EscucharPara el representante del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Costa Rica, Francisco Javier Urra, el país tiene la capacidad de mantener el interés de la inversión extranjera directa (IED) a través de la estrategia del nearshoring y sostener el dinamismo del comercio exterior, incluso en un contexto global marcado por el proteccionismo impulsado por la administración de Donald Trump.
El nearshoring, que puede traducirse como reubicación o relocalización, es una estrategia de inversión que busca instalar operaciones en países cercanos a los principales centros de distribución y consumo. Su objetivo es garantizar los suministros en el comercio global.
Urra, de 46 años y nacionalidad española, llegó a Costa Rica hace cinco años como jefe de Operaciones de la oficina del BID y, desde setiembre de 2023, ocupa el cargo de representante. En conversación con La Nación, durante la presentación de la Estrategia País 2024-2027, abordó las trabas a la competitividad en el país y las estimaciones de desembolsos del BID para los próximos años.
― ¿Cuáles son las trabas que detienen la competitividad en Costa Rica?
― Es difícil jerarquizar, en el sentido de decir que un aspecto es más importante que otro, porque las dimensiones son varias. Lo primero es el tema de infraestructura, tanto en calidad como en cantidad. Hay un rezago en Costa Rica y eso ya tiene un costo en términos de competitividad. El país posee un capital humano calificado, está conectado a las cadenas globales de valor y su macroeconomía muestra una buena senda fiscal. Sin embargo, las deficiencias en infraestructura generan sobrecostos que impactan la competitividad.
― Durante la presentación de la Estrategia País 2024-2027 mencionó que en Costa Rica hay una “bipolaridad” en el sector privado. ¿Cuál es la consecuencia?
― Podemos decir que es una dicotomía. Hay un sector privado vinculado a las zonas francas y al sector exportador, que es altamente competitivo, tiene acceso a financiamiento y ofrece empleos de calidad. Sin embargo, para el sector local la situación es distinta. Esto afecta la competitividad para los ciudadanos.
― ¿Cuáles son las afectaciones a la competitividad que ya se perciben en Costa Rica?
― Si Costa Rica, con su buen manejo metodológico y su capital humano calificado, tuviera además una infraestructura de primer nivel, ¿dónde estaría? Pues tendría importaciones y exportaciones con menores costos unitarios.
― El BID ha empujado el nearshoirng en el país. Con el cambio de gobierno en Estados Unidos, se presenta una dinámica proteccionista que incide en el comercio exterior y en las inversiones. ¿Ve afectaciones para Costa Rica?
― El Banco tiene una relación estratégica con Costa Rica. Hemos trabajado desde hace años en la integración comercial y es un país con una economía abierta. Somos conscientes de que atravesamos una época volátil, con temas geopolíticos en juego. Estados Unidos es un socio fundamental del BID, y trabajamos estrechamente en Costa Rica en áreas como seguridad ciudadana. No nos pronunciamos sobre la posición de un país u otro, mantenemos buenas relaciones con ambos.
“Somos conscientes de la volatilidad del momento actual y en ese sentido queremos contribuir con financiamiento. Hay un reordenamiento de las cadenas globales de valor que viene de tiempo atrás. Costa Rica es una economía abierta y creo que va a tener muchas oportunidades”.
― Desde la perspectiva del BID, ¿Costa Rica seguirá siendo un destino atractivo para la inversión extranjera directa y el nearshoring?
Decididamente. Algunos analistas sostienen que Costa Rica es un país caro en comparación con otros de Centroamérica y que eso le resta competitividad, pero nosotros no lo vemos así. Puede ser costoso, pero porque ofrece ventajas competitivas que otros países de la región no tienen. Es por eso que sigue atrayendo inversión extranjera y sigue siendo un exportador importante. Además, su economía sostenible ha calado. El capital humano calificado y sus buenas relaciones con los países vecinos garantizan que continuará atrayendo inversión. El banco seguirá contribuyendo.
― Los proyectos para la Estrategia País 2024-2027 se estiman en $2.000 millones. ¿El monto incluye proyectos ya aprobados o son proyecciones para este período?
— Tenemos una cartera de proyectos aprobada de entre $1.200 y $1.300 millones en garantía soberana con el sector público y unos $600 millones con el sector privado, lo que suma aproximadamente $2.000 millones. Para los próximos cinco años, esperamos aprobar unos $300 millones anuales para el sector público y entre $100 y $200 millones al sector privado cada año. En total, sumarían otros $2.000 millones.
