La frecuencia de los desastres provocados por el cambio climático excluiría a varias zonas del país de la cobertura de seguros, advirtió Tomás Soley, jerarca de la Superintendencia General de Seguros (Sugese).
“Tenemos clarísimo que a mayor siniestralidad, si no se toman acciones en la adaptación, habrá zonas que empezarán a ser no asegurables. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración”, aseguró Soley.
Un informe publicado en abril, elaborado por la Sugese y el Ministerio de Hacienda, con el apoyo del organismo Global Shield Against Climate Risks, advirtió de que, debido a su ubicación geográfica y características geotectónicas, Costa Rica está altamente expuesta a fenómenos geofísicos (terremotos, maremotos, erupciones volcánicas) e hidrometeorológicos (huracanes, inundaciones, sequías).
El documento Análisis de Brechas de Protección Financiera en Costa Rica revela que el 77,9% de la población y el 80,1% de la actividad económica del país se concentran en áreas de alto riesgo de desastres. Las pérdidas anuales probables se estiman entre $430 millones y $813 millones.
Las zonas más afectadas
La evaluación de riesgos incluida en el informe detalla las regiones de Costa Rica más expuestas a cambio climático.
En la provincia de Guanacaste se esperan cambios severos, como la reducción de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas, por lo que la región será más susceptible a las sequías.
La costa del Caribe, además de experimentar efectos similares a los de Guanacaste, también es propensa a los ciclones tropicales y a las inundaciones.
La región central, que concentra la mayor población del país, experimentaría un aumento de las lluvias.
Por otro lado, los bosques montañosos, ubicados en las zonas más elevadas, se enfrentarían a cambios en la temperatura y en la altitud de la base de las nubes, lo que tendría un impacto en los ecosistemas.
Brecha financiera
El estudio señala una brecha financiera significativa para enfrentar estos desastres, en especial por la limitada oferta de seguros.
“Por el tema de agravamiento de riesgos y por el aumento de la frecuencia (número de reclamos por siniestros), hay que ponerle mucha atención a la posibilidad de sectores o regiones que lleguen a la categoría de no asegurables”, reiteró Soley.
Las inundaciones, ciclones tropicales y terremotos aparecen entre las amenazas más frecuentes y severas.
Este panorama coincide con el Sétimo informe Estado de la Región, que anticipa impactos del cambio climático como sequías, aridez del suelo, aumento del nivel del mar, cambios en los patrones de lluvia y mayores temperaturas.
Soley recomendó impulsar la política de adaptación climática hacia 2050 para reducir riesgos en sectores y comunidades altamente vulnerables.
Según estimaciones del Banco Mundial, las pérdidas anuales asociadas a estas amenazas podrían superar los $7.000 millones en el 2030, y alcanzar los $30.000 millones en el 2050.
“Dichas pérdidas supondrían importantes repercusiones en el desarrollo económico y social de Costa Rica”, señala el informe.
Soley destacó que el país cuenta con políticas públicas para la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático.
“Sin embargo, faltan instrumentos financieros”, apuntó durante la presentación del informe Análisis de brechas de protección financiera en Costa Rica, el 5 de junio.
Agregó que los mercados financieros, incluyendo el de seguros, tienden a ser excluyentes. “Hay una población que no ha tenido y no tiene acceso a los productos (de seguros)”, sentenció.
Soley explicó que las actuales capas de protección financiera del país se enfocan en atender las primeras acciones de respuesta a emergencias. La primera capa es de nivel macro, y la segunda incluye créditos contingentes para enfrentar el cambio climático y facilitar la recuperación y reconstrucción.
“Pero no tenemos una tercera capa que sea la transferencia de riesgos para aquellos eventos de mayor envergadura y de mayor impacto”, advirtió.
El exjerarca del Instituto Nacional de Seguros (INS), Elian Villegas, coincidió en que la oferta de seguros climáticos sigue siendo limitada, tanto en Costa Rica como a nivel mundial, debido al aumento en la siniestralidad, lo que incrementa el riesgo para las aseguradoras.
También apuntó que los sectores más vulnerables, que son los que más requieren este tipo de pólizas, tienen bajo poder adquisitivo, lo que complica el diseño de primas asequibles.
Sin embargo, Costa Rica cuenta con una ventaja clave: el INS tiene una función social por ley. “El INS puede jugar un rol clave en la ampliación de la cobertura climática sin depender exclusivamente de criterios de rentabilidad”, destacó Villegas.
El estudio también indica que el costo anual de la reparación y reconstrucción de infraestructura dañada por eventos climáticos pasó de $17,2 millones en 1988 a $392,5 millones en el 2010, equivalente al 1,01% del producto interno bruto (PIB).
En el ámbito de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), los sectores más golpeados han sido el agrícola, el pesquero y el turístico.
Según la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), entre el 2005 y el 2017 se registraron pérdidas por $2.210 millones. La infraestructura vial fue la más afectada (55,28%), seguida de los recursos hídricos (15,23%), los sistemas eléctricos y telecomunicaciones (14,42%) y el sector agropecuario (9,85%).
Reaseguros más caros
Soley advirtió de que a nivel global las primas de reaseguro (seguros para aseguradoras) han venido aumentando.
“Las aseguradoras tienen que gestionar para mantener productos accesibles, pero que al mismo tiempo sean sostenibles y autosuficientes”, aseguró.
El informe presenta un inventario de seguros disponibles en los niveles macro, intermedio y micro.
En el nivel intermedio se incluyen programas del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) dirigidos a pequeñas y medianas empresas (pymes).
En el nivel micro se detallan pólizas ofrecidas por ocho aseguradoras privadas en ramos como incendio y líneas aliadas, dirigidas a dueños de propiedades, negocios y empresas, además de pólizas de seguro agrícola y seguro paramétrico de café, ofrecidas por el INS.
Sin embargo, el informe reconoce que a nivel micro no existen instrumentos de transferencia de riesgo accesibles para personas en condición de vulnerabilidad (mujeres, adultos mayores, agricultores, pescadores, microempresarios, entre otros).
“Aunque hay pólizas en varios ramos, no están diseñadas para atender las necesidades de personas en condición de vulnerabilidad”, advierte el documento.
Barreras fiscales
Patricia Vargas Castillo, consultora de la Sugese para Global Shield Costa Rica, señaló que los seguros enfrentan barreras fiscales y tributarias que afectan especialmente a los sectores más vulnerables, por lo que recomienda revisar el marco regulatorio.
Actualmente, los seguros de vida y salud están gravados con una tasa reducida del impuesto sobre el valor agregado (IVA) del 2%, mientras que otros componentes, como las comisiones de ventas y el reaseguro, pagan el 13% de IVA.
Vargas también advirtió de que el sector asegurador carece de capacidad técnica para diseñar productos dirigidos a gestionar riesgos climáticos, especialmente para poblaciones vulnerables.
Sobre el aumento de las cuotas en los seguros relacionados con el cambio climático, Karla Huezo, subjefa de la Dirección de Seguros Generales del INS, explicó que toda aseguradora debe dar seguimiento técnico a cada línea de productos.
Señaló que los análisis no se enfocan exclusivamente en eventos climáticos, sino en variables como primas obtenidas y siniestros indemnizados. En caso de ajustes tarifarios (rebajas o incrementos), se presenta la información de respaldo ante el regulador para su aprobación.
