Desde la década de los 80 cuando el gobierno de Luis Alberto Monge aprobó la Ley del Impuesto sobre las Ventas, hasta el año 2018 cuando la administración de Carlos Alvarado aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas —que creó el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), modificó parcialmente la Ley del Impuesto sobre la Renta e instauró la regla fiscal—, Costa Rica sostenidamente ha discutido y, algunas veces, aprobado modificaciones a su normativa fiscal.
Sin embargo, pareciera que el impulso de estas reformas, sobre todo la de 2018, no ha sido suficiente, y recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como otros actores relevantes, hacen sonar las alarmas cuando nos informan que, según datos del Ministerio de Hacienda, desde el año 2023 la recaudación empezó a representar un menor porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), pasando del 11,37% del PIB en el 2021 a un 10,54% en el 2025.
Ante esta disminución en los ingresos del Gobierno Central, así como los recortes en el gasto público por la aplicación de la regla fiscal, la pregunta es ¿necesitamos una reforma fiscal urgente?
El Gobierno de la República ha puesto sobre la mesa algunas posibles iniciativas que podrían plantearse ante la Asamblea Legislativa, se habla de renta global, gravar con el 13% todos los bienes de la canasta básica, disminuir el monto exento para los salarios, grabar la importación de vehículos eléctricos, entre otros.
Partiendo de un análisis puro y duro de los datos, pareciera que efectivamente como país necesitamos aumentar los ingresos tributarios del gobierno para que podamos dar ese salto cualitativo que todos deseamos y que, por una razón u otra, no hemos logrado.
Si bien una reforma tributaria que integre y ordene el impuesto sobre la renta —mediante el proyecto de renta global— es deseable, también hay temas que pueden ser socialmente sensibles y generar discusiones país, tal sería el caso de gravar la canasta básica o disminuir el tramo exento del impuesto al salario.
Desde mi perspectiva el esfuerzo tiene que ir en dos vías. Primero, cobrar mejor los impuestos que actualmente existen, ya que un análisis de los datos del Ministerio de Hacienda se demuestra que el número de auditorías fiscales ha disminuido de forma abrupta en los últimos cuatro años; lo que genera una percepción de que el fisco no está revisando a los contribuyentes y que, por lo tanto, no existen consecuencias por no tributar de manera correcta.
Segundo, se debe trabajar en una reforma fiscal de unidad nacional, que no llegará sola ni será responsabilidad exclusiva de los técnicos o de los políticos, la definiremos como sociedad: quienes pagamos, quienes legislan, quienes administran los recursos públicos y quienes exigimos rendición de cuentas.