nivel de riesgo de recuperación, con la suma del capital primario y secundario, se le conoce como el índice de Basilea o de suficiencia patrimonial, el cual mide la aportación mínima de recursos de los socios o capital que deben tener los bancos para hacerle frente a los riesgos en que se han invertido los recursos de los ahorrantes o del público.
La recomendación de Basilea es que ese factor no debe ser inferior al 8%, es decir, que los recursos de los socios deben cubrir al menos el 8% de la suma de los activos o recursos invertidos en distintas partidas con riesgo de recuperación, como préstamos, inversiones en títulos valor, activo fijo, efectivo, etc.
Para el caso de Costa Rica, el índice de suficiencia patrimonial que deben mantener los bancos es de al menos un 10%, siendo mayor que la recomendación de Basilea, pues las autoridades regulatorias de nuestro país, han considerado que existe mayor inestabilidad y por tanto, nivel de riesgo, en nuestras economías respecto al Grupo de los diez países más industrializados del mundo.
